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Durante la sesión de esta mañana, la agrupación Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) logró cambiar la agenda legislativa que ya estaba aprobada por el Pleno, para aprobar reformas al artículo 407 N, del Código Penal, que contempla el delito del financiamiento electoral ilícito, ahora llamado “no registrado” cuando los fondos no provienen del narcotráfico.
El diputado de la UNE, Marco Antonio Lemus, electo por el cancelado Partido Patriota (PP), presentó una moción privilegiada para que se discutiera dos reformas al financiamiento electoral ilícito, las cuales modifican la tipificación y rebajan las penas para este delito.
La primera propuesta de Lemus, que tuvo 92 votos a favor, eliminó el artículo 407 N, segundo párrafo, del Código Penal. Este establecía una pena de cuatro a doce años de prisión inconmutables a las personas que incurrieran en el delito de financiamiento electoral ilícito y una multa de Q200 mil a Q500 mil.
Con la supresión del artículo antes mencionado, se creó el inciso Ñ) al artículo 407 de esa misma normativa, esta crea el delito de financiamiento electoral no registrado, el mismo establece y quita las palabras “eventos electorales” y fijó una pena de uno a cinco años de cárcel conmutables, asimismo una multa de Q20 mil a Q100 mil. Esta propuesta logró 90 votos a favor.
El Congreso aprobó esta reforma en medio de las investigaciones preliminares que realiza el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en contra de las organizaciones políticas: FCN-Nación, la UNE y Encuentro por Guatemala (EG). En torno a la UNE, su jefe de bancada, Orlando Blanco, perdió su inmunidad por esa misma falta.
SECRETARIOS GENERALES SIN RESPONSABILIDAD
El artículo nuevo determina que será responsable quien consienta o reciba aportaciones y no las reporte a la organización política para su registro contable, lo que releva de responsabilidad a los secretarios generales.
EXPRESAN APOYO POR ORDEN DE CC
El decreto 23-2018, con 89 votos a favor, que contempla el nuevo cambio al delito de financiamiento electoral, obtuvo el apoyo de la mayoría de diputados, quienes aprovecharon la sesión para pronunciarse al respecto. La mayoría justificó su voto por la exhortación que hizo la Corte de Constitucionalidad al Congreso, de aclarar las penas de dicha falta.
El diputado independiente, Oliverio García Rodas, electo por el desaparecido PP, señaló que con esta aprobación se cumplía con el debido proceso, por lo que consideró que esta propuesta debía aprobarse.
“Voy apoyar este proyecto aún cuando estamos poniendo en problema a la mayoría de ciudadanos, esto cuando en los departamentos doné una vaca para la campaña electoral. Yo no estoy votando de manera oculta, estoy dando la cara, y votaré a favor porque me parece lo correcto”, dijo Oliverio.
A estas muestras de apoyo se sumó el legislador, Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), dijo que votó a favor, porque con esto se cumplía la exhortación de la CC y con esto se establece una pena establecida para el financiamiento anónimo y no registrado.
“El Congreso está cumpliendo con la labor legislativa en colocar una pena, la satisfacción debe ser esa, pues cumplimos con nuestra labor legislativa. El sistema político, el Estado de Derecho y la sociedad tiene más claridad, ahora”, precisó Conde Orellana.
El parlamentario de EG, Luis Fernando Montenegro, quien presidió la Comisión Pesquisidora del Presidente, expresó que votó a favor. “Estuve en la Comisión Pesquisidora y en ella vimos este tema. Los políticos debemos ser serios y debemos actuar como debemos actuar. Cumplimos con el exhorto de la CC”.
