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Fotos de desaparecidos
"La demanda fue rechazada y los fiscales se han reunido para decidir qué pasos seguirán" y si apelarán o no la decisión, indicó un portavoz de la fiscalía de Pará.
El juez federal de Marabá (Pará) Joao César Otoni de Matos rechazó la denuncia porque en su opinión es contraria a la ley de amnistía de 1979, que protege a quienes violaron derechos humanos durante la dictadura de juicios y cárcel.
"Pretender después de más de tres décadas esquivar la ley de amnistía para reabrir la discusión sobre crímenes cometidos durante la dictadura militar es un equívoco que, además de desprovisto de apoyo legal, desconsidera las circunstancias históricas que en un gran esfuerzo de reconciliación nacional llevaron a su instauración", dijo el juez.
Cuatro procuradores públicos brasileños presentaron el miércoles la primera demanda penal por delitos cometidos durante la dictadura por el secuestro de cinco miembros de la guerrilla del Araguaia.
La denuncia acusa al coronel de la reserva del Ejército de Brasil Sebastiao Curió Rodrigues de Moura, conocido como "Doctor Luchini", del "secuestro de cinco militantes capturados durante la represión a la guerrilla del Araguaia en la década de los '70 y hasta hoy desaparecidos".
Los procuradores afirman que su denuncia no contradice a la Corte Suprema, que corroboró en 2010 la ley de amnistía de 1979, sino que se basa en dos decisiones de la máxima instancia judicial, que permitieron la extradición a Argentina a dos ex militares por considerar que sus delitos en la dictadura no prescribieron.
En Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había saludado más temprano este viernes la demanda penal contra Curió.
"Es un paso crucial en la lucha contra la impunidad" que rodea los crímenes cometidos durante el régimen militar brasileño, dijo el portavoz del Comisionado, Rupert Colville, quien destacó que se trata de "la primera vez que Brasil abre procesos por violaciones a los derechos humanos en ese período".
El Estado brasileño reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura.
A diferencia del resto de los países del Cono Sur, no ha habido condenas penales en Brasil a raíz de la ley de amnistía. Algunos parientes de víctimas presentaron acciones civiles, que según el grupo de familiares de víctimas Tortura Nunca Más fueron desconsideradas en altas instancias judiciales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a final de 2010 sin "efectos jurídicos" la ley de amnistía en Brasil y ordenó al país que determine las responsabilidades penales y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.
Brasil acaba de crear una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura. La iniciativa, sancionada por la presidenta Dilma Rousseff, una ex guerrillera que sufrió tortura y cárcel durante el régimen militar, no conlleva acciones penales pero levantó la ira de sectores de las fuerzas armadas.
La demanda penal contra Curió "es una forma de revanchismo de cuño ideológico", afirmó el miércoles el general de la reserva Marco Antonio Felício, que criticó también la Comisión de la Verdad.
"Será la comisión del revanchismo y de la no verdad", dijo el general en una inusual declaración al diario O Estado de Sao Paulo, y llamó al país a "buscar a los desaparecidos, si es que existen, sin afrontar la ley de amnistía".
El juez federal de Marabá (Pará) Joao César Otoni de Matos rechazó la denuncia porque en su opinión es contraria a la ley de amnistía de 1979, que protege a quienes violaron derechos humanos durante la dictadura de juicios y cárcel.
"Pretender después de más de tres décadas esquivar la ley de amnistía para reabrir la discusión sobre crímenes cometidos durante la dictadura militar es un equívoco que, además de desprovisto de apoyo legal, desconsidera las circunstancias históricas que en un gran esfuerzo de reconciliación nacional llevaron a su instauración", dijo el juez.
Cuatro procuradores públicos brasileños presentaron el miércoles la primera demanda penal por delitos cometidos durante la dictadura por el secuestro de cinco miembros de la guerrilla del Araguaia.
La denuncia acusa al coronel de la reserva del Ejército de Brasil Sebastiao Curió Rodrigues de Moura, conocido como "Doctor Luchini", del "secuestro de cinco militantes capturados durante la represión a la guerrilla del Araguaia en la década de los '70 y hasta hoy desaparecidos".
Los procuradores afirman que su denuncia no contradice a la Corte Suprema, que corroboró en 2010 la ley de amnistía de 1979, sino que se basa en dos decisiones de la máxima instancia judicial, que permitieron la extradición a Argentina a dos ex militares por considerar que sus delitos en la dictadura no prescribieron.
En Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había saludado más temprano este viernes la demanda penal contra Curió.
"Es un paso crucial en la lucha contra la impunidad" que rodea los crímenes cometidos durante el régimen militar brasileño, dijo el portavoz del Comisionado, Rupert Colville, quien destacó que se trata de "la primera vez que Brasil abre procesos por violaciones a los derechos humanos en ese período".
El Estado brasileño reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura.
A diferencia del resto de los países del Cono Sur, no ha habido condenas penales en Brasil a raíz de la ley de amnistía. Algunos parientes de víctimas presentaron acciones civiles, que según el grupo de familiares de víctimas Tortura Nunca Más fueron desconsideradas en altas instancias judiciales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a final de 2010 sin "efectos jurídicos" la ley de amnistía en Brasil y ordenó al país que determine las responsabilidades penales y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.
Brasil acaba de crear una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura. La iniciativa, sancionada por la presidenta Dilma Rousseff, una ex guerrillera que sufrió tortura y cárcel durante el régimen militar, no conlleva acciones penales pero levantó la ira de sectores de las fuerzas armadas.
La demanda penal contra Curió "es una forma de revanchismo de cuño ideológico", afirmó el miércoles el general de la reserva Marco Antonio Felício, que criticó también la Comisión de la Verdad.
"Será la comisión del revanchismo y de la no verdad", dijo el general en una inusual declaración al diario O Estado de Sao Paulo, y llamó al país a "buscar a los desaparecidos, si es que existen, sin afrontar la ley de amnistía".
