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Política
El documento de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), llamado Memoria del Silencio, presentado en 1999, acusó a las fuerzas del Estado del 93% de las violaciones a los derechos humanos, a la ex guerrilla de 3% y el restante 4% no identificó a los responsables.
Aunque la intensidad de la guerra se enmarca entre 1978 y 1984, periodo en que se registró el 91% de las violaciones conocidas por la CEH, ésta concluyó que "en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio".
Según el informe, en ese periodo el ejército identificó a "grupos del pueblo maya como el enemigo interno, porque consideraban que constituían o podían constituir la base de apoyo de la guerrilla, en cuanto sustento material, cantera de reclutamiento y lugar para esconder sus filas".
En dicha época, inspiradas en la Doctrina de Seguridad Nacional, las máximas autoridades definieron "un concepto de enemigo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o simpatizantes de la guerrilla, incluyendo en dicho concepto a los civiles de determinados grupos étnicos".
"El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el período comprendido entre 1981 y 1983, desencadenó la huida de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas", enfatizó el informe.
Bajo la dictadura de Ríos Montt fueron implementados los planes contrainsurgentes "Victoria 82", "Firmeza 83" y "Sofía", que dejaron como consecuencia 1.771 indígenas mayas ejecutados, entre ellos mujeres y niños, 54 comunidades arrasadas y 29.000 desplazados en el departamento de Quiché.
La acusación precisa que durante ese régimen militar se perpetraron al menos 72 hechos delictivos, entre ellos 11 masacres, que diezmaron a la etnia maya Ixil.
La resolución de la Jueza Primera de Alto Riesgo, Patricia Flores, de enviar a prisión domiciliaria a Ríos Montt a la espera de un posible juicio por genocidio, podría convertirlo en el primer golpista procesado por ese delito en el marco de la guerra, que registró un total de 669 masacres, 626 de las cuales cometidas por fuerzas del Estado.
"Mediante las masacres y las denominadas operaciones de tierra quemada, planificadas por las fuerzas del Estado se exterminó a comunidades mayas, así como se destruyó sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobrevivencia", puntualizó el informe.
Aunque la intensidad de la guerra se enmarca entre 1978 y 1984, periodo en que se registró el 91% de las violaciones conocidas por la CEH, ésta concluyó que "en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio".
Según el informe, en ese periodo el ejército identificó a "grupos del pueblo maya como el enemigo interno, porque consideraban que constituían o podían constituir la base de apoyo de la guerrilla, en cuanto sustento material, cantera de reclutamiento y lugar para esconder sus filas".
En dicha época, inspiradas en la Doctrina de Seguridad Nacional, las máximas autoridades definieron "un concepto de enemigo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o simpatizantes de la guerrilla, incluyendo en dicho concepto a los civiles de determinados grupos étnicos".
"El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el período comprendido entre 1981 y 1983, desencadenó la huida de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas", enfatizó el informe.
Bajo la dictadura de Ríos Montt fueron implementados los planes contrainsurgentes "Victoria 82", "Firmeza 83" y "Sofía", que dejaron como consecuencia 1.771 indígenas mayas ejecutados, entre ellos mujeres y niños, 54 comunidades arrasadas y 29.000 desplazados en el departamento de Quiché.
La acusación precisa que durante ese régimen militar se perpetraron al menos 72 hechos delictivos, entre ellos 11 masacres, que diezmaron a la etnia maya Ixil.
La resolución de la Jueza Primera de Alto Riesgo, Patricia Flores, de enviar a prisión domiciliaria a Ríos Montt a la espera de un posible juicio por genocidio, podría convertirlo en el primer golpista procesado por ese delito en el marco de la guerra, que registró un total de 669 masacres, 626 de las cuales cometidas por fuerzas del Estado.
"Mediante las masacres y las denominadas operaciones de tierra quemada, planificadas por las fuerzas del Estado se exterminó a comunidades mayas, así como se destruyó sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobrevivencia", puntualizó el informe.
