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Aung San Suu Kyi
Suu Kyi habló ante diplomáticos en un discurso televisado, el primero desde que estalló la crisis de refugiados. En él condenó la violencia y las violaciones a los derechos humanos pero no criticó a los militares con quienes comparte el poder.
El Gobierno de Myanmar, de mayoría budista, está dispuesto a posibilitar el regreso de quienes huyeron en masa al país vecino a raíz de una ola de violencia desatada a finales de agosto en la fronteriza provincia de Rajine, dijo Suu Kyi.
Ese regreso estará condicionado a un "proceso de verificación" sobre el que la líder birmana no dio explicaciones. "Estamos preparados para empezar el proceso de verificación en cualquier momento", se limitó a apuntar.
La semana pasada, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU anunció que Myanmar permitiría volver a los refugiados que puedan demostrar su nacionalidad birmana. Sin embargo, teniendo en cuenta que los rohingya no están reconocidos como ciudadanos, consideró que se trata de un "cínico truco". Suu Kyi no explicó hoy a quiénes se permitirá regresar al país.
La Nobel de la Paz invitó a los diplomáticos extranjeros a visitar la convulsa provincia donde se iniciaron los disturbios, para observar la situación sobre el terreno. Myanmar, dijo Suu Kyi, no teme ningún "escrutinio internacional" y se siente comprometido a permitir un monitoreo permanente en la provincia.
Sin embargo, un diplomático de alto rango birmano reiteró hoy desde Ginebra que su país no ve necesidad de permitir la entrada de una misión de investigación de la ONU.
El líder de esa Misión de Investigación de la ONU para Myanmar, Marzuki Darusman, había reiterado la solicitud al país para entrar en el estado de Rajine con el objetivo de investigar denuncias de "asesinatos masivos, uso excesivo de la fuerza, tortura y abusos, violencia sexual y de género y quema y destrucción de pueblos enteros".
La consejera de Estado y líder de facto birmana había recibido muchas presiones internacionales por su falta de apoyo a los refugiados de la minoría musulmana rohingya, que a su llegada a Bangladesh denuncian la quema de sus viviendas y asesinatos por parte del Ejército. El Gobierno birmano, sin embargo, acusa a los milicianos rohingya de terrorismo y de avivar la situación.
Suu Kyi, que habló en inglés, no utilizó la palabra "rohingya" durante el discurso excepto para referirse al Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA), el grupo que inició la ola de violencia con sus ataques a puestos de la policía y el Ejército el 25 de agosto.
Desde entonces, según la ONU, más de 415.000 rohingya han huido al país vecino, aunque la Organización Internacional para las Migraciones eleva la cifra a 421.000. La minoría musulmana es apátrida desde que la entonces Birmania, de mayoría budista, les retirara la nacionalidad en 1982 y siguiera una política de negársela desde entonces.
Quienes llegan a Bangladesh cuentan que los soldados birmanos y otros habitantes de la zona redujeron sus pueblos a cenizas y dispararon arbitrariamente contra la gente.
Sin embargo, Suu Kyi afirmó que la mayoría de pueblos de la región no se han visto afectados por la violencia. "La mayoría no se ha unido al éxodo. Más del 50 por ciento de los pueblos siguen intactos", aseguró. "Queremos descubrir por qué se ha producido ese éxodo", dijo. "Ha habido acusaciones y réplicas. Tenemos que escucharlas todas", señaló.
Según Suu Kyi, desde el 5 de septiembre no ha habido conflictos ni tampoco "operaciones de limpieza" militares, así que no está claro el motivo por el que huyen los musulmanes.
Sin embargo, la ONG Amnistía Internacional aseguró hoy que hay pruebas de una "campaña de limpieza étnica" en marcha contra los musulmanes. Según el director de la organización para el sureste asiático y el Pacífico, James Gomez, Suu Kyi y su Gobierno "esconden la cabeza en la arena" ante los horribles sucesos en la provincia de Rajine.
También otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acusan a Myanmar de llevar a cabo una limpieza étnica.
Suu Kyi anunció nuevos esfuerzos para alcanzar una solución pacífica de la crisis de refugiados en el noroeste del país. "Todos nosotros queremos la paz y no queremos guerra". Al mismo tiempo prometió que no aceptará violaciones de los derechos humanos.
Además, dijo, los musulmanes no son los únicos grupos religiosos que se han visto afectados por el reciente conflicto, señalando que otros grupos étnicos y religiosos también huyeron de la zona de combates.
Independientemente de la religión, el origen étnico o la postura política, Myanmar actuará contra todos los que violan los derechos humanos, añadió la líder birmana, que gobierna de facto el país pese a que la Constitución le prohíbe ocupar el cargo de presidenta.
Suu Kyi canceló su participación en la Asamblea General de la ONU que comienza hoy entre otras cosas por las fuertes críticas recibidas. La líder birmana prometió que su Gobierno se esfuerza por conseguir la paz pero pidió paciencia a la comunidad internacional: "Somos una joven y frágil democracia que enfrenta numerosos problemas".
En el pasado cercano ha habido otras grandes olas de refugiados en el país. Tras una dura actuación del antiguo Gobierno militar, se calcula que unas 200.000 personas huyeron a Bangladesh en 1978 y de nuevo otras 250.000 en 1991.
Desde el final en 2011 de la dictadura militar -durante la cual Suu Kyi estuvo años bajo arresto domiciliario- se acusa incluso a los monjes budistas de azuzar el odio contra el grupo étnico. En 2012 otra ola de disturbios forzó a 140.000 rohingya a abandonar sus hogares.
