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"La buena noticia es que hemos acordado que los sitios (de inicio de desminado) corresponderán a dos departamentos, Antioquia y Meta", dijo el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, a la prensa.
Añadió que "la realidad de este acuerdo está caminando y está a la vuelta de la esquina", aunque no precisó fechas.
Si embargo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), insistieron en la redacción inmediata de un acuerdo sobre reparación de víctimas del conflicto armado, punto que discuten desde hace siete meses.
"Ahora debemos estar todos centrados en redactar el tema de las víctimas, en redactar el acuerdo", dijo el jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez.
Y enfatizó: "Nosotros queremos redactar el acuerdo ya, tenemos unos principios acordados que nos van a servir de preámbulo, pero empecemos ya a redactar el acuerdo".
De la Calle, quien habló una hora después que la delegación de las FARC, aseguró que "no (se cansarán) de repetir, las víctimas son el eje fundamental de estas conversaciones", pero admitió que en el ciclo se continuó con el punto 5 de agenda, el desarme.
- La justicia "como un todo" -
Aún sin concluir un acuerdo sobre víctimas, ambas partes comenzaron a adentrarse en el desarme, pues marca el futuro tanto de los guerrilleros como de los militares, una vez alcanzada la paz.
"Somos plenamente conscientes de que así como tiene que haber reglas claras y seguridad jurídica para las FARC, así también nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Militares. Las dos cosas van de la mano", sostuvo De la Calle.
Un acuerdo final para la terminación del conflicto armado de medio siglo "tiene que incluir una solución integral que ofrezca garantías de seguridad jurídica para todos y permita la satisfacción de los derechos de las víctimas de todas las partes del conflicto", agregó.
Para un acuerdo final, la guerrilla pide entre otras cuestiones una reestructuración de las Fuerzas Armadas y su filosofía militar, así como la extinción de los grupos paramilitares.
Pero De la Calle subrayó: "A La Habana no vinimos a discutir una posible reducción de las Fuerzas Militares ni la estructura de la mismas en un eventual escenario de postconflicto. Eso no hace parte de las conversaciones".
La guerrilla por su parte descarta la aplicación de la denominada "justicia transicional", que llevaría a prisión a muchos de sus miembros hasta la aplicación completa del acuerdo de paz, y exigió concebir "la justicia como un todo".
Esa justicia transicional es "la que tanto sueñan los incautos y desconocedores de las verdades históricas, para ser aplicada a alzados en armas y a miembros de la fuerza pública, dentro de un diseño en el que preparan una jaula de oro para quienes portan insignias oficiales del Estado y otra de indignidad para quienes han hecho uso del derecho de rebelión y portan el uniforme de la insurgencia", dijo Márquez.
"A La Habana vinimos a hacer la paz, no a someternos", reiteró el dirigente guerrillero.
Las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC comenzaron en noviembre de 2012, sobre una agenda consensuada de seis puntos.
Desde entonces las partes han alcanzado acuerdos sobre desarrollo rural, participación ciudadana y política antidrogas, aunque han dejado 28 aspectos de estos puntos pendientes.
Falta por terminar la reparación de las víctimas, el desarme y el mecanismo para refrendar un eventual acuerdo. Ambas partes coinciden en que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".
El próximo ciclo de conversaciones, el número 35, será del 9 al 19 de abril, informó el gobierno.
