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TEGUCIGALPA, 18 agosto 2009 (AFP) -
"Se va a observar la situación de los derechos humanos en el país en el contexto del golpe de Estado, no lo que ocurrió antes" de la salida del poder del presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio, aclaró a la AFP el director ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, uno de los miembros del grupo.
Los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe como Carlos H. Reyes y Marvin Ponce llegaron a las oficinas que la Comisión instaló en un hotel.
Durante el encuentro "hice un relato de lo que me pasó", afirmó a la AFP Ponce, diputado del izquierdista partido Unificación Democrática (UD) fracturado en el brazo derecho.
"Ibamos el 12 de agosto en la manifestación llegando al Congreso (centro capitalino). En eso aparecieron tres personas que no iban en la manifestación, eran infiltrados, y lanzaron piedras a los escudos de los policías", explicó.
"Los policías reaccionaron lanzando bombas lacrimógenas y toletazos (garrotazo); yo corrí y choqué con una señora y un niño y tratando de ayudarles choqué con otro manifestante y caí. 'Este es el diputado revoltoso démosle duro', dijo un policía", agregó Ponce.
Por su parte, Reyes relató a la Comisión que a él lo agredieron en El Durazno, 5 km al norte de Tegucigalpa, donde los miembros del Frente bloqueaban la carretera. Policías lo atacaron a garrotazos, rodó por un abismo y resultó con un brazo fracturado.
La misión también visitará "con una agenda abierta", según Cantón, otras zonas del país como San Pedro Sula (norte), la región fronteriza de El Paraíso (este) -donde hace unas semanas se registraron incidentes cuando Zelaya intentó ingresar al país procedente de Nicaragua-, Tocoa (noreste) y Comayagua (centro), entre otras.
La CIDH ya dictó medidas cautelares para que el gobierno de facto proteja la vida de unos cien hondureños amenazados después del golpe.
Cantón explicó que la Corte Suprema de Justicia llamó el viernes a los que tienen medidas cautelares para coordinar la seguridad que se les puede prestar, con guardias o vehículos blindados, y giró notas a los juzgados investigando supuestos abusos cometidos contra seguidores de Zelaya que han estado demandando el regreso del mandatario a través de manifestaciones públicas.
La vicecanciller, Martha Lorena Alvarado, se quejó de que no conoce la agenda de la misión de la CIDH "porque no se han abocado a la cancillería". Los miembros de la misión "no siguieron el conducto natural y normal de una visita de esa magnitud", lamentó.
Dijo que en los organismos de derechos humanos "hay una enorme infiltración de la izquierda y me consta porque antes de estar en política he sido asesora del derecho humano a la vida" y "por eso tenemos que tener mucha cautela y no tener grandes expectativas" por la visita.
La comisión está integrada además por Luz Patricia Mejía (venezolana, presidenta), Víctor Abramovich (argentino, vicepresidente), Felipe González (chileno, relator) y Paolo Carozza (estadounidense, relator).
Días después de terminar la visita de la misión de la CIDH, tiene previsto llegar a Honduras una misión de cancilleres de la OEA.
La OEA decidió enviar a Honduras una misión de cancilleres para insistir en una salida negociada a la crisis en el marco del Acta de San José, pero el viaje se retrasó por objeciones que puso el régimen a que el secretario general, José Miguel Insulza, la integrara.
Micheletti aceptó luego la presencia de Insulza como "observador", y ahora falta que la OEA anuncie la nueva fecha del viaje, que según Insulza sería a finales de la próxima semana o la siguiente.
La OEA, que suspendió a Honduras tras el golpe, presiona a Micheletti para que acepte el acuerdo resultante de la mediación del presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que estipula la vuelta al poder de Zelaya, amnistía política y adelanto de las elecciones de noviembre.
nl/dk
© 1994-2009 Agence France-Presse
"Se va a observar la situación de los derechos humanos en el país en el contexto del golpe de Estado, no lo que ocurrió antes" de la salida del poder del presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio, aclaró a la AFP el director ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, uno de los miembros del grupo.
Los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe como Carlos H. Reyes y Marvin Ponce llegaron a las oficinas que la Comisión instaló en un hotel.
Durante el encuentro "hice un relato de lo que me pasó", afirmó a la AFP Ponce, diputado del izquierdista partido Unificación Democrática (UD) fracturado en el brazo derecho.
"Ibamos el 12 de agosto en la manifestación llegando al Congreso (centro capitalino). En eso aparecieron tres personas que no iban en la manifestación, eran infiltrados, y lanzaron piedras a los escudos de los policías", explicó.
"Los policías reaccionaron lanzando bombas lacrimógenas y toletazos (garrotazo); yo corrí y choqué con una señora y un niño y tratando de ayudarles choqué con otro manifestante y caí. 'Este es el diputado revoltoso démosle duro', dijo un policía", agregó Ponce.
Por su parte, Reyes relató a la Comisión que a él lo agredieron en El Durazno, 5 km al norte de Tegucigalpa, donde los miembros del Frente bloqueaban la carretera. Policías lo atacaron a garrotazos, rodó por un abismo y resultó con un brazo fracturado.
La misión también visitará "con una agenda abierta", según Cantón, otras zonas del país como San Pedro Sula (norte), la región fronteriza de El Paraíso (este) -donde hace unas semanas se registraron incidentes cuando Zelaya intentó ingresar al país procedente de Nicaragua-, Tocoa (noreste) y Comayagua (centro), entre otras.
La CIDH ya dictó medidas cautelares para que el gobierno de facto proteja la vida de unos cien hondureños amenazados después del golpe.
Cantón explicó que la Corte Suprema de Justicia llamó el viernes a los que tienen medidas cautelares para coordinar la seguridad que se les puede prestar, con guardias o vehículos blindados, y giró notas a los juzgados investigando supuestos abusos cometidos contra seguidores de Zelaya que han estado demandando el regreso del mandatario a través de manifestaciones públicas.
La vicecanciller, Martha Lorena Alvarado, se quejó de que no conoce la agenda de la misión de la CIDH "porque no se han abocado a la cancillería". Los miembros de la misión "no siguieron el conducto natural y normal de una visita de esa magnitud", lamentó.
Dijo que en los organismos de derechos humanos "hay una enorme infiltración de la izquierda y me consta porque antes de estar en política he sido asesora del derecho humano a la vida" y "por eso tenemos que tener mucha cautela y no tener grandes expectativas" por la visita.
La comisión está integrada además por Luz Patricia Mejía (venezolana, presidenta), Víctor Abramovich (argentino, vicepresidente), Felipe González (chileno, relator) y Paolo Carozza (estadounidense, relator).
Días después de terminar la visita de la misión de la CIDH, tiene previsto llegar a Honduras una misión de cancilleres de la OEA.
La OEA decidió enviar a Honduras una misión de cancilleres para insistir en una salida negociada a la crisis en el marco del Acta de San José, pero el viaje se retrasó por objeciones que puso el régimen a que el secretario general, José Miguel Insulza, la integrara.
Micheletti aceptó luego la presencia de Insulza como "observador", y ahora falta que la OEA anuncie la nueva fecha del viaje, que según Insulza sería a finales de la próxima semana o la siguiente.
La OEA, que suspendió a Honduras tras el golpe, presiona a Micheletti para que acepte el acuerdo resultante de la mediación del presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que estipula la vuelta al poder de Zelaya, amnistía política y adelanto de las elecciones de noviembre.
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