El Gobierno de Myanmar, de mayoría budista, está dispuesto a posibilitar el regreso de quienes huyeron en masa al país vecino a raíz de una ola de violencia desatada a finales de agosto en la fronteriza provincia de Rajine, dijo Suu Kyi.
Ese regreso estará condicionado a un "proceso de verificación" sobre el que la líder birmana no dio explicaciones. "Estamos preparados para empezar el proceso de verificación en cualquier momento", se limitó a apuntar.
La semana pasada, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU anunció que Myanmar permitiría volver a los refugiados que puedan demostrar su nacionalidad birmana. Sin embargo, teniendo en cuenta que los rohingya no están reconocidos como ciudadanos, consideró que se trata de un "cínico truco". Suu Kyi no explicó hoy a quiénes se permitirá regresar al país.
La Nobel de la Paz invitó a los diplomáticos extranjeros a visitar la convulsa provincia donde se iniciaron los disturbios, para observar la situación sobre el terreno. Myanmar, dijo Suu Kyi, no teme ningún "escrutinio internacional" y se siente comprometido a permitir un monitoreo permanente en la provincia.
Sin embargo, un diplomático de alto rango birmano reiteró hoy desde Ginebra que su país no ve necesidad de permitir la entrada de una misión de investigación de la ONU.
El líder de esa Misión de Investigación de la ONU para Myanmar, Marzuki Darusman, había reiterado la solicitud al país para entrar en el estado de Rajine con el objetivo de investigar denuncias de "asesinatos masivos, uso excesivo de la fuerza, tortura y abusos, violencia sexual y de género y quema y destrucción de pueblos enteros".
La consejera de Estado y líder de facto birmana había recibido muchas presiones internacionales por su falta de apoyo a los refugiados de la minoría musulmana rohingya, que a su llegada a Bangladesh denuncian la quema de sus viviendas y asesinatos por parte del Ejército. El Gobierno birmano, sin embargo, acusa a los milicianos rohingya de terrorismo y de avivar la situación.
Suu Kyi, que habló en inglés, no utilizó la palabra "rohingya" durante el discurso excepto para referirse al Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA), el grupo que inició la ola de violencia con sus ataques a puestos de la policía y el Ejército el 25 de agosto.
Desde entonces, según la ONU, más de 415.000 rohingya han huido al país vecino, aunque la Organización Internacional para las Migraciones eleva la cifra a 421.000. La minoría musulmana es apátrida desde que la entonces Birmania, de mayoría budista, les retirara la nacionalidad en 1982 y siguiera una política de negársela desde entonces.
Quienes llegan a Bangladesh cuentan que los soldados birmanos y otros habitantes de la zona redujeron sus pueblos a cenizas y dispararon arbitrariamente contra la gente.
Sin embargo, Suu Kyi afirmó que la mayoría de pueblos de la región no se han visto afectados por la violencia. "La mayoría no se ha unido al éxodo. Más del 50 por ciento de los pueblos siguen intactos", aseguró. "Queremos descubrir por qué se ha producido ese éxodo", dijo. "Ha habido acusaciones y réplicas. Tenemos que escucharlas todas", señaló.
Según Suu Kyi, desde el 5 de septiembre no ha habido conflictos ni tampoco "operaciones de limpieza" militares, así que no está claro el motivo por el que huyen los musulmanes.
Sin embargo, la ONG Amnistía Internacional aseguró hoy que hay pruebas de una "campaña de limpieza étnica" en marcha contra los musulmanes. Según el director de la organización para el sureste asiático y el Pacífico, James Gomez, Suu Kyi y su Gobierno "esconden la cabeza en la arena" ante los horribles sucesos en la provincia de Rajine.
También otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acusan a Myanmar de llevar a cabo una limpieza étnica.
Suu Kyi anunció nuevos esfuerzos para alcanzar una solución pacífica de la crisis de refugiados en el noroeste del país. "Todos nosotros queremos la paz y no queremos guerra". Al mismo tiempo prometió que no aceptará violaciones de los derechos humanos.
Además, dijo, los musulmanes no son los únicos grupos religiosos que se han visto afectados por el reciente conflicto, señalando que otros grupos étnicos y religiosos también huyeron de la zona de combates.
Independientemente de la religión, el origen étnico o la postura política, Myanmar actuará contra todos los que violan los derechos humanos, añadió la líder birmana, que gobierna de facto el país pese a que la Constitución le prohíbe ocupar el cargo de presidenta.
Suu Kyi canceló su participación en la Asamblea General de la ONU que comienza hoy entre otras cosas por las fuertes críticas recibidas. La líder birmana prometió que su Gobierno se esfuerza por conseguir la paz pero pidió paciencia a la comunidad internacional: "Somos una joven y frágil democracia que enfrenta numerosos problemas".
En el pasado cercano ha habido otras grandes olas de refugiados en el país. Tras una dura actuación del antiguo Gobierno militar, se calcula que unas 200.000 personas huyeron a Bangladesh en 1978 y de nuevo otras 250.000 en 1991.
Desde el final en 2011 de la dictadura militar -durante la cual Suu Kyi estuvo años bajo arresto domiciliario- se acusa incluso a los monjes budistas de azuzar el odio contra el grupo étnico. En 2012 otra ola de disturbios forzó a 140.000 rohingya a abandonar sus hogares.
