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Política
Angela Merkel y Jürgen Grossmann
El jueves, el número dos alemán de la energía, RWE, estimó que el proyecto, tal como está planteado en la actualidad, le restaría un tercio de su beneficio anual, es decir unos 650 millones de euros (unos 830 millones de dólares).
La víspera, el líder alemán del sector, EON, había anunciado que su beneficio anual retrocedería en hasta 1.500 millones de euros, más de un tercio del total, si se creaba el impuesto.
"La energía es un sector que ve a muy largo plazo y funciona con grandes inversiones. Por ello necesitamos visibilidad y confianza (en la política energética gubernamental). No tenemos ni una cosa ni la otra", afirmó el presidente de RWE, Jürgen Grossmann.
"No tenemos ninguna visibilidad sobre la política energética de Alemania. Es necesario tomar decisiones", clamó de su lado el titular de EON, Johannes Teyssen.
Los dos dueños del mercado alemán de la electricidad agitaron la misma amenaza: si el gobierno les impone una tasa demasiado alta, reducirán sus inversiones, especialmente en el área de la energía renovable.
La amenaza puede surtir efecto, ya que el gobierno democristiano y liberal de Merkel quiere duplicar de aquí a 2020 el porcentaje de energías renovables en el consumo global del país, situado actualmente en 10%.
Sin embargo, tras su reelección en el otoño boreal pasado, Merkel había vivido una corta luna de miel con los grandes grupos de energía al decidir postergar la fecha límite para el desmantelamiento de 17 centrales nucleares alemanas, establecida en 2020 por el anterior gobierno de la coalición socialdemócrata y Verde.
Pero esta promesa no termina de concretarse y, además, el gobierno comenzó a estudiar como contrapartida un impuesto que debería llevar más de 2.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado y al cual estarían sometidos los operadores de reactores, es decir EON, RWE, EnBW y Vattenfall.
El equipo de Angela Merkel quiere presentar en septiembre su programa de política energética y revelar la suerte reservada a las centrales nucleares, así como también las modalidades del impuesto en cuestión.
La víspera, el líder alemán del sector, EON, había anunciado que su beneficio anual retrocedería en hasta 1.500 millones de euros, más de un tercio del total, si se creaba el impuesto.
"La energía es un sector que ve a muy largo plazo y funciona con grandes inversiones. Por ello necesitamos visibilidad y confianza (en la política energética gubernamental). No tenemos ni una cosa ni la otra", afirmó el presidente de RWE, Jürgen Grossmann.
"No tenemos ninguna visibilidad sobre la política energética de Alemania. Es necesario tomar decisiones", clamó de su lado el titular de EON, Johannes Teyssen.
Los dos dueños del mercado alemán de la electricidad agitaron la misma amenaza: si el gobierno les impone una tasa demasiado alta, reducirán sus inversiones, especialmente en el área de la energía renovable.
La amenaza puede surtir efecto, ya que el gobierno democristiano y liberal de Merkel quiere duplicar de aquí a 2020 el porcentaje de energías renovables en el consumo global del país, situado actualmente en 10%.
Sin embargo, tras su reelección en el otoño boreal pasado, Merkel había vivido una corta luna de miel con los grandes grupos de energía al decidir postergar la fecha límite para el desmantelamiento de 17 centrales nucleares alemanas, establecida en 2020 por el anterior gobierno de la coalición socialdemócrata y Verde.
Pero esta promesa no termina de concretarse y, además, el gobierno comenzó a estudiar como contrapartida un impuesto que debería llevar más de 2.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado y al cual estarían sometidos los operadores de reactores, es decir EON, RWE, EnBW y Vattenfall.
El equipo de Angela Merkel quiere presentar en septiembre su programa de política energética y revelar la suerte reservada a las centrales nucleares, así como también las modalidades del impuesto en cuestión.
