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Política
Ricardo Lagos
El país está inmerso en el psicoanálisis desde que el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) aseguró a finales de la semana pasada que Chile atraviesa por la "peor crisis institucional y política" que recuerda, exceptuando la que originó el golpe militar en 1973.
"Hay una crisis de legitimidad asociada a una crisis de confianza. La ciudadanía no está confiando ni en las instituciones ni en los actores políticos", ha dicho el exmandatario, que aún no ha manifestado oficialmente su intención de presentarse a los comicios presidenciales de 2017.
El revuelo por estas declaraciones ha sido inmenso tanto por quién las ha hecho como por la realidad que reflejan.
Quizá lo que mejor refleja la "crisis de legitimidad de la élite", como lo define para la AFP el sociólogo Alberto Mayol, es el sistema de pensiones.
Hace unos días, los chilenos se quedaron perplejos al conocer que la exesposa de un diputado socialista y exsubdirectora técnica de la Gendarmería percibe una pensión de más de 5 millones de pesos (unos 7.500 dólares) en un país donde la pensión media se sitúa en torno a los 210.000 (poco más de 300 dólares).
Tras la batalla por la gratuidad de la educación, que desde 2011 ha sido el caballo de batalla de los estudiantes en un país con los gastos más altos en proporción a los ingresos, la población reclama un cambio del sistema de pensiones arbitrario que condena a la mayoría de los jubilados a la pobreza.
Bachelet encargó al principio de su gobierno hace dos años un informe para reformar un sistema de pensiones ideado en plena dictadura que abrazó las teorías neoliberales de los Chicago Boys, reduciendo el papel del Estado al de velar por la seguridad y la justicia.
El sistema de pensiones chileno fue replicado en otros países. Su "padre", el exministro del Trabajo de la dictadura de Augusto Pinochet, José Piñera, regresó el lunes a Chile desde Estados Unidos para salvarlo de las "retroexcavadoras".
"Expropiar los fondos de pensiones (160.000 millones de dólares) de 10 millones de trabajadores sería una bomba atómica contra el modelo económico y la paz social", aseguró.
"El modelo político no ha respetado el pacto con la ciudadanía y el económico ha generado desigualdad", sentencia Mayol.
La corrupción, que ha alcanzado a la nuera y a un hijo de la propia presidenta, los carteles de empresas que amañan precios de productos como el papel higiénico o la financiación de políticos por prósperos empresarios han contribuido al hartazgo de la población y a la desconfianza en el sistema.
"Si hubiera que hacer un paralelo, nuestra política es lo más parecido a un mercado imperfecto lleno de atajos de subsidios de caminos cortos en beneficio de una minoría y en desmedro de una gran mayoría", dice a la AFP el polítologo Jorge Navarrete, quien aboga por "mayor transparencia y mayor competitividad" del sistema político.
Aunque la economía sigue creciendo -1,5% este año según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- el país vive "un fin de ciclo de modelo económico que requerirá mucho sustento político", opina Alberto Mayol.
Un reciente informe de la OCDE, afirma que el modelo económico de Chile, muy dependiente de los recursos naturales, en particular del cobre, la agricultura y la piscicultura, está llegando a sus límites. A ello se suma su vulnerabilidad al cambio climático, la polución en las zonas urbanas y la contaminación de los recursos hídricos.
"No estoy seguro de asistir a un fin de ciclo y de una manera de mirar nuestro modelo social y económico, aunque podría ocurrir (...) quizá, lo que hay es una revaluación crítica de un sistema que rigió los destinos de Chile por los últimos 25 años", dice Navarrete, quien subraya la "rabia que aflora contra el poder económico, político y social que pudiera terminar en un paliativo para reformar, perfeccionar y hacer sustentable el actual modelo económico o crear un nuevo modelo".
No todos opinan lo mismo: "El modelo económico llegó a su nivel y el salto cualitativo no se dio", dice Tomás Mosciatti, propietario de la radio BioBio y reputado periodista, quien aboga por una "reforma del Estado" para pasar a una velocidad superior.
En lo que todos están de acuerdo es que es una tarea conjunta de gobierno, congreso, actores económicos y sociedad civil. Ante las elecciones municipales de octubre, y las presidenciales de noviembre del próximo año, quizá habrá que esperar todavía un tiempo por el cambio.
