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El texto final del grupo de trabajo será entregado el 10 de diciembre, según detalló la propia comisión creada en 2011 por la presidenta Dilma Rousseff, quien estuvo presa y fue torturada durante la dictadura. El informe ya está en revisión y debe estar listo en los próximos días, informó el diario.
Folha detalló además que sólo uno de los seis integrantes de la comisión está en contra de modificar la ley que impide juzgar a policías y militares que cometieron crímenes en ese período. La norma entró en vigencia en 1979 y en 2010 el Supremo Tribunal Federal decidió mantenerla en vigor.
Es probable además que el número de muertos y desaparecidos durante la dictadura reconocidos oficialmente pase de 356 a 420, debido a nuevas metodologías y testimonios. De acuerdo con el diario, no se considerarán muertes de agricultores e indígenas que han sido asociadas al régimen militar.
El informe, de unas 2.000 páginas, tendrá tres volúmenes: el primero detallará la violencia practicada por el Estado, métodos y lugares usados para detener opositores y recomendará la responsabilización criminal de agentes; el segundo contendrá las investigaciones realizadas, mientras que el tercero detallará el perfil de los muertos y desaparecidos.
A diferencia de otros países que también sufrieron férreas dictaduras a finales del siglo pasado como Argentina, Chile y Uruguay, Brasil no ha juzgado a los represores de esa época, precisamente por la ley de amnistía.
