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"En horas de la mañana de este jueves se ha presentado el segundo exhorto de extradición del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, al Departamento de Estado", informó desde Washington la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, según un comunicado entregado por su oficina a la AFP.
Gutiérrez integra una comisión oficial junto al fiscal general, Ramiro Guerrero, personal de la cancillería y dos familiares de las víctimas, tras la demanda aprobada el año pasado por el Tribunal Supremo de Justicia, que sigue un proceso contra exautoridades gubernamentales y exmilitares.
La Justicia boliviana pidió en 2007 la extradición de Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03) para juzgarlo por violación a los derechos humanos, pero la solicitud fue denegada por Washington en septiembre de 2012 aduciendo un mal planteo del proceso.
Respecto al nuevo pedido, el gobierno estadounidense evitó un pronunciamiento y no confirmó su recepción.
"No comentamos sobre los pedidos de extradición, ni ningún aspecto de ellos. Es política de Estados Unidos", dijo un vocero del Departamento de Estado consultado en Washington por la AFP.
La demanda de extradición contra Sánchez de Lozada, un acaudalado empresario minero de derechas, incluye también a dos de sus ministros, el de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, y el de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
"Estos prófugos de la justicia tienen que volver a Bolivia, porque deben rendir cuentas por el genocidio que han cometido en 2003 y tienen que ser juzgados en nuestros tribunales, porque todos estamos exigiendo que se haga justicia en este caso", acotó la ministra de Justicia boliviana.
Los exgobernantes y un grupo de militares de alto rango son acusados de la matanza ocurrida en octubre de 2003 en la ciudad andina de El Alto, cercana a La Paz, donde los vecinos protestaron contra un proyecto para exportar gas natural a Estados Unidos y México, usando a puertos chilenos.
El malestar se debió a que la población pensó que el hidrocarburo terminaría beneficiando a Chile, país al que Bolivia reclama desde el siglo pasado devolverle su cualidad marítima, perdida en una guerra a fines del siglo XIX.
Sánchez de Lozada y sus exministros tuvieron que dimitir tras la convulsión social y huir hacia Estados Unidos, donde residen desde entonces.
El expresidente también es procesado por un juez de Florida. El caso fue planteado por familiares de las víctimas de la matanza, que exigen un resarcimiento económico.