"Hay una crisis de legitimidad asociada a una crisis de confianza. La ciudadanía no está confiando ni en las instituciones ni en los actores políticos", ha dicho el exmandatario, que aún no ha manifestado oficialmente su intención de presentarse a los comicios presidenciales de 2017.
El revuelo por estas declaraciones ha sido inmenso tanto por quién las ha hecho como por la realidad que reflejan.
Quizá lo que mejor refleja la "crisis de legitimidad de la élite", como lo define para la AFP el sociólogo Alberto Mayol, es el sistema de pensiones.
Hace unos días, los chilenos se quedaron perplejos al conocer que la exesposa de un diputado socialista y exsubdirectora técnica de la Gendarmería percibe una pensión de más de 5 millones de pesos (unos 7.500 dólares) en un país donde la pensión media se sitúa en torno a los 210.000 (poco más de 300 dólares).
Tras la batalla por la gratuidad de la educación, que desde 2011 ha sido el caballo de batalla de los estudiantes en un país con los gastos más altos en proporción a los ingresos, la población reclama un cambio del sistema de pensiones arbitrario que condena a la mayoría de los jubilados a la pobreza.
Bachelet encargó al principio de su gobierno hace dos años un informe para reformar un sistema de pensiones ideado en plena dictadura que abrazó las teorías neoliberales de los Chicago Boys, reduciendo el papel del Estado al de velar por la seguridad y la justicia.
El sistema de pensiones chileno fue replicado en otros países. Su "padre", el exministro del Trabajo de la dictadura de Augusto Pinochet, José Piñera, regresó el lunes a Chile desde Estados Unidos para salvarlo de las "retroexcavadoras".
"Expropiar los fondos de pensiones (160.000 millones de dólares) de 10 millones de trabajadores sería una bomba atómica contra el modelo económico y la paz social", aseguró.
- Corrupción y colusión político-empresarial -
"El modelo político no ha respetado el pacto con la ciudadanía y el económico ha generado desigualdad", sentencia Mayol.
La corrupción, que ha alcanzado a la nuera y a un hijo de la propia presidenta, los carteles de empresas que amañan precios de productos como el papel higiénico o la financiación de políticos por prósperos empresarios han contribuido al hartazgo de la población y a la desconfianza en el sistema.
"Si hubiera que hacer un paralelo, nuestra política es lo más parecido a un mercado imperfecto lleno de atajos de subsidios de caminos cortos en beneficio de una minoría y en desmedro de una gran mayoría", dice a la AFP el polítologo Jorge Navarrete, quien aboga por "mayor transparencia y mayor competitividad" del sistema político.
- ¿Época de cambios o cambio de época? -
Aunque la economía sigue creciendo -1,5% este año según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- el país vive "un fin de ciclo de modelo económico que requerirá mucho sustento político", opina Alberto Mayol.
Un reciente informe de la OCDE, afirma que el modelo económico de Chile, muy dependiente de los recursos naturales, en particular del cobre, la agricultura y la piscicultura, está llegando a sus límites. A ello se suma su vulnerabilidad al cambio climático, la polución en las zonas urbanas y la contaminación de los recursos hídricos.
"No estoy seguro de asistir a un fin de ciclo y de una manera de mirar nuestro modelo social y económico, aunque podría ocurrir (...) quizá, lo que hay es una revaluación crítica de un sistema que rigió los destinos de Chile por los últimos 25 años", dice Navarrete, quien subraya la "rabia que aflora contra el poder económico, político y social que pudiera terminar en un paliativo para reformar, perfeccionar y hacer sustentable el actual modelo económico o crear un nuevo modelo".
No todos opinan lo mismo: "El modelo económico llegó a su nivel y el salto cualitativo no se dio", dice Tomás Mosciatti, propietario de la radio BioBio y reputado periodista, quien aboga por una "reforma del Estado" para pasar a una velocidad superior.
En lo que todos están de acuerdo es que es una tarea conjunta de gobierno, congreso, actores económicos y sociedad civil. Ante las elecciones municipales de octubre, y las presidenciales de noviembre del próximo año, quizá habrá que esperar todavía un tiempo por el cambio.
