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La ley, que ya contaba con la sanción unánime de la Cámara de Diputados, procura "promover la accesibilidad de medicamentos, vacunas, productos médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública", según su texto.
Declara además "de interés nacional la producción pública, vacunas y productos médicos" a los que considera "bienes sociales".
La norma apoya la necesidad de articular los laboratorios públicos con las universidades e impulsa darle prioridad a la producción pública en las compras del Estado argentino y de los diferentes distritos.
Se considera laboratorios de producción pública a los que pertenecen al Estado nacional, administraciones provinciales y municipales, de las fuerzas armadas y de las universidades públicas.
La norma establece además "como marco de referencia la propuesta de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud" y "promover la investigación y producción de medicamentos huérfanos", es decir, de los que las compañías farmacéuticas no se ocupan por no ser rentables.
La ley fue calificada de "un hecho histórico" por la Red Nacional de Laboratorios Públicos, creada en 2007.
"Esta norma da un marco legal a un fenómeno existente", dijo el senador oficialista y economista Eric Calcagno en su exposición en el recinto.
"No se busca desplazar el sector privado, sino establecer una economía mixta. Ambos pueden convivir sin competir. Entre 2003 y 2007, el sector aumentó 53% su producción física", agregó.
La producción pública había cobrado impulso con la ley de Medicamentos Genéricos, sancionada en agosto de 2002 en el marco de la peor crisis económica de Argentina.
Con la nueva norma se busca también cubrir necesidades del Plan Remediar, que provee fármacos a todas las salas de atención primaria del país, por un valor de 200 millones de dólares al año.
El Plan se financia con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y los productos se adquieren por licitación pública internacional.
Declara además "de interés nacional la producción pública, vacunas y productos médicos" a los que considera "bienes sociales".
La norma apoya la necesidad de articular los laboratorios públicos con las universidades e impulsa darle prioridad a la producción pública en las compras del Estado argentino y de los diferentes distritos.
Se considera laboratorios de producción pública a los que pertenecen al Estado nacional, administraciones provinciales y municipales, de las fuerzas armadas y de las universidades públicas.
La norma establece además "como marco de referencia la propuesta de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud" y "promover la investigación y producción de medicamentos huérfanos", es decir, de los que las compañías farmacéuticas no se ocupan por no ser rentables.
La ley fue calificada de "un hecho histórico" por la Red Nacional de Laboratorios Públicos, creada en 2007.
"Esta norma da un marco legal a un fenómeno existente", dijo el senador oficialista y economista Eric Calcagno en su exposición en el recinto.
"No se busca desplazar el sector privado, sino establecer una economía mixta. Ambos pueden convivir sin competir. Entre 2003 y 2007, el sector aumentó 53% su producción física", agregó.
La producción pública había cobrado impulso con la ley de Medicamentos Genéricos, sancionada en agosto de 2002 en el marco de la peor crisis económica de Argentina.
Con la nueva norma se busca también cubrir necesidades del Plan Remediar, que provee fármacos a todas las salas de atención primaria del país, por un valor de 200 millones de dólares al año.
El Plan se financia con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y los productos se adquieren por licitación pública internacional.
