La Corte Nacional de Justicia (CNJ) dejó en firme el martes una condena contra Chevron de 2012, aunque redujo sensiblemente el monto de la multa fijado inicialmente en 19.000 millones de dólares por la contaminación atribuida a su filial Texaco en la Amazonía ecuatoriana.
La sentencia "es tan ilegítima e inejecutable hoy como el día que fue emitida originalmente", señaló Chevron en un comunicado, y agregó que el único fallo que cabía en este caso era el de la nulidad del proceso que se inició hace dos décadas.
La compañía estadounidense nunca actuó directamente en Ecuador, pero asumió el pleito al adquirir Texaco en 2001.
Esta última empresa operó entre 1964 y 1990, tras lo cual dejó el país y fue demandada por unos 30.000 indígenas y campesinos amazónicos, que la acusan de haber vertido desechos tóxicos en los ríos, causando enfermedades y daños ambientales.
Sin embargo, Chevron sostiene que fue liberada de cualquier responsabilidad por un acuerdo suscrito con las autoridades de la época, y acusa a la petrolera estatal ecuatoriana de haber realizado un mal trabajo de reparación ambiental.
El martes, el máximo tribunal ecuatoriano emitió un fallo considerado de última instancia, en el que eximió a la compañía estadounidense de ofrecer disculpas por la contaminación de Texaco, como dispuso la justicia en un principio, y redujo a la mitad la indemnización impuesta el año pasado.
Chevron, que impulsa procesos en Nueva York y en La Haya para desconocer el juicio en Ecuador por considerarlo fraudulento, había sido condenada ya a pagar unos 9.500 millones de dólares, pero la cifra fue elevada en febrero de 2012 a 19.000 millones por rehusarse a presentar excusas públicas.
Sin embargo, la CNJ dejó sin efecto esa parte del fallo.
De su lado, la multinacional pretende que el Estado ecuatoriano sea obligado a asumir el pago de la indemnización, aduciendo la responsabilidad de la empresa Petroecuador en el desastre ambiental.
Pleito sin fronteras
"Con esta decisión de la Corte Nacional se robustecen las acciones de los demandantes para la ejecución de la sentencia en varios países", dijo a la AFP Juan Pablo Sáenz, abogado de los afectados.
En ese sentido, "hay cerca de 30 países, donde hemos conversado con abogados y hecho listados de bienes de Chevron", agregó el representante, absteniéndose de revelar los nombres por razones de estrategia jurídica.
En noviembre de 2012, un juez argentino ordenó el embargo de bienes de la petrolera, pero la Suprema Corte invalidó la decisión en junio, mientras la defensa de los afectados emprendió acciones similares en Brasil y Canadá, que aún no han sido resueltas.
"Chevron no está en el país hace varios años, y tiene muy pocos bienes, por ejemplo las marcas, por lo que los demandantes tratarán de embargar bienes en otros países, pero deberán iniciar un proceso en cada país, y eso puede tardar años", dijo a la AFP Xavier Andrade, profesor y experto en derecho de arbitraje internacional de la Universidad San Francisco (privada).
El largo litigio se vio salpicado en los últimos meses por un duro intercambio de acusaciones.
Chevron se queja de una indebida intromisión del gobierno de Rafael Correa en el proceso, mientras el mandatario lanzó a inicios de octubre una campaña mediática contra la compañía por su intento de desconocer el fallo.
En el juicio que impulsa desde hace casi un mes en Nueva York, la multinacional acusa al abogado estadounidense Steven Donziger, representante de los afectados, de haber sobornado a los jueces ecuatorianos.
Según el defensor del Estado, Diego García, la petrolera buscó utilizar en esa corte unos correos interceptados ilegalmente a Correa, pero el juez de Nueva York desestimó esas comunicaciones.
Esto "es gravísimo, hackearon los mensajes al asesor jurídico de la presidencia y al presidente de la República, pero somos tan transparentes que, pese a que nos hackearon, el juez de Nueva York rechazó esto porque era irrelevante", afirmó Correa el martes antes de conocerse la sentencia.
En un comunicado, la cancillería destacó este miércoles el fallo de última instancia contra Chevron, y anunció que el gobierno seguirá "adelante en la defensa" ante un tribunal internacional de arbitraje de La Haya, donde Chevron intenta responsabilizar al Estado por los daños en la Amazonía.