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Política
Beate Zschäppe
La sentencia pone fin a un juicio que se ha prolongado durante más de cinco años y considera a Beate Zschäpe, de 43 años, culpable del asesinato de ocho inmigrantes turcos, de uno griego y de una policía alemana entre los años 2000 y 2007.
El tribunal también dictó una pena de cárcel de 10 años para Ralf W., un ex funcionario del neonazi Partido Nacional Democrático (NPD), a quien se juzgó por haber conseguido armas con las que los neonazis dieron muerte a los nueve inmigrantes.
Los otros tres encausados por colaborar con el grupo Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU, en sus siglas en alemán), André E., Carsten S. y Holger G., han sido condenados a penas que van desde los dos años y seis meses a los tres años de prisión por dar apoyo a un grupo terrorista, entre otras cosas a través de actividades logísticas y falsificación de documentos.
En su fallo, los jueces determinaron contra la principal encausada un grado elevado de culpabilidad, lo que en principio cierra la puerta a que Zschäpe pudiese llegar a ser algún día una mujer libre.
En Alemania, la pena de cadena perpetua se corresponde con una privación de la libertad por tiempo indeterminado, pero al menos durante 15 años. Pasado este plazo, la condena de por vida impuesta a un reo se puede revisar. No obstante, si los magistrados incorporan en su fallo este precepto, las posibilidades de que la persona llegue a abandonar la prisión se reducen enormemente.
A la espera de que el Tribunal Supremo alemán revise el veredicto, el abogado de Zschäpe, Wolfgang Heer, anunció poco después de la lectura del fallo que apelará la sentencia. La letrada de Ralf W., Nicole Schneiders, también indicó que recurrirá.
"Esta sentencia es un éxito del Estado de Derecho", declaró el fiscal Herbert Diemer pocos minutos después de hacerse pública la condena. Numerosos políticos, organizaciones de derechos humanos y asociaciones también celebraron el fallo pero insistieron en la necesidad de continuar vigilando de cerca el entorno de la NSU y el papel de las fuerzas de seguridad.
Alemania pone fin así a uno de los procesos más largos, más complejos y más mediáticos que se han juzgado en el país y que investigaba los crímenes xenófobos cometidos por la célula neonazi NSU que Beate Zschäpe integraba junto a sus dos compañeros Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt que, al verse acorralados por la Policía, se quitaron la vida en 2011.
Durante el macrojuicio en el que fueron llamados a declarar más de cien testigos, Zschäpe mantuvo silencio y tan solo declaró a través de una carta leída por sus abogados y en otras dos ocasiones en la fase final del juicio, en la que tomó la palabra para desvincularse de los delitos que se le imputaban.
Los llamados "asesinatos del Bósforo" o "asesinatos del kebab", nombres con los que fue bautizada por la prensa esta trama ultraderechista que tenía en el punto de mira a ciudadanos de origen extranjero, causaron una gran conmoción en Alemania.
El caso, que comenzó a juzgarse en mayo de 2013, dejó al descubierto graves errores por parte de la Policía y los servicios de inteligencia germanos, que no tuvieron la mínima sospecha de una posible motivación racista y dirigieron las pesquisas hacia el entorno de las víctimas, indicando en un principio que eran ajustes de cuentas entre mafias extranjeras.
"Durante once años, los investigadores ignoraron la motivación racista e impidieron así una investigación rápida y exhaustiva de la NSU a través de un enfoque abiertamente racista en parte", criticó hoy Maria Scharlau, de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional.
En el país llegó a hablarse de "desastre histórico sin precedentes" porque, entre otras cosas, se destruyeron documentos de relevancia antes de que concluyeran las investigaciones y se subestimó la amenaza que suponía la ultraderecha en Alemania.
En 2012, en una ceremonia de homenaje a las víctimas, la canciller alemana, Angela Merkel, pidió perdón a los familiares de los fallecidos y calificó los asesinatos de "una vergüenza para nuestro país", a la que vez que recalcó que un episodio similar no podía volver a repetirse.
El tribunal también dictó una pena de cárcel de 10 años para Ralf W., un ex funcionario del neonazi Partido Nacional Democrático (NPD), a quien se juzgó por haber conseguido armas con las que los neonazis dieron muerte a los nueve inmigrantes.
Los otros tres encausados por colaborar con el grupo Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU, en sus siglas en alemán), André E., Carsten S. y Holger G., han sido condenados a penas que van desde los dos años y seis meses a los tres años de prisión por dar apoyo a un grupo terrorista, entre otras cosas a través de actividades logísticas y falsificación de documentos.
En su fallo, los jueces determinaron contra la principal encausada un grado elevado de culpabilidad, lo que en principio cierra la puerta a que Zschäpe pudiese llegar a ser algún día una mujer libre.
En Alemania, la pena de cadena perpetua se corresponde con una privación de la libertad por tiempo indeterminado, pero al menos durante 15 años. Pasado este plazo, la condena de por vida impuesta a un reo se puede revisar. No obstante, si los magistrados incorporan en su fallo este precepto, las posibilidades de que la persona llegue a abandonar la prisión se reducen enormemente.
A la espera de que el Tribunal Supremo alemán revise el veredicto, el abogado de Zschäpe, Wolfgang Heer, anunció poco después de la lectura del fallo que apelará la sentencia. La letrada de Ralf W., Nicole Schneiders, también indicó que recurrirá.
"Esta sentencia es un éxito del Estado de Derecho", declaró el fiscal Herbert Diemer pocos minutos después de hacerse pública la condena. Numerosos políticos, organizaciones de derechos humanos y asociaciones también celebraron el fallo pero insistieron en la necesidad de continuar vigilando de cerca el entorno de la NSU y el papel de las fuerzas de seguridad.
Alemania pone fin así a uno de los procesos más largos, más complejos y más mediáticos que se han juzgado en el país y que investigaba los crímenes xenófobos cometidos por la célula neonazi NSU que Beate Zschäpe integraba junto a sus dos compañeros Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt que, al verse acorralados por la Policía, se quitaron la vida en 2011.
Durante el macrojuicio en el que fueron llamados a declarar más de cien testigos, Zschäpe mantuvo silencio y tan solo declaró a través de una carta leída por sus abogados y en otras dos ocasiones en la fase final del juicio, en la que tomó la palabra para desvincularse de los delitos que se le imputaban.
Los llamados "asesinatos del Bósforo" o "asesinatos del kebab", nombres con los que fue bautizada por la prensa esta trama ultraderechista que tenía en el punto de mira a ciudadanos de origen extranjero, causaron una gran conmoción en Alemania.
El caso, que comenzó a juzgarse en mayo de 2013, dejó al descubierto graves errores por parte de la Policía y los servicios de inteligencia germanos, que no tuvieron la mínima sospecha de una posible motivación racista y dirigieron las pesquisas hacia el entorno de las víctimas, indicando en un principio que eran ajustes de cuentas entre mafias extranjeras.
"Durante once años, los investigadores ignoraron la motivación racista e impidieron así una investigación rápida y exhaustiva de la NSU a través de un enfoque abiertamente racista en parte", criticó hoy Maria Scharlau, de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional.
En el país llegó a hablarse de "desastre histórico sin precedentes" porque, entre otras cosas, se destruyeron documentos de relevancia antes de que concluyeran las investigaciones y se subestimó la amenaza que suponía la ultraderecha en Alemania.
En 2012, en una ceremonia de homenaje a las víctimas, la canciller alemana, Angela Merkel, pidió perdón a los familiares de los fallecidos y calificó los asesinatos de "una vergüenza para nuestro país", a la que vez que recalcó que un episodio similar no podía volver a repetirse.
