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Política
La actuación de los populares convierte en un sarcasmo toda referencia a las conclusiones de la comisión: en la Asamblea de Madrid no ha habido investigación ni, por tanto, conclusiones. Lo que el PP aprobó ayer valiéndose de su mayoría parlamentaria, y ejerciendo como juez y parte, fue un simple documento de autoexculpación.
Para aprobarlo sin incurrir en contrasentidos, los populares se vieron forzados, no a negar la responsabilidad del Gobierno de Madrid en los hechos, sino a negar que los hechos hubieran existido. Dos de los espiados, los diputados del PP, Alfredo Prada Presa y María del Carmen Rodríguez Flores, se ausentaron de la última sesión y evitaron así escuchar cómo su portavoz, David Pérez, negaba la existencia misma del espionaje. Más allá de que resulte inquietante la pretensión de abolir la realidad a través de una votación parlamentaria, el documento aprobado por la Asamblea entra en contradicción con lo actuado por el fiscal Manuel Moix: pese al escaso impulso con que ha venido desarrollando su investigación, lo único que ha quedado establecido en la vía seguida por el fiscal es que el espionaje existió.
Pero el documento aprobado entra también en contradicción con el deseo de los populares de que sea la justicia la que se haga cargo del caso a partir de ahora, puesto que, según defendieron ayer, lo que no hay es caso. Y entra en contradicción, por último, con las declaraciones del líder del partido, Mariano Rajoy, cuando, al poco de tener noticia del seguimiento a altos cargos, reconoció públicamente que los partes eran ciertos. Si Rajoy ha cambiado de opinión en este punto, debería decirlo y explicar las razones. Pero si no, la decisión de la Asamblea de Madrid sólo puede ser interpretada como un nuevo desafío de Aguirre a su liderazgo. Es decir, ni siquiera la victoria electoral en Galicia le habría concedido a Rajoy un margen de maniobra suficiente para poner orden en sus propias filas.
El previsible carpetazo a la comisión no es el final de la investigación sobre la trama de espionaje en Madrid, sino su traslado a dos ámbitos diferentes. Uno judicial, donde los procedimientos están tasados por ley. Pero otro, sin duda, político, puesto que Aguirre ha lanzado un órdago contra la dirección nacional de su propio partido, que suspendió una investigación interna a la espera de ver cómo se desarrollaba la investigación que la Asamblea de Madrid ha clausurado de una manera que compromete a la totalidad del PP.
Para aprobarlo sin incurrir en contrasentidos, los populares se vieron forzados, no a negar la responsabilidad del Gobierno de Madrid en los hechos, sino a negar que los hechos hubieran existido. Dos de los espiados, los diputados del PP, Alfredo Prada Presa y María del Carmen Rodríguez Flores, se ausentaron de la última sesión y evitaron así escuchar cómo su portavoz, David Pérez, negaba la existencia misma del espionaje. Más allá de que resulte inquietante la pretensión de abolir la realidad a través de una votación parlamentaria, el documento aprobado por la Asamblea entra en contradicción con lo actuado por el fiscal Manuel Moix: pese al escaso impulso con que ha venido desarrollando su investigación, lo único que ha quedado establecido en la vía seguida por el fiscal es que el espionaje existió.
Pero el documento aprobado entra también en contradicción con el deseo de los populares de que sea la justicia la que se haga cargo del caso a partir de ahora, puesto que, según defendieron ayer, lo que no hay es caso. Y entra en contradicción, por último, con las declaraciones del líder del partido, Mariano Rajoy, cuando, al poco de tener noticia del seguimiento a altos cargos, reconoció públicamente que los partes eran ciertos. Si Rajoy ha cambiado de opinión en este punto, debería decirlo y explicar las razones. Pero si no, la decisión de la Asamblea de Madrid sólo puede ser interpretada como un nuevo desafío de Aguirre a su liderazgo. Es decir, ni siquiera la victoria electoral en Galicia le habría concedido a Rajoy un margen de maniobra suficiente para poner orden en sus propias filas.
El previsible carpetazo a la comisión no es el final de la investigación sobre la trama de espionaje en Madrid, sino su traslado a dos ámbitos diferentes. Uno judicial, donde los procedimientos están tasados por ley. Pero otro, sin duda, político, puesto que Aguirre ha lanzado un órdago contra la dirección nacional de su propio partido, que suspendió una investigación interna a la espera de ver cómo se desarrollaba la investigación que la Asamblea de Madrid ha clausurado de una manera que compromete a la totalidad del PP.
