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"Agradezco al Congreso la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ley histórica. Felicito a los que participaron en este proceso", escribió Santos en su cuenta de la red social Twitter, una vez conocida la votación del Senado.
Si bien el conflicto interno arrastra casi cinco décadas, la ley cobija a las víctimas de guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública desde 1985. En total los beneficiarios serían unos tres millones de personas.
La ley, que según juristas y analistas es la primera de su tipo en ser aprobada sin que el conflicto haya terminado, deberá pasar ahora a conciliación con la Cámara de Representantes (baja) para unificar algunos artículos antes de ser sometida a la promulgación de Santos, quien la presentó personalmente al Congreso el año pasado.
El presidente del Senado, Armando Benedetti, del partido Social de la Unidad Nacional (La U, derecha), aseguró que se trata del "mayor reconocimiento que la sociedad y el Estado colombianos le han hecho a las víctimas de la violencia, y la deuda social mejor pagada hasta ahora".
La ley tendrá una vigencia de 10 años a partir de la sanción presidencial y permitirá, además, restituir cerca de 6 millones de hectáreas a campesinos despojados.
El gobierno de Santos aspira a devolver 2 millones de hectáreas entre este año y 2014, cuando termina su período.
Aunque en su normativa la ley reconoce la existencia del conflicto armado interno no le otorga estatus de beligerancia a las organizaciones guerrilleras izquierdistas, a las que califica de "grupos terroristas".
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, dijo que este proyecto, "que contempla indemnización administrativa, rehabilitación a las víctimas, satisfacción para muchas personas y la garantía de no repetición, se convierte también en un ejemplo a destacar mundialmente".
"El Estado, con los instrumentos que aprobó la ley, podrá avanzar a pasos firmes en la cancelación de una deuda insoluta gigantesca que la sociedad colombiana mantenía impagada con las víctimas en general y con los despojados de la tierra en particular", señaló por su parte el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
Sin embargo, el izquierdista Polo Democrático Alternativo cuestionó varios artículos de la ley, al señalar que priva de indemnización a víctimas anteriores a 1985 y excluye a las de las nuevas bandas criminales, integradas por narcotraficantes y paramilitares que no se desmovilizaron en un proceso llevado adelante entre 2003 y 2006.
La norma considera como víctimas, entre otros, a "aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, por el conflicto armado interno, por hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985".
"También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida".
Luego de la aprobación el senador liberal Juan Fernando Cristo, ponente del proyecto e hijo de un congresista asesinado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, manifestó que la ley "va a abrir los caminos de reconciliación y paz en Colombia".
"Esta sí es una ley de paz porque se convierte en un instrumento de paz y reconciliación. Con la ley los colombianos podremos abrir en los próximos años caminos de paz toda vez que se está reconociendo a cuatro millones de personas ignoradas por el Estado y la sociedad colombiana", dijo.
Colombia sufre desde hace casi cinco décadas un conflicto interno que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas, y ha dejado cerca de tres millones de desplazados.
Si bien el conflicto interno arrastra casi cinco décadas, la ley cobija a las víctimas de guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública desde 1985. En total los beneficiarios serían unos tres millones de personas.
La ley, que según juristas y analistas es la primera de su tipo en ser aprobada sin que el conflicto haya terminado, deberá pasar ahora a conciliación con la Cámara de Representantes (baja) para unificar algunos artículos antes de ser sometida a la promulgación de Santos, quien la presentó personalmente al Congreso el año pasado.
El presidente del Senado, Armando Benedetti, del partido Social de la Unidad Nacional (La U, derecha), aseguró que se trata del "mayor reconocimiento que la sociedad y el Estado colombianos le han hecho a las víctimas de la violencia, y la deuda social mejor pagada hasta ahora".
La ley tendrá una vigencia de 10 años a partir de la sanción presidencial y permitirá, además, restituir cerca de 6 millones de hectáreas a campesinos despojados.
El gobierno de Santos aspira a devolver 2 millones de hectáreas entre este año y 2014, cuando termina su período.
Aunque en su normativa la ley reconoce la existencia del conflicto armado interno no le otorga estatus de beligerancia a las organizaciones guerrilleras izquierdistas, a las que califica de "grupos terroristas".
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, dijo que este proyecto, "que contempla indemnización administrativa, rehabilitación a las víctimas, satisfacción para muchas personas y la garantía de no repetición, se convierte también en un ejemplo a destacar mundialmente".
"El Estado, con los instrumentos que aprobó la ley, podrá avanzar a pasos firmes en la cancelación de una deuda insoluta gigantesca que la sociedad colombiana mantenía impagada con las víctimas en general y con los despojados de la tierra en particular", señaló por su parte el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
Sin embargo, el izquierdista Polo Democrático Alternativo cuestionó varios artículos de la ley, al señalar que priva de indemnización a víctimas anteriores a 1985 y excluye a las de las nuevas bandas criminales, integradas por narcotraficantes y paramilitares que no se desmovilizaron en un proceso llevado adelante entre 2003 y 2006.
La norma considera como víctimas, entre otros, a "aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, por el conflicto armado interno, por hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985".
"También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida".
Luego de la aprobación el senador liberal Juan Fernando Cristo, ponente del proyecto e hijo de un congresista asesinado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, manifestó que la ley "va a abrir los caminos de reconciliación y paz en Colombia".
"Esta sí es una ley de paz porque se convierte en un instrumento de paz y reconciliación. Con la ley los colombianos podremos abrir en los próximos años caminos de paz toda vez que se está reconociendo a cuatro millones de personas ignoradas por el Estado y la sociedad colombiana", dijo.
Colombia sufre desde hace casi cinco décadas un conflicto interno que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas, y ha dejado cerca de tres millones de desplazados.
