JERUSALEN, 2 julio 2009 (AFP) -
El informe "Operación 'Plomo endurecido': 22 días de muertes y destrucción en Gaza", difundido por la organización defensora de los derechos humanos, es una verdadera acta de acusación contra Israel y su ejército, que confirma el balance de 1.400 palestinos muertos, establecido por los servicios de seguridad palestinos.
La ofensiva dejó además unos 5.000 heridos y devastó amplios sectores de la franja de Gaza, con más de 2.700 edificios destruidos, afirma Amnistía, cuya sede está en Londres.
AI pidió a la comunidad internacional "apoyar sin reservas" la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargada de investigar la operación. Israel boicotea esa misión.
En este informe de 117 páginas, que es el primer estudio profundo de esa guerra entre Israel y Hamas, AI reitera su llamamiento a un embargo "total e inmediato" sobre las armas con destino a Israel y al movimiento islamista palestino que controla la franja de Gaza desde junio de 2007.
AI pide a los diferentes Estados del mundo que inicien demandas judiciales por "crímenes de guerra" y "detengan a los presuntos autores".
La organización acusa al Tsahal (ejército israelí) de no haber "diferenciado entre blancos civiles y militares" en una situación en que no podía ignorar la presencia de civiles en los sectores bombardeados. El resultado de ello fue "la muerte de cientos de civiles desarmados, entre ellos 300 niños, 115 mujeres y 85 hombres mayores de 50 años".
AI acusa al ejército israelí de haber utilizado a los civiles, incluidos niños, como "escudos humanos" al forzarlos a quedarse cerca de las posiciones militares o incluso obligarlos a examinar objetos sospechosos que podían ser trampas explosivas.
En cambio, niega que Hamas u otros grupos armados palestinos hubieran usado a la población como "escudos humanos", contrariamente a lo que afirma Israel.
Sin embargo, los acusa de haber "instalado posiciones militares cerca de viviendas, poniendo así en peligro la vida de los civiles".
También acusa al ejército israelí de haber matado a centenares de civiles, no solamente con armas de gran precisión como misiles aire-tierra y bombas guiadas, sino también con disparos de artillería y obuses con dardos.
También lo acusa de haber disparado obuses con fósforo blanco "sobre zonas de gran densidad de población", provocando graves quemaduras, a veces mortales.
En respuesta a un informe preliminar publicado en febrero, el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores había reprochado a AI que presentara "una versión sesgada de los acontecimientos que no responden a criterios profesionales de objetividad".
La cancillería había declarado que Israel no había atacado de manera deliberada a blancos civiles y que "todas las armas utilizadas eran conformes al derecho internacional y al uso que les dan los ejércitos occidentales".
Amnistía rechaza esos argumentos, y subraya que hasta ahora, las autoridades israelíes "se abstuvieron de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la actitud de sus fuerzas". El ejército se limitó a investigaciones internas sobre errores cometidos durante la operación, y en las que concluyó que nunca habían sido intencionales.
La misma organización acusa a Hamas y a los grupos armados palestinos de haber disparado cientos de cohetes contra territorio israelí, que causaron tres muertos civiles y provocaron el éxodo del sur de Israel de cientos de miles de habitantes. En la ofensiva israelí contra Gaza murieron seis militares del Tsahal.
"No solamente Hamas nunca realizó ninguna investigación sobre los disparos de cohetes, sino que además persiste en justificar estas acciones ilegales", subraya AI.
ms/pa/jlb/gc/am/arz
© 1994-2009 Agence France-Presse
El informe "Operación 'Plomo endurecido': 22 días de muertes y destrucción en Gaza", difundido por la organización defensora de los derechos humanos, es una verdadera acta de acusación contra Israel y su ejército, que confirma el balance de 1.400 palestinos muertos, establecido por los servicios de seguridad palestinos.
La ofensiva dejó además unos 5.000 heridos y devastó amplios sectores de la franja de Gaza, con más de 2.700 edificios destruidos, afirma Amnistía, cuya sede está en Londres.
AI pidió a la comunidad internacional "apoyar sin reservas" la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargada de investigar la operación. Israel boicotea esa misión.
En este informe de 117 páginas, que es el primer estudio profundo de esa guerra entre Israel y Hamas, AI reitera su llamamiento a un embargo "total e inmediato" sobre las armas con destino a Israel y al movimiento islamista palestino que controla la franja de Gaza desde junio de 2007.
AI pide a los diferentes Estados del mundo que inicien demandas judiciales por "crímenes de guerra" y "detengan a los presuntos autores".
La organización acusa al Tsahal (ejército israelí) de no haber "diferenciado entre blancos civiles y militares" en una situación en que no podía ignorar la presencia de civiles en los sectores bombardeados. El resultado de ello fue "la muerte de cientos de civiles desarmados, entre ellos 300 niños, 115 mujeres y 85 hombres mayores de 50 años".
AI acusa al ejército israelí de haber utilizado a los civiles, incluidos niños, como "escudos humanos" al forzarlos a quedarse cerca de las posiciones militares o incluso obligarlos a examinar objetos sospechosos que podían ser trampas explosivas.
En cambio, niega que Hamas u otros grupos armados palestinos hubieran usado a la población como "escudos humanos", contrariamente a lo que afirma Israel.
Sin embargo, los acusa de haber "instalado posiciones militares cerca de viviendas, poniendo así en peligro la vida de los civiles".
También acusa al ejército israelí de haber matado a centenares de civiles, no solamente con armas de gran precisión como misiles aire-tierra y bombas guiadas, sino también con disparos de artillería y obuses con dardos.
También lo acusa de haber disparado obuses con fósforo blanco "sobre zonas de gran densidad de población", provocando graves quemaduras, a veces mortales.
En respuesta a un informe preliminar publicado en febrero, el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores había reprochado a AI que presentara "una versión sesgada de los acontecimientos que no responden a criterios profesionales de objetividad".
La cancillería había declarado que Israel no había atacado de manera deliberada a blancos civiles y que "todas las armas utilizadas eran conformes al derecho internacional y al uso que les dan los ejércitos occidentales".
Amnistía rechaza esos argumentos, y subraya que hasta ahora, las autoridades israelíes "se abstuvieron de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la actitud de sus fuerzas". El ejército se limitó a investigaciones internas sobre errores cometidos durante la operación, y en las que concluyó que nunca habían sido intencionales.
La misma organización acusa a Hamas y a los grupos armados palestinos de haber disparado cientos de cohetes contra territorio israelí, que causaron tres muertos civiles y provocaron el éxodo del sur de Israel de cientos de miles de habitantes. En la ofensiva israelí contra Gaza murieron seis militares del Tsahal.
"No solamente Hamas nunca realizó ninguna investigación sobre los disparos de cohetes, sino que además persiste en justificar estas acciones ilegales", subraya AI.
ms/pa/jlb/gc/am/arz
© 1994-2009 Agence France-Presse