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“Hemos dado recomendación de beneficio para más de 80 personas (...) Esperamos que en las próximas horas esto se haga efectivo”, explicó Rodríguez en rueda de prensa.
Debido al carácter plenipotenciario de la Constituyente, un órgano controlado en su totalidad por el oficialismo y que la oposición se niega a reconocer, los demás poderes públicos están obligados a cumplir con sus actos.
Rodríguez subrayó que la Comisión de la Verdad recomendó usar “fórmulas alternativas” a la privación de la libertad como el cumplimiento del servicio comunitario y la colaboración con la Constituyente para esclarecer los hechos violentos.
La dirigente oficialista fue clara al señalar que la culpa de los hechos de violencia ocurridos este año fue de la “derecha extremista”, a la que acusó de querer derrocar por vías violentas a Maduro.
Rodríguez señaló que el diálogo que sostiene el Gobierno con la oposición “va chévere” (bien) y que espera que con esta decisión se fortalezca el proceso de negociación que deberá retomarse el 11 y 12 de enero en República Dominicana.
Sin embargo, la oposición culpa a Maduro por las más de cien muertes ocurridas durante las protestas de este año debido a la “represión” aplicada por grupos policiales, militares y hasta “paramilitares” vinculados al oficialismo.
La oposición asegura que actualmente en Venezuela existen 268 presos políticos, aunque el Gobierno de Maduro niega enfáticamente que existan prisioneros de consciencia y atribuye la privación de libertad a los planes golpistas de la oposición.
