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Política
Manifestantes protestan contra el tarifazo
El gobierno, que pelea con uñas y dientes contra el déficit fiscal, quedó en desconcierto por el golpe a una medida que considera clave para cumplir con su plan de reanimación económica que tiene meses generando enojo en la ciudadanía.
También hubo una caída generalizada de las acciones energéticas tras el fallo judicial.
"El fallo se va a cumplir", afirmó el jefe de Gabinete Marcos Peña al enfatizar que la decisión de la corte cierra meses de incertidumbre por este tema y refleja que "las instituciones están funcionando".
En un fallo unánime, el alto tribunal ordenó celebrar audiencias públicas con la participación de consumidores, un trámite que el gobierno de centroderecha se había salteado para aplicar aumentos de electricidad, gas, agua y transporte desde 200% y hasta 2.000%. Esos aumentos atizaron una inflación que ya supera el 40% anual.
"Estamos convocando a audiencias públicas en el tiempo más breve que permite la ley, que es tres semanas", anunció Peña.
Acompañado del ministro de Energía Juan José Aranguren, Peña sostuvo que la decisión de la corte confirma la necesidad de "trabajar en una mejor estructura del sistema energético que está en crisis".
La suspensión del aumento alcanza solo a los usuarios residenciales, y deja por fuera a comercios y pequeñas y medianas empresas, que con aumentos de 500% en las facturas de gas, aspiraban también a una revisión.
La Corte le recordó al gobierno "que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública es de cumplimiento obligatorio".
Peña aseguró que "van a pedir a la empresas que refacturen" en apego a la decisión de la Corte Suprema.
El fallo supone un durísimo golpe para el gobierno de Macri, que esperaba una decisión que diera respaldo político a los aumentos en todos los servicios públicos, decididos bajo el argumento de que las tarifas estaban retrasadas por las políticas de subsidios de la gestión kirchnerista (2003-2015).
El ajuste en las facturas de agua, gas, luz y transporte público se anunció para reducir el déficit fiscal que el gobierno de Macri estimó en un 7% en 2015.
Marcos Peña dijo que este revés judicial de alguna manera permite "parar la pelota" y trabajar modificaciones y mejoras que se puedan hacer en los cuadros tarifarios para definir una política energética consensuada, que genere confianza para las inversiones que necesita el país.
Santiago Urbiztondo, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), consideró que ahora "el tema se complica en varias facetas e implica en términos fiscales la imposibilidad de aplicar mayores precios por más de ocho meses", dijo al diario La Nación.
El miércoles en una comparecencia ante diputados el Ministro de Energía, Juan José Aranguren afirmó que en los últimos 12 años los subsidios a las tarifas fueron de "52.000 millones de dólares en gas y 24.400 millones en luz".
"Los subsidios generan inflación", dijo Aranguren.
El fallo especificó que para los usuarios residenciales "las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto" desde el 1 de abril pasado.
Desde inicios de año la economía argentina sufre por la caída de la actividad en sectores clave como construcción e industria, el desplome del consumo, unos 200.000 despidos según sindicatos y el aumento de la pobreza que estudios privados cifran en 34% de la población.
Con la llegada del invierno austral, en julio, millones de argentinos recibieron las facturas actualizadas con fuertes aumentos y se desató una ola de protestas callejeras.
Cientos de consumidores presentaron amparos en la justicia que avanzó suspendiendo la aplicación de las alzas en luz, gas agua y transporte.
Las protestas forzaron al gobierno a revisar el alza y limitar los aumentos aplicados a la tarifa de gas en 400% para los hogares y 500% para el sector comercial y pequeñas y medianas empresas.
Pese a todo los reclamos judiciales siguieron y la Cámara Federal de La Plata resolvió en julio suspender el aumento de gas en todo el país. El gobierno apeló el fallo y este jueves la Corte finalmente se expidió ratificando los lineamientos de los camaristas.
Otro fallo, que a comienzos de agosto suspendió la aplicación de las alzas de tarifas de electricidad en todo el territorio, aún está pendiente de resolución.
