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Política
Cerca de la medianoche del jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desaprobó el plan ambientalista al avalar un informe técnico y jurídico sobre el proceso de verificación de firmas presentadas por el colectivo Yasunidos, que buscaba impulsar el referendo.
Yasunidos, que sostiene haber entregado unas 756.000 rúbricas, incumplió con el mínimo exigido de 583.300 firmas (5% del electorado) para llevar el tema a las urnas como establece la ley.
"El peticionario no cumplió con el número de firmas de respaldo necesario para la aprobación de la consulta. 359.761 firmas fueron válidas", precisó el CNE luego de que su presidente, Domingo Paredes, afirmara que se detectaron irregularidades como "firmas de dirigentes de Yasunidos repetidas hasta nueve veces".
El portavoz del colectivo, Omar Bonilla, dijo el viernes a la AFP: "despreciamos esa resolución, hemos visto demasiadas irregularidades en este proceso y hemos encontrado demasiados indicios de fraude".
Añadió que impugnarán la decisión ante organismos dentro y fuera del país como -según dijo- la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es duramente criticada por la administración del presidente socialista Rafael Correa.
"Vamos a exigir que den una clara explicación de por qué fue anulada la mayoría de firmas y que vuelvan a ser revisadas", indicó Bonilla, anotando que también convocará protestas pacíficas con miras a "salvar la selva".
El CNE señaló que Yasunidos podrá presentar recursos ante el propio ente y el Tribunal Contencioso Electoral, pero pocos creen que el tema pueda ser reflotado.
- Vía libre a la explotación -
Entretanto, Correa manifestó el viernes que "ha habido falsificación de firmas" y en tono desafiante dijo: "si los Yasunidos son tan ecológicos, que no quieren que se explote petróleo, yo los quiero ver en bicicleta o en mula todo el tiempo, pero los he visto en carros, y algunos carros de ocho cilindros".
El gobernante, que en principio intentó sin éxito sacar adelante un plan alternativo a la explotación, expresó en una entrevista radial que "se está avanzando de acuerdo con el cronograma" para extraer crudo en el parque amazónico Yasuní, de un millón de hectáreas y que alberga etnias nómadas.
En esa reserva está el bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), con reservas probadas de 920 millones de barriles de crudo, y que Correa pretendía dejar bajo tierra a cambio de una millonaria compensación económica internacional que no se concretó.
"Ya no podemos hacer más de lo que hemos hecho (para contrarrestar el recalentamiento global). Nosotros tenemos derecho a vender nuestro petróleo, y los consumidores son los que van a quemar ese petróleo", enfatizó.
En agosto pasado, el mandatario anunció su decisión de dar paso a la actividad petrolera en la reserva amazónica, tras fracasar su campaña para evitar la explotación de crudo.
El Congreso acogió en octubre el plan de Correa, quien promete un mínimo impacto ambiental y asegura que los millonarios recursos de la extracción serán utilizados para erradicar la pobreza en Ecuador, que en 2013 afectaba a 23,7% de la población de casi 16 millones de habitantes.
Sin embargo, ecologistas e indígenas sostienen que el aumento de la actividad petrolera en el Yasuní -donde operan desde hace décadas empresas como la española Repsol- generará graves daños sobre el ecosistema y pondrá en riesgo a las comunidades nativas en aislamiento voluntario.
