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Política
"El gobierno mantiene el proceso participativo con todas las consecuencias", anunció el portavoz del gobierno regional en Barcelona, Francesc Homs, poco después de conocerse la decisión unánime del alto tribunal de suspender esta votación y todos los actos administrativos con vistas a su organización.
Los gobernantes "estamos obligados a cumplir con las decisiones de los tribunales en todos los ámbitos y en éste también", advirtió la vicepresidenta del gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró "convencido" de que el ejecutivo catalán cumplirá el mandato judicial.
A solo cinco días de esta votación muy esperada por un sector importante de la sociedad catalana, los magistrados aceptaron a trámite el recurso de impugnación presentado por el gobierno español del conservador Mariano Rajoy para quien el escrutinio es ilegal y no cumple con las garantías democráticas de un proceso electoral.
La consulta fue anunciada el 14 de octubre por el presidente regional, el nacionalista Artur Mas, como alternativa al referéndum consultivo sobre la independencia convocado inicialmente y suspendido también por el Tribunal Constitucional hace un mes, tras aceptar otro recurso de Madrid.
Bautizada "proceso de participación ciudadana", esta votación estará organizada por 41.000 voluntarios coordinados por el gobierno catalán, no tendrá censo previo sino que los ciudadanos se inscribirán en el colegio electoral y no será supervisado por ninguna junta electoral.
Si finalmente se desoye al tribunal, 5,4 de los 7,5 millones de catalanes podrán votar en unas 6.695 mesas electorales instaladas en institutos públicos para responder la doble pregunta: "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".
Su resultado difícilmente puede ser representativo dada la baja participación que se espera de catalanes contrarios a la independencia, pero una elevada movilización de los partidarios podría conferir a la jornada un importante simbolismo político.
- Abocados a unas elecciones -
"Todo está a punto para el 9 de noviembre", advirtió Homs, aunque sin garantizar completamente que se pueda votar. Además, anunció una demanda judicial contra el gobierno español "por atentar contra el derecho de participación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad ideológica".
El viernes, Artur Mas acusó de "abuso de poder" al ejecutivo central, que desde el inicio de esta crisis territorial argumenta que la Constitución no autoriza a una región decidir unilateralmente sobre la unidad de España ya que la soberanía recae en el conjunto de los españoles.
Con este argumento Madrid denegó en abril una petición del parlamento regional para organizar el ansiado referéndum, competencia de la administración central, e impugnó las dos consultas convocadas en las últimas semanas por el gobierno catalán.
Reelegido presidente a finales de 2012, Mas se comprometió entonces a celebrar un referéndum en esta región nororiental orgullosa de su lengua y su cultura propias donde el independentismo ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Muchos nacionalistas ubican la semilla del conflicto en una sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, sobre una reforma del estatuto de autonomía catalán de 2006, en la que los magistrados invalidaron el estatus de "nación".
La crisis económica posterior, que convirtió a este motor económico del país en una de sus regiones más endeudadas, instigó el malestar hacia la administración central a quien se acusa desde el nacionalismo de maltratar fiscalmente a Cataluña.
Esta insatisfacción se ha traducido en tres multitudinarias manifestaciones en ocasión del 11 de septiembre, fiesta regional de Cataluña. La última de ellas llenó dos grandes avenidas de Barcelona con independentistas que formaron una V de 11 km de largo con las franjas doradas y rojas de la bandera catalana.
Si este éxito de la convocatoria se repite el 9 de noviembre, Cataluña podría verse abocada a unas elecciones regionales anticipadas en las que Artur Mas quiere convencer a los partidos independentistas para presentar una lista conjunta.
Esta opción parece complicada especialmente por la oposición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la segunda fuerza regional que partiría como favorita para ganar los próximos comicios.
Hasta ahora aliados de Mas en este proceso, esta histórica formación de izquierdas ha radicalizado su discurso en las últimas semanas reclamando convocar elecciones para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
