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Alrededor de 256.000 inmigrantes colombianos y 127.000 peruanos podrán votar en las próximas elecciones municipales, previstas para 2011. El Consejo de Ministros estudia hoy un canje de notas con los gobiernos de ambos países para verificar el principio de reciprocidad de sufragio exigido por la Constitución, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa verificación no es más que un trámite burocrático, porque los al menos 8.191 españoles con residencia en Colombia y los 6.903 residentes en Perú ya tienen derecho a voto en ambos países.
Colombia y Perú son los dos primeros Estados no comunitarios con los que el Gobierno español alcanza un acuerdo para cumplir la promesa aprobada en el último congreso del PSOE, el pasado mes de julio, de que los inmigrantes puedan votar en las próximas municipales. La firma del acuerdo con Colombia está prevista para el próximo 5 de febrero, fecha para la que ha sido anunciada la visita a España del canciller colombiano, Jaime Bermúdez. En cuanto a Perú, si en los próximos meses no se produce una visita de alto nivel, el intercambio de notas se efectuará a través de las embajadas.
En ambos acuerdos (el canje de notas es un instrumento diplomático equivalente a un acuerdo) y en los que en los próximos meses puedan alcanzarse con otros países, el Gobierno exigirá a los inmigrantes un mínimo de cinco años de residencia legal (lo cual equivale a la posesión del permiso de residencia permanente) y la inscripción en el censo electoral. Los canjes de notas entrarán en vigor una vez que se cumplan las exigencias legales de los países implicados, lo cual supone que deberán ser sometidas a la aprobación de sus respectivos parlamentos.
Los acuerdos con Colombia y Perú han sido negociados por el secretario general de Asuntos Consulares, Javier Elorza, y por el embajador en misión especial para negociar el voto inmigrante, Emilio de Benito. Su próximo paso es cerrar otro con Trinidad y Tobago. Se trata de un acuerdo testimonial, pues Trinidad y Tobago es un país tan irrelevante a efectos de inmigración que ni siquiera aparece por sí mismo en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, sino bajo el epígrafe "Otros Iberoamérica", que el pasado octubre sumaba a 696 personas.
La mayor colonia de inmigrantes no comunitarios es la marroquí (654.338 residentes legales), pero el principio de reciprocidad es difícilmente aplicable con ese país, pues su legislación no contempla el voto de los extranjeros. Aunque Zapatero comentó el asunto al Rey Mohamed VI el pasado mes de julio, el Gobierno todavía no ha obtenido una respuesta de Rabat.
Más probable es que España logre alcanzar un acuerdo con Ecuador, cuyos ciudadanos forman la segunda colonia más numerosa (367.687 personas). Aunque la Constitución vigente en ese país rechaza el voto de los extranjeros, se halla en trance de reforma y parece que acabará por admitirlo.
En el caso de Argentina, donde residen la mayoría de los emigrantes españoles, las negociaciones tropiezan con un escollo distinto: la legislación varía según las provincias.
La reciprocidad también es imposible, en principio, con países en los que no se celebran elecciones democráticas. Es el caso de China, cuyos ciudadanos forman la cuarta colonia en España, con 129.156 personas. O de Cuba (25.862 inmigrantes). Pero expertos constitucionalistas del PSOE se basan en que el Tribunal Constitucional nunca ha interpretado la reciprocidad para afirmar a continuación que la Ley Fundamental busca que los españoles no sean discriminados. Y concluyen que no habría discriminación para ellos puesto que ni chinos ni cubanos votan, al menos en el estricto sentido democrático.
El Gobierno exigirá a los inmigrantes cinco años de residencia legal
En ambos acuerdos (el canje de notas es un instrumento diplomático equivalente a un acuerdo) y en los que en los próximos meses puedan alcanzarse con otros países, el Gobierno exigirá a los inmigrantes un mínimo de cinco años de residencia legal (lo cual equivale a la posesión del permiso de residencia permanente) y la inscripción en el censo electoral. Los canjes de notas entrarán en vigor una vez que se cumplan las exigencias legales de los países implicados, lo cual supone que deberán ser sometidas a la aprobación de sus respectivos parlamentos.
Los acuerdos con Colombia y Perú han sido negociados por el secretario general de Asuntos Consulares, Javier Elorza, y por el embajador en misión especial para negociar el voto inmigrante, Emilio de Benito. Su próximo paso es cerrar otro con Trinidad y Tobago. Se trata de un acuerdo testimonial, pues Trinidad y Tobago es un país tan irrelevante a efectos de inmigración que ni siquiera aparece por sí mismo en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, sino bajo el epígrafe "Otros Iberoamérica", que el pasado octubre sumaba a 696 personas.
La mayor colonia de inmigrantes no comunitarios es la marroquí (654.338 residentes legales), pero el principio de reciprocidad es difícilmente aplicable con ese país, pues su legislación no contempla el voto de los extranjeros. Aunque Zapatero comentó el asunto al Rey Mohamed VI el pasado mes de julio, el Gobierno todavía no ha obtenido una respuesta de Rabat.
Más probable es que España logre alcanzar un acuerdo con Ecuador, cuyos ciudadanos forman la segunda colonia más numerosa (367.687 personas). Aunque la Constitución vigente en ese país rechaza el voto de los extranjeros, se halla en trance de reforma y parece que acabará por admitirlo.
En el caso de Argentina, donde residen la mayoría de los emigrantes españoles, las negociaciones tropiezan con un escollo distinto: la legislación varía según las provincias.
La reciprocidad también es imposible, en principio, con países en los que no se celebran elecciones democráticas. Es el caso de China, cuyos ciudadanos forman la cuarta colonia en España, con 129.156 personas. O de Cuba (25.862 inmigrantes). Pero expertos constitucionalistas del PSOE se basan en que el Tribunal Constitucional nunca ha interpretado la reciprocidad para afirmar a continuación que la Ley Fundamental busca que los españoles no sean discriminados. Y concluyen que no habría discriminación para ellos puesto que ni chinos ni cubanos votan, al menos en el estricto sentido democrático.
