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Política
Freddy Guevara
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que el ente había convocado a Guevara para que le diera la cara al país en la sesión de hoy.
"Pero está protegido por un Gobierno que se ha prestado para gestar agresiones contra Venezuela y (Chile) no puede decir que no conocía de los hechos de violencia causados por este dirigente y otros", dijo al referirse a las protestas contra el Gobierno entre abril y julio, que dejaron más de 100 muertos.
La Constituyente está dominada por el chavismo y defiende tener poderes plenipotenciarios.
"Llegó la hora de la justicia, de la defensa, de la verdad, de la paz y del Estado de justicia en Venezuela y nosotros tampoco tenemos miedo para autorizar que el TSJ prosiga con el enjuiciamiento del ciudadano Freddy Guevara", señaló.
Antes, el Gobierno dijo que es "notoria" la responsabilidad de Guevara en la violencia ocurrida durante las protestas entre abril y julio, al respaldar los procedimientos judiciales para despojarlo de la inmunidad parlamentaria y someterlo a juicio.
"Para el pueblo venezolano resultan públicas y notorias las actuaciones del diputado y su presunta responsabilidad durante las acciones violentas de desestabilización política conocidas como 'las guarimbas', que dejaron un doloroso saldo en pérdidas humanas y daños materiales", dice el Gobierno en una declaración.
Afirma que Guevara dispone de todas las garantías para preparar la defensa de su caso dentro del debido proceso.
"De acuerdo a las leyes venezolanas, el diputado Freddy Guevara dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa conforme al debido proceso, tal cual lo establecen la Constitución y las leyes", señala.
Guevara pidió el sábado protección en la embajada chilena en Caracas, luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobara un fallo para retirarle su inmunidad.
El TSJ remitió el caso a la Constituyente para que sea este órgano el que le retire la inmunidad, antes de ser sometido a un juicio penal.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, señaló que ese poder legislativo es el único que puede determinar la suspensión de la inmunidad a cualquiera de sus miembros, en caso de que lo solicite la TSJ.
La declaración difundida por la Cancillería señala que el Gobierno respeta la separación de poderes y que está decidido a garantizar la estabilidad política e institucional de la república.
Indica que la Constitución venezolana reconoce la inmunidad parlamentaria como principio esencial para el resguardo de la función legislativa y establece los procedimientos en caso de que sea requerida su suspensión.
Agrega que la doctrina y la jurisprudencia venezolana son claras al advertir que el antejuicio de mérito contra altos funcionarios del Estado no es procedente si se trata de un delito en "flagrancia".
Al afirmar que las actuaciones de Guevara durante las protestas entre abril y julio, las cuales dejaron más de 100 muertos, fueron "públicas y notorias", agrega que corresponde a los tribunales ordinarios la "confirmación o no de esta presunción y las actuaciones que dicte en ejercicio de la potestad exclusiva de administración de justicia".
"El Gobierno bolivariano expresa igualmente su enérgico repudio a los permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan -de manera insolente- una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones", alega.
Al respecto, exigió el cese inmediato de las "agresiones contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela y sus instituciones". Además denunció la "campaña de instigación al desconocimiento de las autoridades constitucionales, cuyo propósito evidente es alentar y reactivar la desestabilización y la violencia en el país".
"Pero está protegido por un Gobierno que se ha prestado para gestar agresiones contra Venezuela y (Chile) no puede decir que no conocía de los hechos de violencia causados por este dirigente y otros", dijo al referirse a las protestas contra el Gobierno entre abril y julio, que dejaron más de 100 muertos.
La Constituyente está dominada por el chavismo y defiende tener poderes plenipotenciarios.
"Llegó la hora de la justicia, de la defensa, de la verdad, de la paz y del Estado de justicia en Venezuela y nosotros tampoco tenemos miedo para autorizar que el TSJ prosiga con el enjuiciamiento del ciudadano Freddy Guevara", señaló.
Antes, el Gobierno dijo que es "notoria" la responsabilidad de Guevara en la violencia ocurrida durante las protestas entre abril y julio, al respaldar los procedimientos judiciales para despojarlo de la inmunidad parlamentaria y someterlo a juicio.
"Para el pueblo venezolano resultan públicas y notorias las actuaciones del diputado y su presunta responsabilidad durante las acciones violentas de desestabilización política conocidas como 'las guarimbas', que dejaron un doloroso saldo en pérdidas humanas y daños materiales", dice el Gobierno en una declaración.
Afirma que Guevara dispone de todas las garantías para preparar la defensa de su caso dentro del debido proceso.
"De acuerdo a las leyes venezolanas, el diputado Freddy Guevara dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa conforme al debido proceso, tal cual lo establecen la Constitución y las leyes", señala.
Guevara pidió el sábado protección en la embajada chilena en Caracas, luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobara un fallo para retirarle su inmunidad.
El TSJ remitió el caso a la Constituyente para que sea este órgano el que le retire la inmunidad, antes de ser sometido a un juicio penal.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, señaló que ese poder legislativo es el único que puede determinar la suspensión de la inmunidad a cualquiera de sus miembros, en caso de que lo solicite la TSJ.
La declaración difundida por la Cancillería señala que el Gobierno respeta la separación de poderes y que está decidido a garantizar la estabilidad política e institucional de la república.
Indica que la Constitución venezolana reconoce la inmunidad parlamentaria como principio esencial para el resguardo de la función legislativa y establece los procedimientos en caso de que sea requerida su suspensión.
Agrega que la doctrina y la jurisprudencia venezolana son claras al advertir que el antejuicio de mérito contra altos funcionarios del Estado no es procedente si se trata de un delito en "flagrancia".
Al afirmar que las actuaciones de Guevara durante las protestas entre abril y julio, las cuales dejaron más de 100 muertos, fueron "públicas y notorias", agrega que corresponde a los tribunales ordinarios la "confirmación o no de esta presunción y las actuaciones que dicte en ejercicio de la potestad exclusiva de administración de justicia".
"El Gobierno bolivariano expresa igualmente su enérgico repudio a los permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan -de manera insolente- una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones", alega.
Al respecto, exigió el cese inmediato de las "agresiones contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela y sus instituciones". Además denunció la "campaña de instigación al desconocimiento de las autoridades constitucionales, cuyo propósito evidente es alentar y reactivar la desestabilización y la violencia en el país".
