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Política
Marcha por los desaparecidos.
De los 61.604 casos ocurridos entre 1942 y el pasado 26 de agosto, 16.655 habrían sido desapariciones forzadas, indicó la Defensoría.
"La sociedad colombiana está despertando del letargo en el que estaba frente a la desaparición", declaró a la AFP Marcela Márquez, jefa de una nueva unidad creada por la Fiscalía para tratar los casos de desaparición forzada y de despojo de tierras que aún está depurando las cifras, por lo que no hay ninguna completamente confiable en la actualidad.
Sin embargo, las cifras serían muy superiores, por ejemplo, a la estimación de desapariciones durante la dictadura argentina (1976-83), de unos 30.000 casos, destacó Guilhem Ravier, responsable del tema en Colombia para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien acotó, sin embargo, que se trata de contextos diferentes.
"En Colombia, son muchos años de conflicto. Por una parte, están las desapariciones forzadas, que implican la voluntad de ocultar el cuerpo. Por otra, están las desapariciones resultado del conflicto armado. En estas últimas, el cuerpo de la persona abatida no ha sido recogido, o se ha enterrado en fosas comunes sin identificación", dijo Ravier a la AFP.
Pero "sabemos que la cifra real es probablemente mucho mayor, porque algunas familias no denuncian por temor o simplemente porque no saben cuál es el procedimiento", añadió.
Colombia vive un conflicto armado interno de casi 50 años que ha implicado a guerrillas izquierdistas, paramilitares de extrema derecha, narcotraficantes y la fuerza pública, con miles de víctimas civiles.
"Hay esfuerzos importantes (para tratar el problema), pero siempre habrá necesidad de reforzar (los organismos que se ocupan de estos casos), dada la magnitud del desafío", declaró Ravier.
Además, "aunque de manera menos sistemática, el fenómeno de desaparición forzada sigue produciéndose", añadió.
En Cali (500 km al suroeste de Bogotá) desapareció el 17 de febrero de este año la ambientalista Sandra Viviana Cuellar, de 26 años. Desde entonces, ni sus familiares ni las autoridades han tenido noticias de las causas de esa desaparición. Pero sus allegados están convencidos de que hay una conexión con sus actividades laborales.
El 19 de febrero se encontró en un barrio de Cali su tarjeta de identidad, celular y objetos personales, "prueba de que su desaparición no fue producto de un robo", dijo a la AFP Bethsua Carvajal, una de sus colegas, integrante de un comité de búsqueda.
"Sabemos que la han desaparecido forzosamente", afirmó Carvajal al describir el sentimiento de "impotencia" ante la falta de información y al lamentar, como otros allegados de desaparecidos, el aislamiento en que se encuentran.
A la tristeza y la incertidumbre por la desaparición se se suman en Colombia infiernos administrativos, según Pedro Mahecha, abogado implicado en este tipo de denuncias que destaca el caso "emblemático" de la familia de Miguel Angel Díaz, militante comunista cuya desaparición cumplirá el lunes 27 años.
Su esposa y sus tres hijas, que contaban 11, 9 y 2 años cuando desapareció su padre, han vivido desde entonces un sinnúmero de obstáculos legales debido en parte a que el delito de desaparición forzada sólo existe en la ley colombiana desde el año 2000.
Díaz fue despedido de su trabajo "por abandono de cargo", lo que dejó sin pensión a la familia, que además se vio forzada durante un tiempo a exilarse por amenazas.
"Ha sido una tortura de 27 años para sus familiares, sin el menor asomo de justicia o verdad", denunció el abogado que pedirá el 5 de septiembre la reapertura del caso.
"La sociedad colombiana está despertando del letargo en el que estaba frente a la desaparición", declaró a la AFP Marcela Márquez, jefa de una nueva unidad creada por la Fiscalía para tratar los casos de desaparición forzada y de despojo de tierras que aún está depurando las cifras, por lo que no hay ninguna completamente confiable en la actualidad.
Sin embargo, las cifras serían muy superiores, por ejemplo, a la estimación de desapariciones durante la dictadura argentina (1976-83), de unos 30.000 casos, destacó Guilhem Ravier, responsable del tema en Colombia para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien acotó, sin embargo, que se trata de contextos diferentes.
"En Colombia, son muchos años de conflicto. Por una parte, están las desapariciones forzadas, que implican la voluntad de ocultar el cuerpo. Por otra, están las desapariciones resultado del conflicto armado. En estas últimas, el cuerpo de la persona abatida no ha sido recogido, o se ha enterrado en fosas comunes sin identificación", dijo Ravier a la AFP.
Pero "sabemos que la cifra real es probablemente mucho mayor, porque algunas familias no denuncian por temor o simplemente porque no saben cuál es el procedimiento", añadió.
Colombia vive un conflicto armado interno de casi 50 años que ha implicado a guerrillas izquierdistas, paramilitares de extrema derecha, narcotraficantes y la fuerza pública, con miles de víctimas civiles.
"Hay esfuerzos importantes (para tratar el problema), pero siempre habrá necesidad de reforzar (los organismos que se ocupan de estos casos), dada la magnitud del desafío", declaró Ravier.
Además, "aunque de manera menos sistemática, el fenómeno de desaparición forzada sigue produciéndose", añadió.
En Cali (500 km al suroeste de Bogotá) desapareció el 17 de febrero de este año la ambientalista Sandra Viviana Cuellar, de 26 años. Desde entonces, ni sus familiares ni las autoridades han tenido noticias de las causas de esa desaparición. Pero sus allegados están convencidos de que hay una conexión con sus actividades laborales.
El 19 de febrero se encontró en un barrio de Cali su tarjeta de identidad, celular y objetos personales, "prueba de que su desaparición no fue producto de un robo", dijo a la AFP Bethsua Carvajal, una de sus colegas, integrante de un comité de búsqueda.
"Sabemos que la han desaparecido forzosamente", afirmó Carvajal al describir el sentimiento de "impotencia" ante la falta de información y al lamentar, como otros allegados de desaparecidos, el aislamiento en que se encuentran.
A la tristeza y la incertidumbre por la desaparición se se suman en Colombia infiernos administrativos, según Pedro Mahecha, abogado implicado en este tipo de denuncias que destaca el caso "emblemático" de la familia de Miguel Angel Díaz, militante comunista cuya desaparición cumplirá el lunes 27 años.
Su esposa y sus tres hijas, que contaban 11, 9 y 2 años cuando desapareció su padre, han vivido desde entonces un sinnúmero de obstáculos legales debido en parte a que el delito de desaparición forzada sólo existe en la ley colombiana desde el año 2000.
Díaz fue despedido de su trabajo "por abandono de cargo", lo que dejó sin pensión a la familia, que además se vio forzada durante un tiempo a exilarse por amenazas.
"Ha sido una tortura de 27 años para sus familiares, sin el menor asomo de justicia o verdad", denunció el abogado que pedirá el 5 de septiembre la reapertura del caso.
