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Política
Civiles afganos asesinados por un bombardeo estadounidense
Bajo una lluvia de críticas sobre el centro de detención de Guantánamo (Cuba), la pena de muerte o la no ratificación de tratados internacionales, la delegación estadounidense reconoció no estar satisfecha con la situación.
"No estamos satisfechos con el status quo. Continuaremos mejorando nuestras leyes", aseguró el secretario de Estado adjunto estadounidense para los derechos humanos, Michael Posner, que calificó como "saludable" el debate.
A los detractores que evocaron las violaciones de los derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán, el consejero jurídico del Departamento de Estado estadounidense, Harold Koh, respondió: "Que no haya ninguna duda sobre esto, Estados Unidos no aplica la tortura y no la practicará".
"Esta administración (del presidente Barak Obama) pasó página apenas llegó y se aseguró sin equívoco de un trato humano de todos los individuos bajo custodia estadounidense en los conflictos armados", agregó.
El primer país de una lista de 87 oradores en criticar a Washington fue Cuba que le pidió que pusiera fin al embargo estadounidense contra la isla, descrito como "un genocidio" y que liberara a cinco militantes cubanos detenidos en ese país y considerados por La Habana como "prisioneros de guerra".
Otro enemigo jurado de Estados Unidos, Irán, estimó que "desgraciadamente Estados Unidos fue y continúa siendo de los que violan más sistemáticamente los derechos humanos".
Varios países árabes evocaron su preocupación sobre "la islamofobia" de Estados Unidos y Posner reconoció que las comunidades musulmanas estadounidenses informaron sobre "un clima de intolerancia y de discriminación" hacia ellas.
Venezuela tomó el relevo y pidió a Washington que ratificara las convenciones de la ONU aun no firmadas, que cerrara la base estadounidense de Guantánamo, que aboliera la pena de muerte y que disminuyera las emisiones de gases con efecto invernadero, entre otras críticas.
Varios países denunciaron las condiciones de los inmigrantes en Estados Unidos, entre ellos Brasil que pidió "estudiar alternativas" a las detenciones.
Varios países occidentales, entre ellos Gran Bretaña y Australia, pidieron por su parte una moratoria o la abolición de la pena de muerte.
Francia celebró "el compromiso del presidente Barak Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo" y espera que esta "promesa sea efectiva".
Al iniciar la sesión la secretaria de Estado adjunta estadounidense ante las organizaciones internacionales, Esther Brimmer, aseguró que este Examen Periódico Universal (EPU), que por primera vez pone a Estados Unidos frente a sus pares, "representa una etapa en nuestro largo compromiso para promover los derechos humanos".
El EPU es una innovación mayor del Consejo, creado en 2006 en reemplazo de la Comisión de Derechos Humanos desacreditada por su incapacidad para hacer respetar los valores fundamentales de la ONU.
Este examen permite una revisión sistemática y regular de la situación de los derechos humanos en cada uno de los 192 países miembros de la ONU con el objetivo de evitar la acusación de selectividad.
Los representantes de unas 300 organizaciones no gubernamentales estadounidenses que viajaron a Ginebra para la ocasión ya calificaron el encuentro de un "fracaso total".
"No estamos satisfechos con el status quo. Continuaremos mejorando nuestras leyes", aseguró el secretario de Estado adjunto estadounidense para los derechos humanos, Michael Posner, que calificó como "saludable" el debate.
A los detractores que evocaron las violaciones de los derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán, el consejero jurídico del Departamento de Estado estadounidense, Harold Koh, respondió: "Que no haya ninguna duda sobre esto, Estados Unidos no aplica la tortura y no la practicará".
"Esta administración (del presidente Barak Obama) pasó página apenas llegó y se aseguró sin equívoco de un trato humano de todos los individuos bajo custodia estadounidense en los conflictos armados", agregó.
El primer país de una lista de 87 oradores en criticar a Washington fue Cuba que le pidió que pusiera fin al embargo estadounidense contra la isla, descrito como "un genocidio" y que liberara a cinco militantes cubanos detenidos en ese país y considerados por La Habana como "prisioneros de guerra".
Otro enemigo jurado de Estados Unidos, Irán, estimó que "desgraciadamente Estados Unidos fue y continúa siendo de los que violan más sistemáticamente los derechos humanos".
Varios países árabes evocaron su preocupación sobre "la islamofobia" de Estados Unidos y Posner reconoció que las comunidades musulmanas estadounidenses informaron sobre "un clima de intolerancia y de discriminación" hacia ellas.
Venezuela tomó el relevo y pidió a Washington que ratificara las convenciones de la ONU aun no firmadas, que cerrara la base estadounidense de Guantánamo, que aboliera la pena de muerte y que disminuyera las emisiones de gases con efecto invernadero, entre otras críticas.
Varios países denunciaron las condiciones de los inmigrantes en Estados Unidos, entre ellos Brasil que pidió "estudiar alternativas" a las detenciones.
Varios países occidentales, entre ellos Gran Bretaña y Australia, pidieron por su parte una moratoria o la abolición de la pena de muerte.
Francia celebró "el compromiso del presidente Barak Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo" y espera que esta "promesa sea efectiva".
Al iniciar la sesión la secretaria de Estado adjunta estadounidense ante las organizaciones internacionales, Esther Brimmer, aseguró que este Examen Periódico Universal (EPU), que por primera vez pone a Estados Unidos frente a sus pares, "representa una etapa en nuestro largo compromiso para promover los derechos humanos".
El EPU es una innovación mayor del Consejo, creado en 2006 en reemplazo de la Comisión de Derechos Humanos desacreditada por su incapacidad para hacer respetar los valores fundamentales de la ONU.
Este examen permite una revisión sistemática y regular de la situación de los derechos humanos en cada uno de los 192 países miembros de la ONU con el objetivo de evitar la acusación de selectividad.
Los representantes de unas 300 organizaciones no gubernamentales estadounidenses que viajaron a Ginebra para la ocasión ya calificaron el encuentro de un "fracaso total".
