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Política
José Dirceu, a la izquierda, junto a Lula Da Silva
"Es posible que después de que se confirmen las sentencias se moralice un poco la política, pero nada va a cambiar de la noche a la mañana. No habrá un cambio radical en las costumbres de los partidos y los electores", dijo a la AFP Ivar Hartmann, profesor de derecho constitucional de la Fundación Getulio Vargas.
Este martes la oposición y gran parte de la prensa aplaudió la histórica decisión del Supremo Tribunal Federal de condenar a 10 años y 10 meses de prisión a José Dirceu, exjefe de gabinete de Luiz Inacio Lula da Silva.
Dirceu, un exguerrillero de 66 años, fue presentado por los jueces como el principal responsable de una red que desvió dineros públicos para comprar apoyos en el Congreso durante el primer mandato de Lula (2003-2007).
El exmandatario, que pese al escándalo fue reelegido para un segundo mandato consecutivo que concluyó a finales de 2010 con una altísima popularidad que persiste hasta hoy, negó siempre cualquier vinculación con el caso y fue excluido del juicio.
Dirceu -aún en libertad- consideró injusto el fallo y prometió luchar desde la cárcel para probar su inocencia. Junto con él también fueron sentenciados José Genoino y Delubio Soares, expresidente y extesorero del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) que gobierna Brasil desde hace nueve años.
"Fue un juicio con tendencias políticas, con presión muy fuerte de los grandes medios de comunicación", criticó en un video el presidente del PT, Rui Falcao, quien se declaró triste e indignado con la "decisión injusta" de los magistrados.
El fallo contra los dirigentes del PT, que deberá ser ratificado al final del juicio, fue recibido como un avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad, males que históricamente han aquejado a la sexta economía del mundo.
"No creo que una sentencia pueda cambiar una cultura política, pero es un paso significativo, sobre todo porque la justicia sale muy fortalecida. Ahora se espera que actúe contra los demás partidos con prácticas similares", comentó Soraia Mendes, especialista en delitos contra la administración pública e investigadora de la Universidad de Brasilia (estatal).
De su lado, el historiador y politólogo José Murilo de Carvalo, miembro de la Academia Brasileña de Letras y de la de Ciencias de Brasil, afirmó que las condenas contra Dirceu y sus copartidarios cuestionan una larga tradición de impunidad en el país.
"La impunidad de los poderosos, por la política, el dinero o el estatus social, siempre fue nuestra tradición. Máximo se abrían procesos que terminaban en prescripción, absolución o conmutación (...) La diferencia ahora es que hubo condenas que implican prisión", señaló Murilo de Carvalo al diario O Estado de Sao Paulo.
"Si hubiera continuidad y consistencia con la nueva jurisprudencia, y se extendiera a las cortes inferiores (...) políticos, gestores públicos y empresarios tendrán que pensarlo dos veces antes de violar la ley", agregó.
El juicio contra los excolaboradores de Lula, que involucra en total a 25 políticos y empresarios declarados culpables, es considerado el mayor hito de la justicia brasileña contra la corrupción política.
En 1992, a dos años de concluir su mandato, Fernando Collor de Mello fue forzado a dejar el poder por un caso de corrupción antes de que fuera sometido a un juicio de destitución en el Congreso, pero la Corte Suprema lo absolvió luego por falta de pruebas. Desde 2007 ocupa un escaño como senador.
Desde esa época varias cosas cambiaron en Brasil: tras el fin de la dictadura (1964-1985) se fortalecieron la democracia y la autonomía judicial, se aprobaron leyes electorales contra la corrupción y aumentó la fiscalización de la prensa, señalan los observadores.
"El país se habría desestabilizado si la justicia fallaba contra Collor de Mello, pero ahora la justicia actúa y no hay crisis de inestabilidad", comentó el profesor Hartman.
Este martes la oposición y gran parte de la prensa aplaudió la histórica decisión del Supremo Tribunal Federal de condenar a 10 años y 10 meses de prisión a José Dirceu, exjefe de gabinete de Luiz Inacio Lula da Silva.
Dirceu, un exguerrillero de 66 años, fue presentado por los jueces como el principal responsable de una red que desvió dineros públicos para comprar apoyos en el Congreso durante el primer mandato de Lula (2003-2007).
El exmandatario, que pese al escándalo fue reelegido para un segundo mandato consecutivo que concluyó a finales de 2010 con una altísima popularidad que persiste hasta hoy, negó siempre cualquier vinculación con el caso y fue excluido del juicio.
Dirceu -aún en libertad- consideró injusto el fallo y prometió luchar desde la cárcel para probar su inocencia. Junto con él también fueron sentenciados José Genoino y Delubio Soares, expresidente y extesorero del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) que gobierna Brasil desde hace nueve años.
"Fue un juicio con tendencias políticas, con presión muy fuerte de los grandes medios de comunicación", criticó en un video el presidente del PT, Rui Falcao, quien se declaró triste e indignado con la "decisión injusta" de los magistrados.
El fallo contra los dirigentes del PT, que deberá ser ratificado al final del juicio, fue recibido como un avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad, males que históricamente han aquejado a la sexta economía del mundo.
"No creo que una sentencia pueda cambiar una cultura política, pero es un paso significativo, sobre todo porque la justicia sale muy fortalecida. Ahora se espera que actúe contra los demás partidos con prácticas similares", comentó Soraia Mendes, especialista en delitos contra la administración pública e investigadora de la Universidad de Brasilia (estatal).
De su lado, el historiador y politólogo José Murilo de Carvalo, miembro de la Academia Brasileña de Letras y de la de Ciencias de Brasil, afirmó que las condenas contra Dirceu y sus copartidarios cuestionan una larga tradición de impunidad en el país.
"La impunidad de los poderosos, por la política, el dinero o el estatus social, siempre fue nuestra tradición. Máximo se abrían procesos que terminaban en prescripción, absolución o conmutación (...) La diferencia ahora es que hubo condenas que implican prisión", señaló Murilo de Carvalo al diario O Estado de Sao Paulo.
"Si hubiera continuidad y consistencia con la nueva jurisprudencia, y se extendiera a las cortes inferiores (...) políticos, gestores públicos y empresarios tendrán que pensarlo dos veces antes de violar la ley", agregó.
El juicio contra los excolaboradores de Lula, que involucra en total a 25 políticos y empresarios declarados culpables, es considerado el mayor hito de la justicia brasileña contra la corrupción política.
En 1992, a dos años de concluir su mandato, Fernando Collor de Mello fue forzado a dejar el poder por un caso de corrupción antes de que fuera sometido a un juicio de destitución en el Congreso, pero la Corte Suprema lo absolvió luego por falta de pruebas. Desde 2007 ocupa un escaño como senador.
Desde esa época varias cosas cambiaron en Brasil: tras el fin de la dictadura (1964-1985) se fortalecieron la democracia y la autonomía judicial, se aprobaron leyes electorales contra la corrupción y aumentó la fiscalización de la prensa, señalan los observadores.
"El país se habría desestabilizado si la justicia fallaba contra Collor de Mello, pero ahora la justicia actúa y no hay crisis de inestabilidad", comentó el profesor Hartman.
