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En una nueva maniobra dilatoria para evitar una extradición a Venezuela o Panamá, la causa migratoria de Luis Posada Carriles será presentada ante la Corte Suprema, afirma Arturo V. Hernández, el abogado mafioso del terrorista internacional, según un artículo publicado por The New York Times sobre el controvertido caso.
Hernández aseguró al diario neoyorquino que "no tenía conocimiento" de una inculpación de su cliente en relación con la investigación de un Gran Jurado sobre su responsabilidad en la campaña de terrorismo que se desencadenó en La Habana, en 1997. Sin embargo, reveló que llevaría ante el más alto tribunal del país el caso por el cual Posada debe comparecer de nuevo próximamente en El Paso.
Tres días después de que el Gobierno de Panamá asegurara, en octubre pasado, que pronto reclamaría la extradición de Luis Posada Carriles, la corte de Apelación de Nueva Orleáns ordenó que el terrorista sea de nuevo enjuiciado en El Paso, Texas, bajo cargos de fraude migratorio.
El artículo del New York Times, titulado "Venezuela presionará a EE.UU. para que extradite un individuo vinculado a la destrucción de un avión" (Venezuela Will Push U.S. to Hand Over Man Tied to Plane Bombing), y firmado por Simon Romero y Damien Cave, hace referencia a una portavoz del Departamento de Justicia, Laura Sweeney quien, contactada en Washington, se negó rotundamente a comentar el caso.
En su fallo de octubre, la Corte de Apelación de Nueva Orleáns se abstuvo de ordenar la detención del terrorista que sigue en libertad en Miami, donde ha participado impunemente en actividades públicas, varias de ellas convocadas por grupos terroristas o simpatizantes del terror tolerados por el FBI y la Fiscalía federal.
Desde su arresto en Florida, el Gobierno de Venezuela, que lo responsabiliza por el derribo de un avión cubano con 73 pasajeros en 1976, reclama con insistencia la extradición de Posada —lo que confirmó de nuevo en los últimos días con el anuncio, por el abogado José Pertierra, encargado del dossier, de la presentación de una nueva solicitud.
A la reivindicación de Venezuela se añade ahora la de Panamá, cuyo Tribunal Supremo declaró ilegal y anticonstitucional la liberación, en el 2004, del terrorista y de otros tres connotados terroristas cubanoamericanos por la ex presidenta Mireya Moscoso.
Desde el arresto de Posada en el 2005, los fiscales antiterroristas federales, bajo orientación del ex Secretario de Justicia Alberto Gonzales, multiplicaron los procedimientos de dilación para evitar la extradición del viejo colaborador de la CIA.
Por otra parte, el citado artículo del New York Times reporta una declaración de Joaquim Chaffardet — el ex Jefe de la policía política venezolana asociado a Posada en una agencia de detectives creada por la CIA en Caracas— , que revela haber abandonado el territorio venezolano para refugiarse en Estados Unidos, presuntamente bajo protección del gobierno norteamericano.
Un testimonio de Chaffardet a favor de Posada fue utilizado en el 2006 para justificar una orden de un juez de inmigración a fin de prohibir la extradición de Posada a Venezuela, bajo pretexto de que "pudiera ser torturado" . Chaffardet, paradójicamente, ha participado activamente en sesiones de torturas en los sótanos de la DISIP en Caracas, al lado de Posada, quien manejaba entonces un escuadrón de la muerte bajo el nombre de Comisario Basilio.
Otras fuentes aseguran que Chaffardet, abogado venezolano golpista, está en EE.UU. como turista.
El ex patrón de la DISIP en los años 70, cuando la propia CIA dirigía a través de sus agentes las operaciones de contrainsurgencia en Venezuela, se suma a muchos otros delincuentes venezolanos reclamados por la justicia de ese país, que radican en EE.UU. bajo protección de la inteligencia estadounidense, tales como Carlos Fernández (ex presidente de Fedecámaras, golpista), la periodista Patricia Poleo y otros individuos vinculados al asesinato del fiscal Danilo Anderson, así como Carlos Andrés Pérez, fugitivo desde los años 90.
