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Política
Erdogan besando la bandera
El estado de emergencia, decretado días después de la intentona golpista del 15 de julio de 2016, le da al Gobierno amplias facultades que le permiten gobernar por decreto y realizar detenciones masivas y purgas.
El lunes, el Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, había propuesto extender la medida por otros tres meses.
La extensión del estado de emergencia se daba por seguro, ya que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan controla el cuerpo. La medida requería la aprobación de una mayoría simple.
Pese a los reclamos de la oposición, Erdogan dijo la semana pasada que las medidas extraordinarias sólo serán levantadas cuando "terminen los disturbios", indicó la agencia de noticias estatal Anadolu.
El sábado, el líder opositor Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, criticó la existencia de lo que describió como un "estado de emergencia" permanente.
Más de 142.000 personas fueron apartadas o despedidas de sus puestos de trabajo en el sector público y en el Ejército mediante decretos de emergencia. Además, más de 50.000 personas están en prisión acusadas de tener vínculos con el clérigo Fethullah Gülen, autoexiliado en Estados Unidos a quien Ankara acusa de estar detrás del golpe. Éste lo niega.
La purga alcanza a otros opositores del Gobierno como activistas kurdos, activistas de derechos humanos o periodistas. Más de 160 trabajadores de medios están en prisión en el país, así como el director de la rama turca de la organización Amnistía Internacional.
El lunes, el Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, había propuesto extender la medida por otros tres meses.
La extensión del estado de emergencia se daba por seguro, ya que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan controla el cuerpo. La medida requería la aprobación de una mayoría simple.
Pese a los reclamos de la oposición, Erdogan dijo la semana pasada que las medidas extraordinarias sólo serán levantadas cuando "terminen los disturbios", indicó la agencia de noticias estatal Anadolu.
El sábado, el líder opositor Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, criticó la existencia de lo que describió como un "estado de emergencia" permanente.
Más de 142.000 personas fueron apartadas o despedidas de sus puestos de trabajo en el sector público y en el Ejército mediante decretos de emergencia. Además, más de 50.000 personas están en prisión acusadas de tener vínculos con el clérigo Fethullah Gülen, autoexiliado en Estados Unidos a quien Ankara acusa de estar detrás del golpe. Éste lo niega.
La purga alcanza a otros opositores del Gobierno como activistas kurdos, activistas de derechos humanos o periodistas. Más de 160 trabajadores de medios están en prisión en el país, así como el director de la rama turca de la organización Amnistía Internacional.
