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El papa Benedicto XVI celebra una misa para cerrar el Sínodo en octubre en la catedral de San Pedro. Danilo Schiavella / Efe
Una sola amenaza ha bastado para que todo siga igual. El Gobierno italiano aprobó ayer por la mañana una enmienda para reducir las ayudas económicas a las escuelas privadas, muchas de las cuales son católicas. Pocas horas más tarde, el subsecretario de Economia, Giuseppe Vegas, comparecía de nuevo con un discurso completamente distinto: "Hay una enmienda que recupera el nivel original, los 120 millones de euros. Pueden estar tranquilos y dormir cómodamente sobre cuatro almohadas". En menos de tres horas, el Ejecutivo de Silvio Berlusconi había aprobado otra enmienda a los presupuestos del 2009 que corregía la anterior.
Para hacer rectificar al Gobierno, al Vaticano le bastó con una amenaza que ni tan siquiera llegó desde muy arriba. El encargado de lanzar el aviso fue el director de la Oficina Nacional de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el monseñor Bruno Stenco: "Se quiere la escuela estatal y la escuela comercial, el Estado y el mercado, pero no el privado social que representamos nosotros y que realizamos no por intereses privados, sino públicos", denunció Stenco.
"A este punto se ha abierto una crisis mucho más profunda y las federaciones de las escuelas católicas se movilizarán en todo el país", advirtió el director de la CEI. Pero no hizo falta movilizar a nadie. En un abrir y cerrar de ojos el Gobierno ya había dado marcha atrás.
Después de la rectificación, el portavoz de la CEI, Domenico Pompili, dijo que "los arzobispos italianos están preocupados (...) por el destino de las escuelas públicas no estatales, sobretodo en el momento económico y social que el país está atravesando. Confiamos en el compromiso que el Gobierno ha asumido públicamente".
Finalmente, para cerrar la polémica se pronunció el Papa, Benedicto XVI: "Las ayudas para la educación religiosa de los hijos son un derecho inalienable", dijo el Pontífice.
La escuela pública, en cambio, no ha tenido tanta suerte. El recorte económico a la enseñanza pública se anunció a mediados del mes de octubre. Los estudiantes y profesores amenazaron con salir a protestar. Y nada cambió.
Entonces pasaron a la acción. Empezaron con las simbólicas lecciones de química en medio de la calle, continuaron con las ocupaciones de institutos y universidades. Finalmente llegaron las masivas manifestaciones en las puertas del Parlamento. Aún así, no han logrado modificar una sola coma del texto inicial. En el caso de la enseñanza pública, el Gobierno retirará en los próximos tres años 8.000 millones de euros en ayudas.
El representante de la Unión de Ateos y Agnósticos Racionales (Uaar), Giorgio Villella, recordó que "la Constitución Italiana dice que el Estado no puede ayudar económicamente a la escuela privada". En declaraciones a Público, Villella explicó que el poder del Vaticano en la enseñanza es muy fuerte: "Los 20.000 profesores de religión que hay en las escuelas públicas de Italia están escogidos a dedo por el Vaticano pero están pagados por el Estado y, además, cobran más que el resto de profesores".
Según la ley, si algún niño no quiere recibir esa clase de religión, tiene derecho a "una clase alternativa". Pero en realidad, según Villella, "las escuelas presionan para que todos los niños vayan a religión, ya que si una escuela quisiera dar una clase alternativa tendría que pagar a otro profesor".
La cesión de Ejecutivo de Berlusconi ante las presiones de la Santa Sede fue criticado por los comunistas.
