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Política
Los propios ocupantes lo llaman «vivir de patada». Se trata de una expresión muy utilizada en los barrios de Baró de Viver y Via Trajana, donde más de 20 familias han optado por derribar a puntapiés las puertas de pisos sociales públicos que llevan hasta nueve años vacíos por la lentitud de la Administración en encontrar adjudicatarios que se puedan beneficiar de alquileres bajos.
La mayoría de ellos se enfrentan a juicios por desalojo, pero, una vez deshauciados, vuelven a entrar a otras viviendas desocupadas, que son abundantes en las promociones de protección oficial construidas a principios de esta década.
Son casos extremos: mujeres solteras con varios hijos a su cargo, padres con niños minusválidos, enfermos de cáncer. Y casi todos pobres y en el paro. El drama humano se repite detrás de cada patada.
«No pedimos que nos regalen una vivienda. Solamente queremos que nos dejen vivir aquí de forma legal, pagando un alquiler protegido. Tengo tres hijos pequeños, dos de ellos ciegos. Estoy en el paro y no tengo cómo pagar el precio de un piso a precio de mercado», explica Fernando Jiménez, un vecino de la calle de Tiana 12-16 que decidió ocupar un piso social vacío hace seis meses.
Jiménez, como algunos ocupas, no ha solicitado formalmente un piso protegido, porque tiene la creencia de que no tendrá una respuesta positiva de la Administración, tal como ha ocurrido con sus familiares y amigos.
EL 12% ESTÁN DESOCUPADOS/ El Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona reconoció a este diario la semana pasada que un 12% de los pisos de alquiler protegido para jóvenes están vacíos. El delegado de Vivienda del ayuntamiento, Antoni Sorolla, explicó que las listas de espera para asignar los nuevos pisos ya han caducado y ahora es necesario asignar las viviendas a través del registro único (una lista común para todos los solicitantes de pisos sociales) que se está comenzando a poner en marcha. El ayuntamiento cree que a final de año disminuirá de forma notable el número de viviendas deshabitadas.
Para evitar las ocupaciones, el patronato y otras empresas públicas que han promovido vivienda social han optado por cerrar con ladrillos y puertas de hierro las viviendas que son abandonadas por sus legítimos inquilinos.
En la promoción de la calle de Tiana, el estado descuidado de la finca también hace que muchos de los solicitantes que han ganado el derecho al piso, terminen por rechazarlo por las malas condiciones del inmueble, según explica la presidenta de la comunidad, Olga Arroyo.
«Si ellos no los quieren, que nos den el piso a nosotros. Queremos pagar y que nos cobren. Es una injusticia que haya pisos vacíos y que nos quieran echar», declara Pedro Santiago, un vecino que ha hecho de la ocupación una forma de vida desde hace cuatro años.
El conflicto también se repite en los bloques de la Via Trajana, un barrio fronterizo entre Barcelona y Sant Adrià que, según denuncian sus vecinos, tiene unos 70 pisos vacíos. «Es injusto que haya viviendas cerradas pese a la gran demanda social. Cuando reformaron el barrio, muchos no pudieron acceder a un piso porque no cumplían los requisitos. Lo que pedimos ahora es que se vuelva a revisar la situación de todos y se le asignen los pisos a aquellos que cumplen», explica Emma, miembro de la asociación de fiestas del barrio que pudo obtener una vivienda social.
REIVINDICACIÓN / Via Trajana mantiene un conflicto latente y la gran mayoría reclama que se ofrezcan las viviendas a los del barrio. Los ocupas, por su parte, ya han recibido denuncias del Incasòl por invadir viviendas públicas. Lorena Rodríguez, una madre soltera con tres hijos, enfrenta una demanda de más de 50.000 euros por ocupar un piso vacío.
Rodríguez y otra decena de afectados aseguran que Adigsa mantiene que los pisos están asignados y no pueden ser ocupados. Pero siguen viendo cómo siguen cerrados y sin habitantes hasta que llega alguien y derriba la puerta a patadas.
La mayoría de ellos se enfrentan a juicios por desalojo, pero, una vez deshauciados, vuelven a entrar a otras viviendas desocupadas, que son abundantes en las promociones de protección oficial construidas a principios de esta década.
Son casos extremos: mujeres solteras con varios hijos a su cargo, padres con niños minusválidos, enfermos de cáncer. Y casi todos pobres y en el paro. El drama humano se repite detrás de cada patada.
«No pedimos que nos regalen una vivienda. Solamente queremos que nos dejen vivir aquí de forma legal, pagando un alquiler protegido. Tengo tres hijos pequeños, dos de ellos ciegos. Estoy en el paro y no tengo cómo pagar el precio de un piso a precio de mercado», explica Fernando Jiménez, un vecino de la calle de Tiana 12-16 que decidió ocupar un piso social vacío hace seis meses.
Jiménez, como algunos ocupas, no ha solicitado formalmente un piso protegido, porque tiene la creencia de que no tendrá una respuesta positiva de la Administración, tal como ha ocurrido con sus familiares y amigos.
EL 12% ESTÁN DESOCUPADOS/ El Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona reconoció a este diario la semana pasada que un 12% de los pisos de alquiler protegido para jóvenes están vacíos. El delegado de Vivienda del ayuntamiento, Antoni Sorolla, explicó que las listas de espera para asignar los nuevos pisos ya han caducado y ahora es necesario asignar las viviendas a través del registro único (una lista común para todos los solicitantes de pisos sociales) que se está comenzando a poner en marcha. El ayuntamiento cree que a final de año disminuirá de forma notable el número de viviendas deshabitadas.
Para evitar las ocupaciones, el patronato y otras empresas públicas que han promovido vivienda social han optado por cerrar con ladrillos y puertas de hierro las viviendas que son abandonadas por sus legítimos inquilinos.
En la promoción de la calle de Tiana, el estado descuidado de la finca también hace que muchos de los solicitantes que han ganado el derecho al piso, terminen por rechazarlo por las malas condiciones del inmueble, según explica la presidenta de la comunidad, Olga Arroyo.
«Si ellos no los quieren, que nos den el piso a nosotros. Queremos pagar y que nos cobren. Es una injusticia que haya pisos vacíos y que nos quieran echar», declara Pedro Santiago, un vecino que ha hecho de la ocupación una forma de vida desde hace cuatro años.
El conflicto también se repite en los bloques de la Via Trajana, un barrio fronterizo entre Barcelona y Sant Adrià que, según denuncian sus vecinos, tiene unos 70 pisos vacíos. «Es injusto que haya viviendas cerradas pese a la gran demanda social. Cuando reformaron el barrio, muchos no pudieron acceder a un piso porque no cumplían los requisitos. Lo que pedimos ahora es que se vuelva a revisar la situación de todos y se le asignen los pisos a aquellos que cumplen», explica Emma, miembro de la asociación de fiestas del barrio que pudo obtener una vivienda social.
REIVINDICACIÓN / Via Trajana mantiene un conflicto latente y la gran mayoría reclama que se ofrezcan las viviendas a los del barrio. Los ocupas, por su parte, ya han recibido denuncias del Incasòl por invadir viviendas públicas. Lorena Rodríguez, una madre soltera con tres hijos, enfrenta una demanda de más de 50.000 euros por ocupar un piso vacío.
Rodríguez y otra decena de afectados aseguran que Adigsa mantiene que los pisos están asignados y no pueden ser ocupados. Pero siguen viendo cómo siguen cerrados y sin habitantes hasta que llega alguien y derriba la puerta a patadas.
