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Política
En entrevista con el diario El Tiempo, el mandatario aseguró que para avanzar en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) es necesario debatir sobre los límites de los delitos relacionados con crímenes de carácter político.
Santos admitió que "esa apertura no puede ser ilimitada", pero se requiere discutir sobre el tema porque, de lo contrario, se "haría inviable la aplicación de la justicia transicional".
La legislación colombiana contempla hoy como delitos políticos la rebelión, la asonada y la sedición, lo cual limita el ámbito de la aplicación de la justicia transicional para quienes firmen el acuerdo para abandonar la lucha armada.
Las FARC y el gobierno iniciaron hace dos años conversaciones y han alcanzado acuerdos en desarrollo agrícola integral, en la participación política y en acabar con el narcotráfico y actualmente discuten la reparación de las víctimas.
Sin embargo, los temas que mayor dificultad parecen tener son el abandono de las armas por parte de la guerrilla y el mecanismo para refrendar los acuerdos.
Santos insistió en que el acuerdo final debe incluir la dejación de las armas y la desmovilización de los rebeldes, pero se abstuvo de puntualizar cuáles serían los delitos que se plantearían como conexos a los políticos.
El mandatario indicó que, aunque no tiene un plazo definido para llegar a un acuerdo sobre este tema y firmar la paz, espera que la negociación se concrete el próximo año.
Las conversaciones están "en un punto crucial y si no avanzamos, comenzamos a retroceder", dijo Santos. Es necesario definir "cuál va a ser la justicia transicional y cómo la vamos a aplicar", añadió.
Las FARC han reiterado que no están dispuestas a ir a la cárcel al término del proceso, lo que es fuertemente cuestionado por la oposición encabezada por el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien asegura que esto generará impunidad.
Santos recordó que Colombia será la primera experiencia en el mundo en la que se firmaría un acuerdo de paz bajo el Tratado de Roma, que en 1998 creó la Corte Penal Internacional, lo que garantiza "que no haya impunidad y que lo que aquí acordemos se va a convertir en doctrina para conflictos futuros".
