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Policías catalanes en el aeropuerto de Barcelona
El ministerio público pidió hoy a la Policía que actúe contra conductas de "autoridades, funcionarios públicos o particulares" dirigidas a la organización de la votación, impulsada unilateralmente por el Gobierno de Cataluña y prohibida por la Justicia, y advirtió de que pueden suponer desobediencia, prevaricación y malversación.
También recordó que estos delitos pueden conllevar penas de inhabilitación importantes y, en el caso del de malversación de caudales públicos, hasta ocho años de prisión.
La Fiscalía de Cataluña comunicó hoy la orden a los responsables de la Policía Nacional española, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra (Policía catalana) tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional español, que el pasado jueves anuló de forma provisional la convocatoria de la consulta, prohibiéndola "de facto".
Los agentes "procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales (...) así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal", expresó la Fiscalía en una nota.
Desde el Gobierno catalán, la reacción no tardó en llegar. "La prioridad policial de los Mossos d'Esquadra no será buscar urnas sino prevenir atentados terroristas", dijo su portavoz, Jordi Turull.
La convocatoria unilateral de un referéndum sobre la independencia por parte del Gobierno catalán abrió la pasada semana una crisis institucional sin precedentes en la democracia española.
El Tribunal Constitucional español suspendió de forma provisional el pasado jueves la convocatoria de la polémica consulta a instancias de un recurso interpuesto por el Gobierno español de Mariano Rajoy.
El alto tribunal anuló también la llamada "ley del referéndum", aprobada por los secesionistas en el Parlamento catalán precisamente para tratar de dar cobertura legal a la votación del 1 de octubre.
Hoy, el Constitucional dio un nuevo paso contra los planes de los independentistas catalanes al suspender, también de forma cautelar, la llamada la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana y el código tributario con el que el Gobierno catalán pretende crear una Hacienda propia, impugnados por Madrid.
La primera ley, impulsada por los partidos separatistas que gobiernan en Cataluña, pretende garantizar la legalidad en el periodo comprendido entre el referéndum independentista, en caso de que tenga lugar, y la aprobación de una Constitución catalana si gana el "sí".
A día de hoy, la celebración de la consulta soberanista está en el aire. Mientras el Gobierno de Rajoy hace todo lo posible para impedirla, los secesionistas aseguran que no cambiarán sus planes.
"Nosotros seguimos", dijo hoy el portavoz del Ejecutivo catalán tras recibir la notificación de la querella impulsada por la Fiscalía española por la convocatoria del referéndum, en la que se acusa a los miembros del Gobierno de desobediencia, prevaricación y malversación.
En medio de las tensiones entre Cataluña y Madrid y tras la anulación de la convocatoria del referéndum por parte del Constitucional, el lunes se celebró una multitudinaria marcha en Barcelona -capital catalana- con la que los secesionistas sacaron músculo y reivindicaron la celebración de la consulta el 1 de octubre.
Las encuestas muestran un apoyo mayoritario a la celebración de la votación, si bien la región se encuentra dividida al 50 por ciento en cuanto a su independencia de España.
También recordó que estos delitos pueden conllevar penas de inhabilitación importantes y, en el caso del de malversación de caudales públicos, hasta ocho años de prisión.
La Fiscalía de Cataluña comunicó hoy la orden a los responsables de la Policía Nacional española, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra (Policía catalana) tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional español, que el pasado jueves anuló de forma provisional la convocatoria de la consulta, prohibiéndola "de facto".
Los agentes "procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales (...) así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal", expresó la Fiscalía en una nota.
Desde el Gobierno catalán, la reacción no tardó en llegar. "La prioridad policial de los Mossos d'Esquadra no será buscar urnas sino prevenir atentados terroristas", dijo su portavoz, Jordi Turull.
La convocatoria unilateral de un referéndum sobre la independencia por parte del Gobierno catalán abrió la pasada semana una crisis institucional sin precedentes en la democracia española.
El Tribunal Constitucional español suspendió de forma provisional el pasado jueves la convocatoria de la polémica consulta a instancias de un recurso interpuesto por el Gobierno español de Mariano Rajoy.
El alto tribunal anuló también la llamada "ley del referéndum", aprobada por los secesionistas en el Parlamento catalán precisamente para tratar de dar cobertura legal a la votación del 1 de octubre.
Hoy, el Constitucional dio un nuevo paso contra los planes de los independentistas catalanes al suspender, también de forma cautelar, la llamada la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana y el código tributario con el que el Gobierno catalán pretende crear una Hacienda propia, impugnados por Madrid.
La primera ley, impulsada por los partidos separatistas que gobiernan en Cataluña, pretende garantizar la legalidad en el periodo comprendido entre el referéndum independentista, en caso de que tenga lugar, y la aprobación de una Constitución catalana si gana el "sí".
A día de hoy, la celebración de la consulta soberanista está en el aire. Mientras el Gobierno de Rajoy hace todo lo posible para impedirla, los secesionistas aseguran que no cambiarán sus planes.
"Nosotros seguimos", dijo hoy el portavoz del Ejecutivo catalán tras recibir la notificación de la querella impulsada por la Fiscalía española por la convocatoria del referéndum, en la que se acusa a los miembros del Gobierno de desobediencia, prevaricación y malversación.
En medio de las tensiones entre Cataluña y Madrid y tras la anulación de la convocatoria del referéndum por parte del Constitucional, el lunes se celebró una multitudinaria marcha en Barcelona -capital catalana- con la que los secesionistas sacaron músculo y reivindicaron la celebración de la consulta el 1 de octubre.
Las encuestas muestran un apoyo mayoritario a la celebración de la votación, si bien la región se encuentra dividida al 50 por ciento en cuanto a su independencia de España.
