
Delwar Hossain Sayedee, vicepresidente de Jamaat e Islami, el mayor partido islamista del país, es el segundo responsable político condenado a la pena capital por el muy polémico "Tribunal Internacional de Crímenes" de Bangladesh, con sede en Dacca.
"Fue condenado a muerte, es una victoria para el pueblo", declaró el fiscal Syed Haider Ali. El acusado fue declarado culpable de ocho cargos, entre ellos los de asesinato, violación y conversión forzada de hindúes al islam.
Según el fiscal, el veredicto hará justicia a las personas que perdieron a allegados por culpa de las milicias propaquistaníes, a las que pertenecían Sayedee y otros dirigentes del partido Jamaat.
El condenado protestó ante la corte y dijo que la sentencia era obra de "ateos" y de manifestantes progubernamentales que reclaman su ejecución desde hace semanas.
En el centro de Dacca, varios grupos dieron rienda suelta a su júbilo. "Hace 40 años que esperábamos esto", declaró un manifestante a Somoy TV.
Jamaat e Islami lanzó una huelga general para pedir el fin de este tipo de juicios.
Tras el veredicto, estallaron disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad que causaron al menos 17 muertos, según la policía.
De las 17 víctimas, al menos 14 murieron por impactos de bala en varias ciudades del norte del país.
"Fue condenado a muerte, es una victoria para el pueblo", declaró el fiscal Syed Haider Ali. El acusado fue declarado culpable de ocho cargos, entre ellos los de asesinato, violación y conversión forzada de hindúes al islam.
Según el fiscal, el veredicto hará justicia a las personas que perdieron a allegados por culpa de las milicias propaquistaníes, a las que pertenecían Sayedee y otros dirigentes del partido Jamaat.
El condenado protestó ante la corte y dijo que la sentencia era obra de "ateos" y de manifestantes progubernamentales que reclaman su ejecución desde hace semanas.
En el centro de Dacca, varios grupos dieron rienda suelta a su júbilo. "Hace 40 años que esperábamos esto", declaró un manifestante a Somoy TV.
Jamaat e Islami lanzó una huelga general para pedir el fin de este tipo de juicios.
Tras el veredicto, estallaron disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad que causaron al menos 17 muertos, según la policía.
De las 17 víctimas, al menos 14 murieron por impactos de bala en varias ciudades del norte del país.