Inicio
Política
Manifestación contra la dictadura, en Brasil, en los años 70.
El proyecto del Ejecutivo para crear una Comisión de la Verdad, iniciativa de su antecesor y mentor político, Luiz Inacio Lula da Silva, está en manos del Congreso, de mayoría oficialista.
Rousseff, que sufrió en carne propia la tortura y la prisión bajo la dictadura, está empeñada en que la propuesta sea una realidad de aquí a diciembre.
"Haremos la Comisión de la Verdad. No hay la menor duda de eso. En el área de derechos humanos, seré bastante firme", declaró la mandataria de 63 años el viernes, en un discurso ante militantes de su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).
"La revisión de la ley de amnistía no está en la agenda del gobierno. Si nosotros rompiésemos ese pacto, en torno al cual está ya siendo construido el consenso, no llegaríamos ni a la Comisión de la Verdad instituida", declaró la ministra de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, María do Rosario, al periódico Correio Braziliense.
"La prueba de que esta comisión no funcionará es que los militares la apoyan. Esta comisión no esclarecerá ni siquiera la verdad", dijo a la AFP Elizabet Silveira, hermana de uno de los cientos de desaparecidos bajo el régimen militar brasileño y dirigente de la ONG Tortura Nunca Más.
Con la creación de la comisión, Rousseff enviará el mensaje interno y externo de que en materia de derechos humanos hizo "lo posible antes que lo ideal", y podrá "pasar página" de la dictadura, dijo a la AFP Marcelo Rech, director del portal privado InfoRel, especializado en asuntos internacionales y de defensa.
"Los militares toleran esta Comisión porque no va a estar en su contra. Aquí no habrá ajuste de cuentas con el pasado, es inimaginable que en Brasil suceda lo de Argentina, Uruguay o Chile", donde militares han sido juzgados por violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras de los años 70, afirmó Rech.
Las dictaduras que gobernaron esos países en las décadas de los 70 y 80 actuaron coordinadamente bajo el llamado Plan Cóndor de represión a grupos de izquierda.
Argentina anuló las leyes de aministía en 2003 y desde entonces ha condenado a varios de los implicados en violaciones de derechos humanos, mientras en Uruguay y Chile algunos de los responsables han sido llevados a juicio y encarcelados.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura y declaró sin "efectos jurídicos" la amnistía de 1979, que impide enjuiciar a los represores.
Las familias de las víctimas critican que el gobierno haya consensuado el tema con las fuerzas armadas, y no creen que que la Comisión pueda esclarecer la verdad mientras los militares digan que los archivos de la época desaparecieron.
"Esta comisión será un retroceso muy grande (en materia de derechos humanos) porque tendrá muchas limitaciones. No hacer nada es mejor que esto. Una comisión debe establecer la verdad para que los violadores (de derechos humanos) puedan ser procesados", declaró Silveira.
Sin embargo, para algunos observadores como Alexandre Bernandino, profesor de Derecho de la Universidad de Brasilia (estatal), el paso dado por la presidenta es "histórico" porque el país podrá hurgar en su memoria, y desestiman que el apoyo de los militares le reste validez.
"Entre los militares también hay sectores interesados en que se conozca esos hechos porque no quieren que los relacionen más con prácticas ilegales", indicó Bernandino a la AFP.
El Estado brasileño afirma que hubo 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura, contra 30.000 en Argentina, más de 3.200 en Chile y 38 en Uruguay (otros 193 uruguayos desaparecieron en países de la región), según organizaciones humanitarias.
Rousseff, que sufrió en carne propia la tortura y la prisión bajo la dictadura, está empeñada en que la propuesta sea una realidad de aquí a diciembre.
"Haremos la Comisión de la Verdad. No hay la menor duda de eso. En el área de derechos humanos, seré bastante firme", declaró la mandataria de 63 años el viernes, en un discurso ante militantes de su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).
"La revisión de la ley de amnistía no está en la agenda del gobierno. Si nosotros rompiésemos ese pacto, en torno al cual está ya siendo construido el consenso, no llegaríamos ni a la Comisión de la Verdad instituida", declaró la ministra de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, María do Rosario, al periódico Correio Braziliense.
"La prueba de que esta comisión no funcionará es que los militares la apoyan. Esta comisión no esclarecerá ni siquiera la verdad", dijo a la AFP Elizabet Silveira, hermana de uno de los cientos de desaparecidos bajo el régimen militar brasileño y dirigente de la ONG Tortura Nunca Más.
Con la creación de la comisión, Rousseff enviará el mensaje interno y externo de que en materia de derechos humanos hizo "lo posible antes que lo ideal", y podrá "pasar página" de la dictadura, dijo a la AFP Marcelo Rech, director del portal privado InfoRel, especializado en asuntos internacionales y de defensa.
"Los militares toleran esta Comisión porque no va a estar en su contra. Aquí no habrá ajuste de cuentas con el pasado, es inimaginable que en Brasil suceda lo de Argentina, Uruguay o Chile", donde militares han sido juzgados por violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras de los años 70, afirmó Rech.
Las dictaduras que gobernaron esos países en las décadas de los 70 y 80 actuaron coordinadamente bajo el llamado Plan Cóndor de represión a grupos de izquierda.
Argentina anuló las leyes de aministía en 2003 y desde entonces ha condenado a varios de los implicados en violaciones de derechos humanos, mientras en Uruguay y Chile algunos de los responsables han sido llevados a juicio y encarcelados.
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura y declaró sin "efectos jurídicos" la amnistía de 1979, que impide enjuiciar a los represores.
Las familias de las víctimas critican que el gobierno haya consensuado el tema con las fuerzas armadas, y no creen que que la Comisión pueda esclarecer la verdad mientras los militares digan que los archivos de la época desaparecieron.
"Esta comisión será un retroceso muy grande (en materia de derechos humanos) porque tendrá muchas limitaciones. No hacer nada es mejor que esto. Una comisión debe establecer la verdad para que los violadores (de derechos humanos) puedan ser procesados", declaró Silveira.
Sin embargo, para algunos observadores como Alexandre Bernandino, profesor de Derecho de la Universidad de Brasilia (estatal), el paso dado por la presidenta es "histórico" porque el país podrá hurgar en su memoria, y desestiman que el apoyo de los militares le reste validez.
"Entre los militares también hay sectores interesados en que se conozca esos hechos porque no quieren que los relacionen más con prácticas ilegales", indicó Bernandino a la AFP.
El Estado brasileño afirma que hubo 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura, contra 30.000 en Argentina, más de 3.200 en Chile y 38 en Uruguay (otros 193 uruguayos desaparecieron en países de la región), según organizaciones humanitarias.
