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TEGUCIGALPA, 2 julio 2009 (AFP) -
Ante el ultimátum de 72 horas para restituir a Zelaya que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio al gobierno interino, el presidente designado por el Congreso, Roberto Micheletti, fue tajante: "Nosotros no podemos negociar nada" y Zelaya "nunca va a retornar al poder".
"No podemos llegar a un arreglo porque el ex presidente Zelaya tiene aquí órdenes de captura por delitos que él cometió cuando fue funcionario", dijo en una entrevista exclusiva con la AFP en la sede presidencial, tras una ceremonia en la que tomó juramento a nuevos funcionarios de su gabinete.
Estados Unidos suspendió sus "actividades militares con las fuerzas armadas de Honduras el tiempo necesario para estudiar la situación", dijo el portavoz del Pentágono, Bryan Whitman, mientras que varios países europeos, entre ellos España y Francia, llamaron a consultas a sus embajadores en Tegucigalpa.
A la presión política y militar, se sumó la financiera. El Banco Mundial decidió hacer "una pausa en sus préstamos" al país centroamericano, "hasta que se encuentre una solución a la crisis actual", indicó su portavoz, Sergio Jellinek, a la AFP.
El BM financia 16 proyectos en Honduras, y hay desembolsos pendientes por 270 millones de dólares, precisó.
Estados Unidos a su vez postergó hasta el lunes su decisión sobre un eventual congelamiento de su ayuda a Honduras, indicó una fuente gubernamental en Washington.
"Si la comunidad internacional considera que hemos cometido delitos, algún error, que nos condene y se acabó. Esto es autodeterminación del pueblo", dijo Micheletti, quien aseguró que "le vamos a resolver el problema al pueblo como podamos".
"No se olvide que este gobierno es por seis meses. Una vez que nosotros elijamos nuestras nuevas autoridades ellos (la comunidad internacional) tendrán la libertad de abrirle los espacios a las nuevas autoridades", dijo en referencia a su "garantía" de que habrá elecciones el 29 de noviembre y entregará el poder al presidente electo el 27 de enero.
Micheletti anunció que el gobierno garantizará dos partidas por casi tres millones de dólares, una para luchar contra la gripe A y otra para prevenir inundaciones.
Mientras, Zelaya, que ha pospuesto 72 horas su anunciado regreso a Tegucigalpa, previsto inicialmente para el jueves, asistió este miércoles a la toma de posesión del nuevo presidente panameño Ricardo Martinelli.
En Honduras, por tercer día consecutivo, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades, unas a favor y otras en contra de Zelaya, sobre quien pesa una órden de captura emitida por la justicia que lo acusa de 18 delitos.
En las únicas que se produjeron disturbios fue en la del lunes, cuando los enfrentamientos entre policías y manifestantes dejaron cerca de 300 heridos.
El Congreso aprobó este miércoles restringir temporalmente algunas garantías constitucionales, como la libertad de movimiento y salir del territorio nacional, hábeas corpus, y la libertad de asociación y reunión, por el periodo del toque de queda -que concluye el viernes-, y que se extiende desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana.
Tanto los partidos políticos como empresarios, medios de comunicación y parte de la población están en contra del retorno de Zelaya y aprueban su expulsión del gobierno y del país ocurrida el domingo.
Desoyendo a la justicia que la había declarado ilegal, Zelaya estaba determinado a realizar ese día una consulta popular cuyo fin último era reformar la Constitución.
Zelaya, que había llegado al poder en elecciones democráticas ungido por un partido de derecha, giró su línea durante su mandato, y finalizó ingresando a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), grupo de países con gobiernos de izquierda, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua.
af/rpl
© 1994-2009 Agence France-Presse
Ante el ultimátum de 72 horas para restituir a Zelaya que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio al gobierno interino, el presidente designado por el Congreso, Roberto Micheletti, fue tajante: "Nosotros no podemos negociar nada" y Zelaya "nunca va a retornar al poder".
"No podemos llegar a un arreglo porque el ex presidente Zelaya tiene aquí órdenes de captura por delitos que él cometió cuando fue funcionario", dijo en una entrevista exclusiva con la AFP en la sede presidencial, tras una ceremonia en la que tomó juramento a nuevos funcionarios de su gabinete.
Estados Unidos suspendió sus "actividades militares con las fuerzas armadas de Honduras el tiempo necesario para estudiar la situación", dijo el portavoz del Pentágono, Bryan Whitman, mientras que varios países europeos, entre ellos España y Francia, llamaron a consultas a sus embajadores en Tegucigalpa.
A la presión política y militar, se sumó la financiera. El Banco Mundial decidió hacer "una pausa en sus préstamos" al país centroamericano, "hasta que se encuentre una solución a la crisis actual", indicó su portavoz, Sergio Jellinek, a la AFP.
El BM financia 16 proyectos en Honduras, y hay desembolsos pendientes por 270 millones de dólares, precisó.
Estados Unidos a su vez postergó hasta el lunes su decisión sobre un eventual congelamiento de su ayuda a Honduras, indicó una fuente gubernamental en Washington.
"Si la comunidad internacional considera que hemos cometido delitos, algún error, que nos condene y se acabó. Esto es autodeterminación del pueblo", dijo Micheletti, quien aseguró que "le vamos a resolver el problema al pueblo como podamos".
"No se olvide que este gobierno es por seis meses. Una vez que nosotros elijamos nuestras nuevas autoridades ellos (la comunidad internacional) tendrán la libertad de abrirle los espacios a las nuevas autoridades", dijo en referencia a su "garantía" de que habrá elecciones el 29 de noviembre y entregará el poder al presidente electo el 27 de enero.
Micheletti anunció que el gobierno garantizará dos partidas por casi tres millones de dólares, una para luchar contra la gripe A y otra para prevenir inundaciones.
Mientras, Zelaya, que ha pospuesto 72 horas su anunciado regreso a Tegucigalpa, previsto inicialmente para el jueves, asistió este miércoles a la toma de posesión del nuevo presidente panameño Ricardo Martinelli.
En Honduras, por tercer día consecutivo, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades, unas a favor y otras en contra de Zelaya, sobre quien pesa una órden de captura emitida por la justicia que lo acusa de 18 delitos.
En las únicas que se produjeron disturbios fue en la del lunes, cuando los enfrentamientos entre policías y manifestantes dejaron cerca de 300 heridos.
El Congreso aprobó este miércoles restringir temporalmente algunas garantías constitucionales, como la libertad de movimiento y salir del territorio nacional, hábeas corpus, y la libertad de asociación y reunión, por el periodo del toque de queda -que concluye el viernes-, y que se extiende desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana.
Tanto los partidos políticos como empresarios, medios de comunicación y parte de la población están en contra del retorno de Zelaya y aprueban su expulsión del gobierno y del país ocurrida el domingo.
Desoyendo a la justicia que la había declarado ilegal, Zelaya estaba determinado a realizar ese día una consulta popular cuyo fin último era reformar la Constitución.
Zelaya, que había llegado al poder en elecciones democráticas ungido por un partido de derecha, giró su línea durante su mandato, y finalizó ingresando a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), grupo de países con gobiernos de izquierda, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua.
af/rpl
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