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El rey de Bahrein
Las elecciones se llevan a cabo a pocos días del proceso, el 28 de octubre, de 23 activistas chiitas detenidos en los dos últimos meses y acusados de conspiración para derrocar la monarquía.
Esas detenciones han exacerbado las tensiones confesionales en este pequeño reino.
"Este asunto tiene un impacto negativo en el proceso electoral", declaró a la AFP el secretario general del principal grupo de oposición chiita, jeque Ali Salmane, llamando a las autoridades a "favorecer la acción política, y no sólo imponer más seguridad, para atajar la violencia y el extremismo".
El jeque Salmane dirige la Asociación del Acuerdo Nacional Islámico (AENI) o Al Wefaq, el grupo mejor representado en la Cámara saliente con 17 diputados, de 40.
Durante un mitin electoral el miércoles en la noche, Salmane impugnó firmemente el monopolio del poder por parte de la familia real.
"Es inadmisible que el poder sea el monopolio de una única familia, a la cual debemos (no obstante) respeto y consideración. Esperamos el día en que un hijo del pueblo, sea sunita o chiita (...) pueda acceder al puesto de Primer ministro", dijo Salmane.
Un total de 127 candidatos, entre ellos 8 mujeres, están en liza para 35 de los 40 escaños de la Cámara de diputados.
Los candidatos de los grupos políticos -llamados asociaciones ya que los partidos están prohibidos en Bahréin- y una treintena de independientes intentan seducir a los 318.000 electores llamados a acudir a las urnas,
"Nos preocupa mucho la transparencia de las elecciones", afirmó a la AFP el jefe de la Comisión electoral, Abdalá al Buainain, destacando la utilización de "urnas transparentes conformes con las normas internacionales" y la presencia de 379 observadores de ONG locales.
La oposición denuncia los riesgos de fraude en diez oficinas abiertas a los electores ausentes de su circunscripción el día de la votación.
Pero según Al Buainain, la voluntad del gobierno es seguir adelante con las reformas de 2001 que restablecieron el Parlamento, disuelto en 1975.
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles "un retorno al autoritarismo" en Bahréin, afirmando que el gobierno ha tomado el control de las asociaciones y cerrado medios de comunicación para hacer callar las críticas".
En virtud de las reformas de 2001, Bahréin se dotó de un Parlamento bicameral donde el poder legislativo es compartido entre una Cámara de 40 miembros, elegidos mediante sufragio universal directo, y un Consejo consultivo de 40 miembros designados por el rey.
La oposición, que boicoteó las elecciones de 2002 para impugnar el Consejo consultivo que puede bloquear toda iniciativa de la Cámara elegida, sigue reclamando una enmienda de la Constitución.
Esas detenciones han exacerbado las tensiones confesionales en este pequeño reino.
"Este asunto tiene un impacto negativo en el proceso electoral", declaró a la AFP el secretario general del principal grupo de oposición chiita, jeque Ali Salmane, llamando a las autoridades a "favorecer la acción política, y no sólo imponer más seguridad, para atajar la violencia y el extremismo".
El jeque Salmane dirige la Asociación del Acuerdo Nacional Islámico (AENI) o Al Wefaq, el grupo mejor representado en la Cámara saliente con 17 diputados, de 40.
Durante un mitin electoral el miércoles en la noche, Salmane impugnó firmemente el monopolio del poder por parte de la familia real.
"Es inadmisible que el poder sea el monopolio de una única familia, a la cual debemos (no obstante) respeto y consideración. Esperamos el día en que un hijo del pueblo, sea sunita o chiita (...) pueda acceder al puesto de Primer ministro", dijo Salmane.
Un total de 127 candidatos, entre ellos 8 mujeres, están en liza para 35 de los 40 escaños de la Cámara de diputados.
Los candidatos de los grupos políticos -llamados asociaciones ya que los partidos están prohibidos en Bahréin- y una treintena de independientes intentan seducir a los 318.000 electores llamados a acudir a las urnas,
"Nos preocupa mucho la transparencia de las elecciones", afirmó a la AFP el jefe de la Comisión electoral, Abdalá al Buainain, destacando la utilización de "urnas transparentes conformes con las normas internacionales" y la presencia de 379 observadores de ONG locales.
La oposición denuncia los riesgos de fraude en diez oficinas abiertas a los electores ausentes de su circunscripción el día de la votación.
Pero según Al Buainain, la voluntad del gobierno es seguir adelante con las reformas de 2001 que restablecieron el Parlamento, disuelto en 1975.
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles "un retorno al autoritarismo" en Bahréin, afirmando que el gobierno ha tomado el control de las asociaciones y cerrado medios de comunicación para hacer callar las críticas".
En virtud de las reformas de 2001, Bahréin se dotó de un Parlamento bicameral donde el poder legislativo es compartido entre una Cámara de 40 miembros, elegidos mediante sufragio universal directo, y un Consejo consultivo de 40 miembros designados por el rey.
La oposición, que boicoteó las elecciones de 2002 para impugnar el Consejo consultivo que puede bloquear toda iniciativa de la Cámara elegida, sigue reclamando una enmienda de la Constitución.
