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Política
Algunos inmigrantes retenidos en Nauru
La oenegé de defensa de los derechos humanos había denunciado actos de "tortura" en un centro situado en el microestado insular de Nauru gestionado por la compañía australiana Broadspectrum, perteneciente a Ferrovial, y por su subcontratista allí, Wilson Security.
Amnistía considera que ni Broadspectrum, ni Ferrovial, que la adquirió en junio de 2016, tomaron las medidas necesarias para hacer respetar los derechos humanos.
La oenegé habla de "una dieta diaria de humillación, abandono, abusos y atención deficiente de la salud física y mental", incluso con tentativas de automutilación y suicidio reportados por los refugiados.
"Su sufrimiento se agudiza porque están atrapados en la isla: no pueden salir, ni siquiera una vez que se les concede el estatuto de refugiado", señala el informe.
Amnistía adjunta el testimonio de Amir (nombre falso), un iraní alojado en el campo cuya mujer, dice, se intentó suicidar varias veces después de que su hijo de cinco años fuera herido por el lanzamiento de una piedra por una vigilante.
Australia practica una política de mano dura con los migrantes, rechazando sistemáticamente los barcos que intentan llegar ilegalmente a sus costas y conduciendo a quienes lo logran a los campos de retención situados en Papúa-Nueva Guinea y Nauru, subraya Amnistía.
En su informe, realizado a partir de informaciones publicadas por los distintos protagonistas y medios, Amnistía considera que el grupo, dada "la acumulación de datos", o "bien tiene dudas, o bien es ciega ante la magnitud de los abusos en Nauru y la isla de Manus, y el papel que desempeñan Broadspectrum y Ferrovial en ellos".
En una carta adjunta al informe, Broadspectrum se muestra en desacuerdo "con las múltiples afirmaciones de que hemos provocado, contribuido a provocar o sido cómplices de abusos contra los derechos humanos".
El grupo además asegura que dispone de un sistema para "mejorar el bienestar de los refugiados".
En esta carta, Ferrovial afirma que su compra de Broadspectrum no estuvo "motivada por los beneficios en detrimento de los derechos humanos" pero por la voluntad de penetrar en nuevos mercados.
Ferrovial, Broadspectrum y el subcontratante en Nauru Wilson Security han anunciado que no deseaban prolongar el contrato del grupo con el departamento de inmigración australiano, que termina en octubre.
Amnistía considera que ni Broadspectrum, ni Ferrovial, que la adquirió en junio de 2016, tomaron las medidas necesarias para hacer respetar los derechos humanos.
La oenegé habla de "una dieta diaria de humillación, abandono, abusos y atención deficiente de la salud física y mental", incluso con tentativas de automutilación y suicidio reportados por los refugiados.
"Su sufrimiento se agudiza porque están atrapados en la isla: no pueden salir, ni siquiera una vez que se les concede el estatuto de refugiado", señala el informe.
Amnistía adjunta el testimonio de Amir (nombre falso), un iraní alojado en el campo cuya mujer, dice, se intentó suicidar varias veces después de que su hijo de cinco años fuera herido por el lanzamiento de una piedra por una vigilante.
Australia practica una política de mano dura con los migrantes, rechazando sistemáticamente los barcos que intentan llegar ilegalmente a sus costas y conduciendo a quienes lo logran a los campos de retención situados en Papúa-Nueva Guinea y Nauru, subraya Amnistía.
En su informe, realizado a partir de informaciones publicadas por los distintos protagonistas y medios, Amnistía considera que el grupo, dada "la acumulación de datos", o "bien tiene dudas, o bien es ciega ante la magnitud de los abusos en Nauru y la isla de Manus, y el papel que desempeñan Broadspectrum y Ferrovial en ellos".
En una carta adjunta al informe, Broadspectrum se muestra en desacuerdo "con las múltiples afirmaciones de que hemos provocado, contribuido a provocar o sido cómplices de abusos contra los derechos humanos".
El grupo además asegura que dispone de un sistema para "mejorar el bienestar de los refugiados".
En esta carta, Ferrovial afirma que su compra de Broadspectrum no estuvo "motivada por los beneficios en detrimento de los derechos humanos" pero por la voluntad de penetrar en nuevos mercados.
Ferrovial, Broadspectrum y el subcontratante en Nauru Wilson Security han anunciado que no deseaban prolongar el contrato del grupo con el departamento de inmigración australiano, que termina en octubre.
