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Germán Ferrer
La Sala Plena del TSJ aprobó la noche del miércoles una sentencia en la que indica que en el informe remitido por la Fiscalía General sobre el caso existen suficientes elementos de convicción para determinar la responsabilidad de Ferrer en cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito, previstos en la ley contra legitimación de capitales.
La decisión fue hecha pública horas después que Ortega denunciara que la Policía había revisado su vivienda, en busca de Ferrer, en lo que calificó como una "venganza" política.
El TSJ dijo que el de Ferrer es un caso de "flagrancia", por lo que no es procedente la realización de un procedimiento de antejuicio mérito (paso previo al enjuiciamiento de un alto funcionario) contra la fiscal por su cargo de diputado.
"En los casos de los delitos en flagrancia, no es procedente la institución del antejuicio de mérito... El enjuiciamiento del mencionado ciudadano deberá hacerse ante los tribunales ordinarios competentes", explica.
El TSJ envió copia del expediente a la Asamblea Constituyente, que se instaló después de las polémicas elecciones del 30 de julio como un órgano plenipotenciario y en una de sus primeras decisiones removió a Ortega de la Fiscalía General.
El caso de Ferrer en el TSJ se tramitó por vía rápida, ya que el miércoles el dirigente oficialista Diosdado Cabello presentó ante el fiscal general interino, Tarek William Saab, una denuncia de que el diputado disidente tenía cuentas en islas del Caribe y que el dinero supuestamente procedía de una red de extorsión a empresarios. Saab acogió la denuncia y de inmediato la envió al TSJ.
Según Cabello, Ferrer era el líder de la presunta red en la que actuaban también dos fiscales y una asistente de Ortega.
La ex fiscal denunció que fue destituida por órdenes del Gobierno para evitar que siguiera sus investigaciones sobre funcionarios vinculados al caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
A su vez, Ferrer, quien se retiró de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional (Congreso), rechazó las acusaciones de Cabello.
El líder de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, calificó de "nulo" el procedimiento contra Ferrer, pues procede de decisiones de la Constituyente "fraudulenta". "(La Constituyente) no tiene capacidad, en ningún caso, de crear juicio o antejuicio a un parlamentario", replicó.
"No sabemos si esas pruebas son verdaderas o qué fue lo que sucedió. Es una orden política y partidizada, y es parte de la tragedia de corrupción, violencia y falta de derechos humanos en el país", aseveró.
La decisión fue hecha pública horas después que Ortega denunciara que la Policía había revisado su vivienda, en busca de Ferrer, en lo que calificó como una "venganza" política.
El TSJ dijo que el de Ferrer es un caso de "flagrancia", por lo que no es procedente la realización de un procedimiento de antejuicio mérito (paso previo al enjuiciamiento de un alto funcionario) contra la fiscal por su cargo de diputado.
"En los casos de los delitos en flagrancia, no es procedente la institución del antejuicio de mérito... El enjuiciamiento del mencionado ciudadano deberá hacerse ante los tribunales ordinarios competentes", explica.
El TSJ envió copia del expediente a la Asamblea Constituyente, que se instaló después de las polémicas elecciones del 30 de julio como un órgano plenipotenciario y en una de sus primeras decisiones removió a Ortega de la Fiscalía General.
El caso de Ferrer en el TSJ se tramitó por vía rápida, ya que el miércoles el dirigente oficialista Diosdado Cabello presentó ante el fiscal general interino, Tarek William Saab, una denuncia de que el diputado disidente tenía cuentas en islas del Caribe y que el dinero supuestamente procedía de una red de extorsión a empresarios. Saab acogió la denuncia y de inmediato la envió al TSJ.
Según Cabello, Ferrer era el líder de la presunta red en la que actuaban también dos fiscales y una asistente de Ortega.
La ex fiscal denunció que fue destituida por órdenes del Gobierno para evitar que siguiera sus investigaciones sobre funcionarios vinculados al caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
A su vez, Ferrer, quien se retiró de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional (Congreso), rechazó las acusaciones de Cabello.
El líder de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, calificó de "nulo" el procedimiento contra Ferrer, pues procede de decisiones de la Constituyente "fraudulenta". "(La Constituyente) no tiene capacidad, en ningún caso, de crear juicio o antejuicio a un parlamentario", replicó.
"No sabemos si esas pruebas son verdaderas o qué fue lo que sucedió. Es una orden política y partidizada, y es parte de la tragedia de corrupción, violencia y falta de derechos humanos en el país", aseveró.
