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Delcy Rodríguez
Aunque la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, negó que el decreto haya disuelto a la Asamblea Nacional (Congreso), ésta queda sin atribuciones.
"No está disuelta la Asamblea Nacional. Los diputados deben seguir trabajando y respetar al poder originario. Vamos a convivir", explicó en la cuenta de Twitter de la Constituyente.
El decreto fue aprobado después de que la directiva de la Asamblea Nacional (Congreso) se negara a comparecer ante la Constituyente, controlada por el oficialismo y sin representación opositora.
Con el decreto, la Constituyente asume las competencias en materias legislativas para "garantizar la preservación de la paz, la soberanía y el sistema socio-económico y financiero del Estado y los derechos del pueblo".
"Esta Asamblea Constituyente es un escudo protector y está enfrentada a los poderes fácticos imperiales que quieren atentar contra a soberanía y el pueblo de Venezuela", aseveró Delcy Rodríguez.
El Congreso, por su parte, se negó a reconocer la decisión. "La directiva de la Asamblea Nacional y diputados de la Unidad (alianza opositora) no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer (el presidente Nicolás) Maduro a través de fraudulenta Constituyente", señaló el líder de la mayoría opositora, Julio Borges.
El líder opositor consideró que la Constituyente busca repetir así las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que buscaban disolver el poder Legislativo.
Esos fallos del TSJ, de fines de marzo, despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones. Aunque fueron retirados parcialmente, despertaron un movimiento de rechazo y el inicio de las protestas contra el Gobierno, que entre abril y julio dejaron 123 muertos.
"El golpe de Estado perpetrado por la Constituyente es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra Asamblea Nacional y la Constitución", aseveró la Asamblea.
Asimismo, señaló que la Constituyente es "nula" y sus actos "ilegales e inconstitucionales". La elección de los miembros del órgano, en la que no participó la oposición, se dio en medio de denuncias de fraude.
Borges recalcó que la decisión de anular la Asamblea Nacional no será acatada por el foro legislativo, la comunidad internacional o el pueblo y convocó al pueblo a acompañar el sábado una sesión en el palacio legislativo.
Por su parte, Delcy Rodríguez dijo que la oposición que domina la Asamblea Nacional está a favor de los "más oscuros y groseros intereses imperiales" y llevó al país la violencia en las protestas contra el Gobierno con el propósito de derrocar al presidente.
"Ellos en el corazón tiene estampada la bandera de Estados Unidos y para defender ese modelo tienen que recurrir a la acción criminal", manifestó.
Previamente, el jefe de la bancada opositora del Congreso, Stalin González, hizo pública una carta de los diputados al pueblo venezolano, a la comunidad internacional y al presidente Maduro.
Allí denuncian que se pretende "someter al pueblo a una mentira constituyente, a la simulación de un nuevo momento fundacional con el único objeto de destruir la Constitución de 1999, que además el pueblo ratificó en 2007, para perpetuar una dictadura".
La comunicación hace un recuento de la crisis económica que azota al país, el secuestro de los derechos políticos y la destrucción del "voto libre", que se suman a la pobreza material.
"El derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica se han convertido en enemigos de la dictadura. Maduro necesita silencio para consumar su injusticia. Cualquier expresión de la voz del pueblo es criminalizada", señala.
"No está disuelta la Asamblea Nacional. Los diputados deben seguir trabajando y respetar al poder originario. Vamos a convivir", explicó en la cuenta de Twitter de la Constituyente.
El decreto fue aprobado después de que la directiva de la Asamblea Nacional (Congreso) se negara a comparecer ante la Constituyente, controlada por el oficialismo y sin representación opositora.
Con el decreto, la Constituyente asume las competencias en materias legislativas para "garantizar la preservación de la paz, la soberanía y el sistema socio-económico y financiero del Estado y los derechos del pueblo".
"Esta Asamblea Constituyente es un escudo protector y está enfrentada a los poderes fácticos imperiales que quieren atentar contra a soberanía y el pueblo de Venezuela", aseveró Delcy Rodríguez.
El Congreso, por su parte, se negó a reconocer la decisión. "La directiva de la Asamblea Nacional y diputados de la Unidad (alianza opositora) no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer (el presidente Nicolás) Maduro a través de fraudulenta Constituyente", señaló el líder de la mayoría opositora, Julio Borges.
El líder opositor consideró que la Constituyente busca repetir así las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que buscaban disolver el poder Legislativo.
Esos fallos del TSJ, de fines de marzo, despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones. Aunque fueron retirados parcialmente, despertaron un movimiento de rechazo y el inicio de las protestas contra el Gobierno, que entre abril y julio dejaron 123 muertos.
"El golpe de Estado perpetrado por la Constituyente es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra Asamblea Nacional y la Constitución", aseveró la Asamblea.
Asimismo, señaló que la Constituyente es "nula" y sus actos "ilegales e inconstitucionales". La elección de los miembros del órgano, en la que no participó la oposición, se dio en medio de denuncias de fraude.
Borges recalcó que la decisión de anular la Asamblea Nacional no será acatada por el foro legislativo, la comunidad internacional o el pueblo y convocó al pueblo a acompañar el sábado una sesión en el palacio legislativo.
Por su parte, Delcy Rodríguez dijo que la oposición que domina la Asamblea Nacional está a favor de los "más oscuros y groseros intereses imperiales" y llevó al país la violencia en las protestas contra el Gobierno con el propósito de derrocar al presidente.
"Ellos en el corazón tiene estampada la bandera de Estados Unidos y para defender ese modelo tienen que recurrir a la acción criminal", manifestó.
Previamente, el jefe de la bancada opositora del Congreso, Stalin González, hizo pública una carta de los diputados al pueblo venezolano, a la comunidad internacional y al presidente Maduro.
Allí denuncian que se pretende "someter al pueblo a una mentira constituyente, a la simulación de un nuevo momento fundacional con el único objeto de destruir la Constitución de 1999, que además el pueblo ratificó en 2007, para perpetuar una dictadura".
La comunicación hace un recuento de la crisis económica que azota al país, el secuestro de los derechos políticos y la destrucción del "voto libre", que se suman a la pobreza material.
"El derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica se han convertido en enemigos de la dictadura. Maduro necesita silencio para consumar su injusticia. Cualquier expresión de la voz del pueblo es criminalizada", señala.
