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Política
Conocido por ser la tierra de Pancho Villa y por las películas de vaqueros (Western) que allí se filmaron, el estado de Durango y su capital homónima viven una soterrada guerra entre cárteles que dejó casi 900 muertos en 2010 según la estadística oficial, sin que la ciudadanía se atreva a alzar la voz.
"Hay un clima de linchamiento, en el que la sociedad se siente impotente por no poder expresar lo que siente, porque está amenazada", dijo a la AFP José Rosas Aispuro, un político local que fue alcalde de Durango y ex candidato a gobernador.
Un terreno de unos 300 m2, ubicado atrás de un colegio privado, aún despide un fuerte hedor, pese a la cal y agua clorada que militares rociaron para crear un cordón sanitario cuando el 11 de abril encontraron allí una fosa.
En ese predio apenas rodeado por una malla metálica, en lo que aparentaba ser un almacén de autopartes usadas, fueron extraídos 90 cadáveres algunos a profundidades de hasta siete metros. Los militares tuvieron que usar máquinas excavadoras para sacarlos.
"No oímos nada, nunca vimos nada extraño", dice a la AFP una ama de casa de 38 años que habita cerca de ahí y que prefiere omitir su nombre.
Sin embargo en otra fosa, donde han extraído 46 cadáveres, un trabajador estatal que participó en los trabajos de excavación narró que vecinos declararon haber oído gritos por las noches.
"Parece que torturaban a los que llevaban ahí con alambres en el cuello hasta que los asfixiaban", explicó.
"Los militares nos han dicho que podrían encontrar hasta mil cadáveres enterrados", no sólo en Durango capital, de unos 500.000 habitantes, sino también en otros municipios del estado, dijo casi en susurros un vecino.
La búsqueda de cadáveres se ampliará a represas que según testimonios también son depósitos de personas muertas, adelantó de su lado en conferencia, Juan Rosales, subsecretario de Seguridad Pública.
Durango, un estado cercano a la costa del Pacífico donde el cártel de Sinaloa ha sido dominante, recientemente se ha visto acechado por el avance de Los Zetas, otra organización criminal que avanza desde la costa del Golfo de México.
México vive una ola de violencia atribuida al narcotráfico que ha dejado más de 37.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles sustentada en el despliegue militar.
Ante la falta de capacidad de la morgue, los cuerpos permanecen en dos trailers con sistema de refrigeración, donde un equipo de peritos forenses trabaja al aire libre practicando pruebas para obtener resultados de ADN de los cadáveres.
El número de cuerpos encontrados en estas fosas es el mayor localizado en un mismo lugar de México superando incluso a San Fernando, una localidad rural del noreste a 160 km de la frontera con Estados Unidos, donde se encontraron también en abril 183 cuerpos en 40 fosas, en asesinatos atribuidos al cártel de los Zetas.
La Comisión de Derechos Humanos de Durango recibió 35 quejas por desapariciones en 2009 y 70 en 2010, dijo por su parte Jorge Antonio Arteaga, vocero del organismo. En la región no existen ONGs que investiguen estos casos.
"Nadie tiene la confianza de hablar porque saben las consecuencias, hemos visto como la información que entregan (a la fiscalía) los que denuncian, luego es entregada a delincuentes", dijo el ex alcalde Aispurio quien acusa al gobierno estatal que terminó en 2010 de hacer "componendas con grupos de la delincuencia para obtener dinero para campañas" políticas.
"Hay un clima de linchamiento, en el que la sociedad se siente impotente por no poder expresar lo que siente, porque está amenazada", dijo a la AFP José Rosas Aispuro, un político local que fue alcalde de Durango y ex candidato a gobernador.
Un terreno de unos 300 m2, ubicado atrás de un colegio privado, aún despide un fuerte hedor, pese a la cal y agua clorada que militares rociaron para crear un cordón sanitario cuando el 11 de abril encontraron allí una fosa.
En ese predio apenas rodeado por una malla metálica, en lo que aparentaba ser un almacén de autopartes usadas, fueron extraídos 90 cadáveres algunos a profundidades de hasta siete metros. Los militares tuvieron que usar máquinas excavadoras para sacarlos.
"No oímos nada, nunca vimos nada extraño", dice a la AFP una ama de casa de 38 años que habita cerca de ahí y que prefiere omitir su nombre.
Sin embargo en otra fosa, donde han extraído 46 cadáveres, un trabajador estatal que participó en los trabajos de excavación narró que vecinos declararon haber oído gritos por las noches.
"Parece que torturaban a los que llevaban ahí con alambres en el cuello hasta que los asfixiaban", explicó.
"Los militares nos han dicho que podrían encontrar hasta mil cadáveres enterrados", no sólo en Durango capital, de unos 500.000 habitantes, sino también en otros municipios del estado, dijo casi en susurros un vecino.
La búsqueda de cadáveres se ampliará a represas que según testimonios también son depósitos de personas muertas, adelantó de su lado en conferencia, Juan Rosales, subsecretario de Seguridad Pública.
Durango, un estado cercano a la costa del Pacífico donde el cártel de Sinaloa ha sido dominante, recientemente se ha visto acechado por el avance de Los Zetas, otra organización criminal que avanza desde la costa del Golfo de México.
México vive una ola de violencia atribuida al narcotráfico que ha dejado más de 37.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles sustentada en el despliegue militar.
Ante la falta de capacidad de la morgue, los cuerpos permanecen en dos trailers con sistema de refrigeración, donde un equipo de peritos forenses trabaja al aire libre practicando pruebas para obtener resultados de ADN de los cadáveres.
El número de cuerpos encontrados en estas fosas es el mayor localizado en un mismo lugar de México superando incluso a San Fernando, una localidad rural del noreste a 160 km de la frontera con Estados Unidos, donde se encontraron también en abril 183 cuerpos en 40 fosas, en asesinatos atribuidos al cártel de los Zetas.
La Comisión de Derechos Humanos de Durango recibió 35 quejas por desapariciones en 2009 y 70 en 2010, dijo por su parte Jorge Antonio Arteaga, vocero del organismo. En la región no existen ONGs que investiguen estos casos.
"Nadie tiene la confianza de hablar porque saben las consecuencias, hemos visto como la información que entregan (a la fiscalía) los que denuncian, luego es entregada a delincuentes", dijo el ex alcalde Aispurio quien acusa al gobierno estatal que terminó en 2010 de hacer "componendas con grupos de la delincuencia para obtener dinero para campañas" políticas.