El miércoles, mientras el ministro Aranguren exponía ante el Congreso, la policía halló una granada frente al domicilio en Buenos Aires de la jueza Martina Forns que frenó con su fallo el alza de la tarifa eléctrica.
También hubo una caída generalizada de las acciones energéticas tras el fallo judicial.
"El fallo se va a cumplir", afirmó el jefe de Gabinete Marcos Peña al enfatizar que la decisión de la corte cierra meses de incertidumbre por este tema y refleja que "las instituciones están funcionando".
En un fallo unánime, el alto tribunal ordenó celebrar audiencias públicas con la participación de consumidores, un trámite que el gobierno de centroderecha se había salteado para aplicar aumentos de electricidad, gas, agua y transporte desde 200% y hasta 2.000%. Esos aumentos atizaron una inflación que ya supera el 40% anual.
"Estamos convocando a audiencias públicas en el tiempo más breve que permite la ley, que es tres semanas", anunció Peña.
Acompañado del ministro de Energía Juan José Aranguren, Peña sostuvo que la decisión de la corte confirma la necesidad de "trabajar en una mejor estructura del sistema energético que está en crisis".
La suspensión del aumento alcanza solo a los usuarios residenciales, y deja por fuera a comercios y pequeñas y medianas empresas, que con aumentos de 500% en las facturas de gas, aspiraban también a una revisión.
La Corte le recordó al gobierno "que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública es de cumplimiento obligatorio".
Peña aseguró que "van a pedir a la empresas que refacturen" en apego a la decisión de la Corte Suprema.
El fallo supone un durísimo golpe para el gobierno de Macri, que esperaba una decisión que diera respaldo político a los aumentos en todos los servicios públicos, decididos bajo el argumento de que las tarifas estaban retrasadas por las políticas de subsidios de la gestión kirchnerista (2003-2015).
El ajuste en las facturas de agua, gas, luz y transporte público se anunció para reducir el déficit fiscal que el gobierno de Macri estimó en un 7% en 2015.
- Parar la pelota -
Marcos Peña dijo que este revés judicial de alguna manera permite "parar la pelota" y trabajar modificaciones y mejoras que se puedan hacer en los cuadros tarifarios para definir una política energética consensuada, que genere confianza para las inversiones que necesita el país.
Santiago Urbiztondo, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), consideró que ahora "el tema se complica en varias facetas e implica en términos fiscales la imposibilidad de aplicar mayores precios por más de ocho meses", dijo al diario La Nación.
El miércoles en una comparecencia ante diputados el Ministro de Energía, Juan José Aranguren afirmó que en los últimos 12 años los subsidios a las tarifas fueron de "52.000 millones de dólares en gas y 24.400 millones en luz".
"Los subsidios generan inflación", dijo Aranguren.
El fallo especificó que para los usuarios residenciales "las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto" desde el 1 de abril pasado.
Desde inicios de año la economía argentina sufre por la caída de la actividad en sectores clave como construcción e industria, el desplome del consumo, unos 200.000 despidos según sindicatos y el aumento de la pobreza que estudios privados cifran en 34% de la población.
- Protestas -
Con la llegada del invierno austral, en julio, millones de argentinos recibieron las facturas actualizadas con fuertes aumentos y se desató una ola de protestas callejeras.
Cientos de consumidores presentaron amparos en la justicia que avanzó suspendiendo la aplicación de las alzas en luz, gas agua y transporte.
Las protestas forzaron al gobierno a revisar el alza y limitar los aumentos aplicados a la tarifa de gas en 400% para los hogares y 500% para el sector comercial y pequeñas y medianas empresas.
Pese a todo los reclamos judiciales siguieron y la Cámara Federal de La Plata resolvió en julio suspender el aumento de gas en todo el país. El gobierno apeló el fallo y este jueves la Corte finalmente se expidió ratificando los lineamientos de los camaristas.
Otro fallo, que a comienzos de agosto suspendió la aplicación de las alzas de tarifas de electricidad en todo el territorio, aún está pendiente de resolución.
El miércoles, mientras el ministro Aranguren exponía ante el Congreso, la policía halló una granada frente al domicilio en Buenos Aires de la jueza Martina Forns que frenó con su fallo el alza de la tarifa eléctrica.
