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Entre los 4.464 funcionarios expulsados hay 2.585 empleados del ministerio de Educación, 893 de la gendarmería, 10 de la Corte de Casación, otros 10 del Alto Consejo Electorial y 88 del canal de televisión pública TRT.
También fueron despedidos 330 universitarios miembros del Consejo de Enseñanza Superior, entre ellos Ibrahim Kaboglu, uno de los especialistas en derecho constitucional más prestigiosos del país.
Las autoridades tomaron estas medidas en el marco del estado de emergencia instaurado tras el golpe de Estado fallido del 15 de julio.
Ankara acusa a Fethullah Gülen, un predicador exiliado en Estados Unidos, de haber planeado el golpe de Estado, unas acusaciones desmentidas por el interesado.
Desde el fallido golpe, Ankara ha detenido a más de 41.000 personas en Turquía y más de 100.000 han sido despedidas o suspendidas, entre ellas profesores, policías y magistrados.
Las autoridades cerraron, además, decenas de medios de comunicación y asociaciones.
La magnitud de esta purga suscita preocupación en los socios occidentales de Turquía y en las organizaciones de derechos humanos que temen que el estado de emergencia sea un pretexto para acallar las voces disidentes.
El Gobierno turco considera que esas medidas son necesarias para eliminar los riesgos de sedición y afrontar la doble amenaza "terrorista" del grupo Estado Islámico (EI) y del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
El país ha sufrido desde hace más de año y medio una ola de atentados sin precedentes que ha dejado cientos de muertos.
También fueron despedidos 330 universitarios miembros del Consejo de Enseñanza Superior, entre ellos Ibrahim Kaboglu, uno de los especialistas en derecho constitucional más prestigiosos del país.
Las autoridades tomaron estas medidas en el marco del estado de emergencia instaurado tras el golpe de Estado fallido del 15 de julio.
Ankara acusa a Fethullah Gülen, un predicador exiliado en Estados Unidos, de haber planeado el golpe de Estado, unas acusaciones desmentidas por el interesado.
Desde el fallido golpe, Ankara ha detenido a más de 41.000 personas en Turquía y más de 100.000 han sido despedidas o suspendidas, entre ellas profesores, policías y magistrados.
Las autoridades cerraron, además, decenas de medios de comunicación y asociaciones.
La magnitud de esta purga suscita preocupación en los socios occidentales de Turquía y en las organizaciones de derechos humanos que temen que el estado de emergencia sea un pretexto para acallar las voces disidentes.
El Gobierno turco considera que esas medidas son necesarias para eliminar los riesgos de sedición y afrontar la doble amenaza "terrorista" del grupo Estado Islámico (EI) y del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
El país ha sufrido desde hace más de año y medio una ola de atentados sin precedentes que ha dejado cientos de muertos.
