Inicio
Política
El presidente colombiano Santos-izquierda-y el vicepresidente estadounidense Pence.
Trump firmó una orden ejecutiva que incluye la prohibición al sistema financiero de Estados Unidos de comprar bonos y deuda del Estado venezolano y de la compañía petrolera estatal PDVSA e impide a los bancos concederles nuevos créditos. Restringe también la negociación de algunos bonos que tiene el Estado venezolano, así como el pago de dividendos por los mismos.
Washington cambia así de estrategia y, de dirigir sanciones contra individuos del entorno político del mandatario venezolano -él mismo incluido recientemente en la lista-, pasa a enfocar su acción contra el sustento económico de la estructura estatal.
"Maduro ya no se aprovechará del sistema financiero estadounidense para facilitar el gran saqueo de la economía venezolana a expensas del pueblo venezolano", manifestó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
La primera reacción del Gobierno de Maduro llegó por parte de su canciller, Jorge Arreaza, que se encontraba en la ONU en Nueva York. El ministro acusó a Estados Unidos de querer provocar una crisis humanitaria en su país y calificó las medidas como "la peor agresión hacia Venezuela en los últimos 200 años".
Aunque Washington por primera vez apunta a PDVSA, de momento no dio el paso de imponer el embargo petrolero que sopesa desde hace tiempo. De hecho, dejó fuera de las sanciones aprobadas hoy las exportaciones e importaciones de crudo.
No es la única excepción que hace. El Departamento del Tesoro expidió licencias a determinadas transacciones "para mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano". Las que involucran a Citgo, filial de PDVSA que opera en Estados Unidos, quedan también protegidas. Y hay 30 días de gracia para finalizar operaciones en curso. La mayor parte del comercio entre los dos países podrá seguir siendo financiado. También la asistencia humanitaria.
Las medidas aprobadas hoy se han calibrado cuidadosamente, según la Casa Blanca, para evitar que el sistema financiero estadounidense contribuya "a la corrupción y la pauperización del pueblo venezolano".
La nueva ronda de sanciones se impone dos días después de que el vicepresidente, Mike Pence, se reuniera en Florida con representantes de la diáspora venezolana en Estados Unidos y les prometiera que el Gobierno de Trump seguirá presionando a Maduro hasta que la democracia regrese al país latinoamericano.
Pence, no obstante, no hizo referencia a la opción militar que Trump dijo hace dos semanas que no descartaba, provocando una ola de críticas en América Latina a la que tuvo que enfrentarse él personalmente en su reciente gira por cuatro países de la región.
El consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, confirmó hoy en la Casa Blanca que la opción militar está entre las que la administración estudia para Venezuela, pero descartó que sea una posibilidad inmediata. "No se anticipan acciones militares en un futuro cercano", dijo McMaster.
El general explicó que Trump ha pedido anticipar planes para un escenario de "mayor deterioro" en Venezuela y ese es uno de los que se estudian. No se trata una solución militar, diplomática o económica, manifestó McMaster, y añadió: "intentamos integrar todos los elementos". Aseguró que toda decisión al respecto se tomaría con los socios en la región.
Esta nueva ronda de sanciones es la quinta por parte de Estados Unidos desde que Trump llegó a la Casa Blanca. La primera fue en febrero, cuando el Departamento del Tesoro incluyó al vicepresidente, Tareck El Aissami, en la lista de narcos. En mayo impuso sanciones a ocho miembros del Tribunal Supremo, incluido su presidente.
Pero fue a raíz de la convocatoria de la elección de la Constituyente cuando incrementó significativamente la presión. El 26 de julio sancionó a 13 funcionarios relacionados con ella y al día siguiente de su elección, el 30 de julio, sancionó directamente a Maduro.
Tras la toma de posesión de la Constituyente, sancionó a seis miembros de la misma, entre ellos el hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez, y a otras dos personas relacionadas con ella.
El secretario Mnuchin aseguró hoy que Estados Unidos no busca con su presión sacar a Maduro de la presidencia venezolana per se. "Se trata de restablecer el proceso democrático y el Estado de derecho", dijo.
Washington cambia así de estrategia y, de dirigir sanciones contra individuos del entorno político del mandatario venezolano -él mismo incluido recientemente en la lista-, pasa a enfocar su acción contra el sustento económico de la estructura estatal.
"Maduro ya no se aprovechará del sistema financiero estadounidense para facilitar el gran saqueo de la economía venezolana a expensas del pueblo venezolano", manifestó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
La primera reacción del Gobierno de Maduro llegó por parte de su canciller, Jorge Arreaza, que se encontraba en la ONU en Nueva York. El ministro acusó a Estados Unidos de querer provocar una crisis humanitaria en su país y calificó las medidas como "la peor agresión hacia Venezuela en los últimos 200 años".
Aunque Washington por primera vez apunta a PDVSA, de momento no dio el paso de imponer el embargo petrolero que sopesa desde hace tiempo. De hecho, dejó fuera de las sanciones aprobadas hoy las exportaciones e importaciones de crudo.
No es la única excepción que hace. El Departamento del Tesoro expidió licencias a determinadas transacciones "para mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano". Las que involucran a Citgo, filial de PDVSA que opera en Estados Unidos, quedan también protegidas. Y hay 30 días de gracia para finalizar operaciones en curso. La mayor parte del comercio entre los dos países podrá seguir siendo financiado. También la asistencia humanitaria.
Las medidas aprobadas hoy se han calibrado cuidadosamente, según la Casa Blanca, para evitar que el sistema financiero estadounidense contribuya "a la corrupción y la pauperización del pueblo venezolano".
La nueva ronda de sanciones se impone dos días después de que el vicepresidente, Mike Pence, se reuniera en Florida con representantes de la diáspora venezolana en Estados Unidos y les prometiera que el Gobierno de Trump seguirá presionando a Maduro hasta que la democracia regrese al país latinoamericano.
Pence, no obstante, no hizo referencia a la opción militar que Trump dijo hace dos semanas que no descartaba, provocando una ola de críticas en América Latina a la que tuvo que enfrentarse él personalmente en su reciente gira por cuatro países de la región.
El consejero de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, confirmó hoy en la Casa Blanca que la opción militar está entre las que la administración estudia para Venezuela, pero descartó que sea una posibilidad inmediata. "No se anticipan acciones militares en un futuro cercano", dijo McMaster.
El general explicó que Trump ha pedido anticipar planes para un escenario de "mayor deterioro" en Venezuela y ese es uno de los que se estudian. No se trata una solución militar, diplomática o económica, manifestó McMaster, y añadió: "intentamos integrar todos los elementos". Aseguró que toda decisión al respecto se tomaría con los socios en la región.
Esta nueva ronda de sanciones es la quinta por parte de Estados Unidos desde que Trump llegó a la Casa Blanca. La primera fue en febrero, cuando el Departamento del Tesoro incluyó al vicepresidente, Tareck El Aissami, en la lista de narcos. En mayo impuso sanciones a ocho miembros del Tribunal Supremo, incluido su presidente.
Pero fue a raíz de la convocatoria de la elección de la Constituyente cuando incrementó significativamente la presión. El 26 de julio sancionó a 13 funcionarios relacionados con ella y al día siguiente de su elección, el 30 de julio, sancionó directamente a Maduro.
Tras la toma de posesión de la Constituyente, sancionó a seis miembros de la misma, entre ellos el hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez, y a otras dos personas relacionadas con ella.
El secretario Mnuchin aseguró hoy que Estados Unidos no busca con su presión sacar a Maduro de la presidencia venezolana per se. "Se trata de restablecer el proceso democrático y el Estado de derecho", dijo.
