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Pero al contrario de lo que esperaban los observadores, la corte anunció escuetamente que retiraba de su agenda estudiar ese recurso.
La corte había pedido a Oklahoma reformular su ley, pero claramente insatisfecha con la respuesta obtenida, rechazó el recurso, precisando, sin ningún otro comentario, que se había equivocado al admitirlo.
Pero la corte podría decidir si actúa posteriormente en un litigio en Texas, donde una corte de apelaciones acaba de refrendar una ley anti-aborto que podría implicar el cierre de más de un tercio de las clínicas que practican abortos en ese Estado.
Desde la decisión en el caso "Roe contra Wade" de enero de 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos, la polémica resurge regularmente en la principal instancia jurídica del país, en momentos en que cada vez más estados votan leyes restrictivas de la interrupción voluntaria del embarazo.
En un recurso hecho público el lunes, un grupo de mujeres y médicos de Texas solicitó a la Corte Suprema bloquear al menos temporalmente la aplicación de una ley de este estado que prohíbe a los médicos realizar abortos a menos que cuente con la autorización de un hospital cercano.
Esta ley restringe además de manera drástica el uso de la píldora abortiva RU-486.
Según los demandantes, "apenas unos días después" de la decisión de la corte de apelaciones, "más de un tercio de las instalaciones que practican abortos en Texas fueron forzadas a dejar de utilizar esta posibilidad y otras fueron obligadas a reducir de manera drástica el número de pacientes a los que pueden brindar atención. Ya, las citas son anuladas y las candidatas a hacerse aborto son sacadas de los centros".
El juez conservador Antonin Scalia, a cargo de esta región geográfica, tiene la posibilidad de decidir solo el destino de este recurso. Él pidió inmediatamente al estado de Texas dar sus argumentos antes del 12 de noviembre.
El alto tribunal también debería fallar sobre el derecho de los manifestantes "pro-vida" a protestar ante las clínicas que practican abortos.
En este caso, que examinará el 15 de enero próximo, Massachusetts (noreste) prohíbe las manifestaciones en una zona de exclusión de 10 metros en torno a la entrada, la salida o el acceso privado de clínicas ginecológicas.
