“No acepto ni pondré en ejecución la reducción de jornada laboral sometida hoy por la Junta de Supervisión Fiscal”, afirmó el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló Nevares, en un mensaje televisado emitido esta tarde.
La Junta ordenó esta mañana un recorte del 10 por ciento en la jornada de trabajo de los empleados del Gobierno, que se traduciría en la pérdida de dos días de trabajo al mes. La medida exceptúa solo a los miembros de la Policía y entraría en vigor en septiembre.
Sin embargo, el gobernador informó que cursará una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, para informarles que no dará paso a la orden de la Junta.
Además, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, indicó que impartió instrucciones a todos los secretarios, directores, jefes de agencia y demás entidades de la Rama Ejecutiva para que no tomen acciones sobre la reducción de jornada laboral propuesta por la JSF.
La disposición del organismo, nombrado por el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama para manejar la severa crisis fiscal de la isla, se adoptó con el voto unánime de sus miembros después de que su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, afirmó que el Gobierno no ha cumplido con el Plan Fiscal y las medidas de recorte de gastos acordadas. La propia Jaresko sometió la propuesta de recorte.
El gobernador rechazó también esa conclusión. “Nos requirieron que demostráramos la capacidad de tener una reserva en el Departamento de Hacienda de 291 millones de dólares al cierre del año fiscal. No solamente cumplimos con esa reserva, sino que para el 30 de junio el balance en caja en el Departamento de Hacienda ascendió a 1.799 millones de dólares; esto supera dramáticamente lo estimado en el Plan Fiscal certificado por la Junta”, expresó.
“Activar nuestra economía y estimular la creación de más y mejores empleos en Puerto Rico debe ser un objetivo en común, tanto para el Gobierno como para la Junta de Supervisión Fiscal”, declaró el gobernador en otra parte de su mensaje. “El recorte de jornada propuesto por la Junta provocaría lo opuesto: aumentaría la crisis y golpearía innecesariamente a nuestro pueblo, razón por la cual no lo vamos a permitir”, recalcó.
En su determinación la Junta dispuso que la medida podría eliminarse si el Gobierno recorta 218 millones de dólares que, según concluyó el organismo rector, no ha podido demostrar a la fecha.
Se desconoce la acción que podría tomar la Junta ante la negativa del Gobierno a acatar esta orden. Se prevé que el asunto terminará en un pleito ante los tribunales de Estados Unidos.
La crisis de Puerto Rico se refleja en una deuda pública cercana a los 70.000 millones de dólares, la quiebra de sus sistemas de retiro para empleados públicos y deficiencias presupuestarias recurrentes en la pasada década.
Se une además a una recesión en su economía que se arrastra desde 2006 y de la cual no se prevé recuperación por al menos los próximos tres años.
La Junta ordenó esta mañana un recorte del 10 por ciento en la jornada de trabajo de los empleados del Gobierno, que se traduciría en la pérdida de dos días de trabajo al mes. La medida exceptúa solo a los miembros de la Policía y entraría en vigor en septiembre.
Sin embargo, el gobernador informó que cursará una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, para informarles que no dará paso a la orden de la Junta.
Además, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, indicó que impartió instrucciones a todos los secretarios, directores, jefes de agencia y demás entidades de la Rama Ejecutiva para que no tomen acciones sobre la reducción de jornada laboral propuesta por la JSF.
La disposición del organismo, nombrado por el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama para manejar la severa crisis fiscal de la isla, se adoptó con el voto unánime de sus miembros después de que su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, afirmó que el Gobierno no ha cumplido con el Plan Fiscal y las medidas de recorte de gastos acordadas. La propia Jaresko sometió la propuesta de recorte.
El gobernador rechazó también esa conclusión. “Nos requirieron que demostráramos la capacidad de tener una reserva en el Departamento de Hacienda de 291 millones de dólares al cierre del año fiscal. No solamente cumplimos con esa reserva, sino que para el 30 de junio el balance en caja en el Departamento de Hacienda ascendió a 1.799 millones de dólares; esto supera dramáticamente lo estimado en el Plan Fiscal certificado por la Junta”, expresó.
“Activar nuestra economía y estimular la creación de más y mejores empleos en Puerto Rico debe ser un objetivo en común, tanto para el Gobierno como para la Junta de Supervisión Fiscal”, declaró el gobernador en otra parte de su mensaje. “El recorte de jornada propuesto por la Junta provocaría lo opuesto: aumentaría la crisis y golpearía innecesariamente a nuestro pueblo, razón por la cual no lo vamos a permitir”, recalcó.
En su determinación la Junta dispuso que la medida podría eliminarse si el Gobierno recorta 218 millones de dólares que, según concluyó el organismo rector, no ha podido demostrar a la fecha.
Se desconoce la acción que podría tomar la Junta ante la negativa del Gobierno a acatar esta orden. Se prevé que el asunto terminará en un pleito ante los tribunales de Estados Unidos.
La crisis de Puerto Rico se refleja en una deuda pública cercana a los 70.000 millones de dólares, la quiebra de sus sistemas de retiro para empleados públicos y deficiencias presupuestarias recurrentes en la pasada década.
Se une además a una recesión en su economía que se arrastra desde 2006 y de la cual no se prevé recuperación por al menos los próximos tres años.