Hernández aseguró al diario neoyorquino que "no tenía conocimiento" de una inculpación de su cliente en relación con la investigación de un Gran Jurado sobre su responsabilidad en la campaña de terrorismo que se desencadenó en La Habana, en 1997. Sin embargo, reveló que llevaría ante el más alto tribunal del país el caso por el cual Posada debe comparecer de nuevo próximamente en El Paso. Tres días después de que el Gobierno de Panamá asegurara, en octubre pasado, que pronto reclamaría la extradición de Luis Posada Carriles, la corte de Apelación de Nueva Orleáns ordenó que el terrorista sea de nuevo enjuiciado en El Paso, Texas, bajo cargos de fraude migratorio.
El artículo del New York Times, titulado "Venezuela presionará a EE.UU. para que extradite un individuo vinculado a la destrucción de un avión" (Venezuela Will Push U.S. to Hand Over Man Tied to Plane Bombing), y firmado por Simon Romero y Damien Cave, hace referencia a una portavoz del Departamento de Justicia, Laura Sweeney quien, contactada en Washington, se negó rotundamente a comentar el caso.
En su fallo de octubre, la Corte de Apelación de Nueva Orleáns se abstuvo de ordenar la detención del terrorista que sigue en libertad en Miami, donde ha participado impunemente en actividades públicas, varias de ellas convocadas por grupos terroristas o simpatizantes del terror tolerados por el FBI y la Fiscalía federal.
Desde su arresto en Florida, el Gobierno de Venezuela, que lo responsabiliza por el derribo de un avión cubano con 73 pasajeros en 1976, reclama con insistencia la extradición de Posada —lo que confirmó de nuevo en los últimos días con el anuncio, por el abogado José Pertierra, encargado del dossier, de la presentación de una nueva solicitud.
A la reivindicación de Venezuela se añade ahora la de Panamá, cuyo Tribunal Supremo declaró ilegal y anticonstitucional la liberación, en el 2004, del terrorista y de otros tres connotados terroristas cubanoamericanos por la ex presidenta Mireya Moscoso.
Desde el arresto de Posada en el 2005, los fiscales antiterroristas federales, bajo orientación del ex Secretario de Justicia Alberto Gonzales, multiplicaron los procedimientos de dilación para evitar la extradición del viejo colaborador de la CIA.
Por otra parte, el citado artículo del New York Times reporta una declaración de Joaquim Chaffardet — el ex Jefe de la policía política venezolana asociado a Posada en una agencia de detectives creada por la CIA en Caracas— , que revela haber abandonado el territorio venezolano para refugiarse en Estados Unidos, presuntamente bajo protección del gobierno norteamericano.
Un testimonio de Chaffardet a favor de Posada fue utilizado en el 2006 para justificar una orden de un juez de inmigración a fin de prohibir la extradición de Posada a Venezuela, bajo pretexto de que "pudiera ser torturado" . Chaffardet, paradójicamente, ha participado activamente en sesiones de torturas en los sótanos de la DISIP en Caracas, al lado de Posada, quien manejaba entonces un escuadrón de la muerte bajo el nombre de Comisario Basilio.
Otras fuentes aseguran que Chaffardet, abogado venezolano golpista, está en EE.UU. como turista.
El ex patrón de la DISIP en los años 70, cuando la propia CIA dirigía a través de sus agentes las operaciones de contrainsurgencia en Venezuela, se suma a muchos otros delincuentes venezolanos reclamados por la justicia de ese país, que radican en EE.UU. bajo protección de la inteligencia estadounidense, tales como Carlos Fernández (ex presidente de Fedecámaras, golpista), la periodista Patricia Poleo y otros individuos vinculados al asesinato del fiscal Danilo Anderson, así como Carlos Andrés Pérez, fugitivo desde los años 90.
