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A través del procurador general Donald Verrilli, el gobierno estadounidense presentó el miércoles ante la Corte Suprema un documento donde afirma que la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York no podría haber avalado un pedido del fondo especulativo NML Capital para forzar a Argentina a detallar sus activos.
El fallo de la corte de apelaciones neoyorquina "erróneamente permitió una producción generalizada de pruebas ('discovery') sobre los activos de un estado extranjero localizados fuera de Estados Unidos", afirma el documento del Procurador General estadounidense y al que la AFP tuvo acceso.
En el escrito de 29 páginas enviado a la Corte Suprema, Verrilli argumentó que la decisión de la corte de apelaciones de Nueva York no podría ser aplicada ya que Argentina está protegida por la legislación local, en especial la Ley de Inmunidad Soberana, que define con precisión la jurisdicción de cortes estadounidenses en procesos contra otros países.
En agosto pasado, la corte de apelaciones neoyorquina había ignorado este mismo argumento y emitido un fallo contra los bancos Bank of America y Banco de la Nación Argentina, obligándolos a detallar los activos argentinos fuera de Estados Unidos.
Verrilli alegó ante la Corte Suprema que la decisión de la corte neoyorquina "plantea preocupaciones de política externa para Estados Unidos", y por ello pidió que el recurso presentado por Argentina sea aceptado.
"Esta oficina ha sido informada por el Departamento de Estado que la decisión (de la corte neoyorquina) levantó importantes preocupaciones en materia de relaciones externas", afirma el documento del Procurador estadounidense a la Corte Suprema.
De acuerdo con Verrilli, una decisión "intrusiva" en cuestiones bancarias de terceros países "podría crear serios obstáculos a las relaciones bilaterales de Estados Unidos", y "tener consecuencias de reciprocidad para el tratamiento de Estados Unidos en cortes extranjeras".
Verrilli también apuntó en el documento que históricamente el Poder Ejecutivo estadounidense "aplicó la teoría de absoluta inmunidad, bajo la cual Estados extranjeros no pueden ser objeto de proceso sin su consentimiento, y que la propiedad soberana extranjera está blindada de la apropiación judicial".
NML Capital es uno de los fondos especulativos que mantienen una guerra judicial sin cuartel con Argentina para cobrar bonos que compró ya en default desde 2001.
Argentina reorganizó en dos canjes, en 2005 y 2010, la deuda del 93% de los acreedores que tenían títulos en cesación de pagos desde 2001, con grandes pérdidas de hasta 67% del capital para los tenedores.
Sin embargo, los llamados por Argentina "fondos buitre", como NML y Aurelius, decidieron no sumarse a la reestructuración de la deuda y pasaron a pleitear en los tribunales el cobro de 100% de los títulos en su poder.
Los fondos exigen el pago de más de 1.400 millones de dólares, que ya ha sido ordenado por una corte de apelaciones de Nueva York.
A mediados de setiembre, el Congreso argentino aprobó una ley para reabrir el canje de deuda para el 7% de los bonistas que rechazaron plegarse a los dos canjes anteriores, algunos de los cuales litigan contra el país en la Justicia.
Argentina sostiene que ningún acreedor debe cobrar un deuda al 100% en efectivo porque se establecerían diferencias entre los acreedores, que la expondrían a un aluvión de juicios de los tenedores que aceptaron los canjes.
