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Martin Schulz-a la izquierda-y Erdogan
Las autoridades turcas siguen a la caza de los partidarios del ex-imán Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, acusado de ser el cerebro de la intentona golpista, que dejó más de 206 muertos, y de dirigir un "Estado paralelo" infiltrado en las instituciones estatales.
Según un decreto publicado el viernes en el diario oficial, un total de 7.669 policías fueron despedidos, así como 323 gendarmes, responsables de la seguridad interior.
Más de 2.300 personas que trabajaban en la educación superior también fueron destituidas, como las 28.000 que habían sido despedidas con anterioridad en el ámbito de la educación.
En esta nueva serie de despidos también se incluyen a 500 personas de la dirección de los asuntos religiosos, según el decreto.
Estas medidas fueron anunciadas pocas horas después de que el primer ministro turco, Binali Yildirim, afirmara, el jueves por la noche, que su país no modificaría su ley antiterrorista, como lo exige la Unión Europea (UE) para eximir de visado a los ciudadanos turcos que quieran acceder al espacio Schengen.
"Hemos dicho claramente a la UE: en las condiciones actuales, no podemos enmendar nuestras leyes antiterroristas. Para nosotros es una cuestión de vida o muerte", afirmó Yildirim en una rueda de prensa en Ankara junto al presidente del parlamento europeo, Martin Schulz, primer responsable europeo de su rango en viajar a Turquía tras el fallido golpe de Estado.
El jueves, cientos de fiscales y de jueces fueron despedidos en el marco de las investigaciones sobre los vínculos de la administración con Gülen. El número de miembros del sistema judicial suspendidos se elevó entonces a 3.390, según la cadena de televisión NTV.
Antes, el ministro de Defensa, citado por los medios turcos, había anunciado la revocación de otros 820 militares, sin contar los generales y los almirantes. En total, más de 4.000 militares han sido suspendidos desde la intentona golpista.
Entretanto, Turquía seguía liberando a ciertos presos para ganar espacio en sus centros penitenciarios y así poder encarcelar a los presuntos cómplices golpistas.
El viernes, el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, señaló que decenas de miles de presos habían sido puestos en libertad desde el 15 de julio.
"Ayer por la noche (jueves), 33.838 detenidos fueron liberados", declaró Bozdag en una reunión ministerial en Ankara, presidida por Yildirim y difundida en directo por la televisión.
El 17 de agosto, el ministro había anunciado que 38.000 prisioneros condenados por hechos anteriores al golpe de Estado iban a beneficiarse de una medida de liberación anticipada bajo control judicial.
Esta medida, que "no es una amnistía", "concierne los crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2016", pero excluye a los condenados por actos de terrorismo, por delitos contra la seguridad del Estado, violaciones de secretos de Estado, asesinato o tráfico de drogas, precisó el ministro.
Según la agencia progubernamental Anadolu, la capacidad total de las cárceles en Turquía es de unas 187.000 personas, pero desde el golpe de Estado, la población carcelaria superó las 200.000 personas.
Según un decreto publicado el viernes en el diario oficial, un total de 7.669 policías fueron despedidos, así como 323 gendarmes, responsables de la seguridad interior.
Más de 2.300 personas que trabajaban en la educación superior también fueron destituidas, como las 28.000 que habían sido despedidas con anterioridad en el ámbito de la educación.
En esta nueva serie de despidos también se incluyen a 500 personas de la dirección de los asuntos religiosos, según el decreto.
Estas medidas fueron anunciadas pocas horas después de que el primer ministro turco, Binali Yildirim, afirmara, el jueves por la noche, que su país no modificaría su ley antiterrorista, como lo exige la Unión Europea (UE) para eximir de visado a los ciudadanos turcos que quieran acceder al espacio Schengen.
"Hemos dicho claramente a la UE: en las condiciones actuales, no podemos enmendar nuestras leyes antiterroristas. Para nosotros es una cuestión de vida o muerte", afirmó Yildirim en una rueda de prensa en Ankara junto al presidente del parlamento europeo, Martin Schulz, primer responsable europeo de su rango en viajar a Turquía tras el fallido golpe de Estado.
El jueves, cientos de fiscales y de jueces fueron despedidos en el marco de las investigaciones sobre los vínculos de la administración con Gülen. El número de miembros del sistema judicial suspendidos se elevó entonces a 3.390, según la cadena de televisión NTV.
Antes, el ministro de Defensa, citado por los medios turcos, había anunciado la revocación de otros 820 militares, sin contar los generales y los almirantes. En total, más de 4.000 militares han sido suspendidos desde la intentona golpista.
- Unos 34.000 prisioneros puestos en libertad -
Entretanto, Turquía seguía liberando a ciertos presos para ganar espacio en sus centros penitenciarios y así poder encarcelar a los presuntos cómplices golpistas.
El viernes, el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, señaló que decenas de miles de presos habían sido puestos en libertad desde el 15 de julio.
"Ayer por la noche (jueves), 33.838 detenidos fueron liberados", declaró Bozdag en una reunión ministerial en Ankara, presidida por Yildirim y difundida en directo por la televisión.
El 17 de agosto, el ministro había anunciado que 38.000 prisioneros condenados por hechos anteriores al golpe de Estado iban a beneficiarse de una medida de liberación anticipada bajo control judicial.
Esta medida, que "no es una amnistía", "concierne los crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2016", pero excluye a los condenados por actos de terrorismo, por delitos contra la seguridad del Estado, violaciones de secretos de Estado, asesinato o tráfico de drogas, precisó el ministro.
Según la agencia progubernamental Anadolu, la capacidad total de las cárceles en Turquía es de unas 187.000 personas, pero desde el golpe de Estado, la población carcelaria superó las 200.000 personas.
