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Política
Una fosa con víctimas del franquismo
Cuarenta y un años después de la muerte del dictador, "no es el olvido el problema de España, es la obstrucción para que nunca se investiguen los crímenes de la Guerra civil y del franquismo, ni dentro ni fuera del país", declaró a la prensa en Madrid el director de AI para España, Esteban Beltrán.
"Los tres poderes del estado - parlamento, gobierno y poder judicial - se han puesto de acuerdo en incumplir las obligaciones internacionales del Estado para investigar estos crímenes imprescriptibles", añadió.
En España, según él, "el poder judicial "deniega investigar y archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas". Además, desde que una jueza argentina abrió una investigación sobre esos crímenes, "la Fiscalia general cierra la puerta a la colaboración", añadió.
En 2010, varias víctimas de la dictadura presentaron una demanda en Argentina. La jueza María Servini invocó el principio de justicia universal para lanzar una orden de arresto contra 19 españoles, entre ellos algunos ex ministros de Franco todavía vivos.
En una nota interna del 30 de septiembre pasado consultada por la AFP, la fiscalía general del Estado español explicó por qué no debía a su juicio colaborar con la justicia argentina.
"Aun en el altamente improbable caso de que se individualizara un responsable vivo y con capacidad de obrar procesal, las autoridades españolas no podrían conceder la extradición, por tratarse de hechos competencia de los tribunales españoles, prescritos y amnistiados", argumentaba Consuelo Madrigal, entonces fiscal general del Estado, y recientemente relevada en el cargo.
La alta funcionaria invocaba además la ley de amnistía aprobada en 1977, que junto con la Constitución del año siguiente fueron "importantísimos hitos" para la transición a la democracia.
Para Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional, esos argumentos "son incompatibles con las obligaciones de todo Estado de investigar los crímenes".
"Estamos hablando de crímenes imprescriptibles: torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc", argumentó refiriéndose al derecho internacional.
A su lado, Antonio Narváez, de 83 años, explicó que sigue buscando los cadáveres de su padre, asesinado en 1936, y de su madre, detenida y desaparecida aquel mismo año.
Amnistía recordó también que según el comité de derechos humanos de la ONU, "las amnistías (...) que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales son incompatibles con las obligaciones de todo Estado de investigar los crímenes".
"Los tres poderes del estado - parlamento, gobierno y poder judicial - se han puesto de acuerdo en incumplir las obligaciones internacionales del Estado para investigar estos crímenes imprescriptibles", añadió.
En España, según él, "el poder judicial "deniega investigar y archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas". Además, desde que una jueza argentina abrió una investigación sobre esos crímenes, "la Fiscalia general cierra la puerta a la colaboración", añadió.
En 2010, varias víctimas de la dictadura presentaron una demanda en Argentina. La jueza María Servini invocó el principio de justicia universal para lanzar una orden de arresto contra 19 españoles, entre ellos algunos ex ministros de Franco todavía vivos.
En una nota interna del 30 de septiembre pasado consultada por la AFP, la fiscalía general del Estado español explicó por qué no debía a su juicio colaborar con la justicia argentina.
"Aun en el altamente improbable caso de que se individualizara un responsable vivo y con capacidad de obrar procesal, las autoridades españolas no podrían conceder la extradición, por tratarse de hechos competencia de los tribunales españoles, prescritos y amnistiados", argumentaba Consuelo Madrigal, entonces fiscal general del Estado, y recientemente relevada en el cargo.
La alta funcionaria invocaba además la ley de amnistía aprobada en 1977, que junto con la Constitución del año siguiente fueron "importantísimos hitos" para la transición a la democracia.
Para Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional, esos argumentos "son incompatibles con las obligaciones de todo Estado de investigar los crímenes".
"Estamos hablando de crímenes imprescriptibles: torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc", argumentó refiriéndose al derecho internacional.
A su lado, Antonio Narváez, de 83 años, explicó que sigue buscando los cadáveres de su padre, asesinado en 1936, y de su madre, detenida y desaparecida aquel mismo año.
Amnistía recordó también que según el comité de derechos humanos de la ONU, "las amnistías (...) que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales son incompatibles con las obligaciones de todo Estado de investigar los crímenes".
