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Política
Miembros del Grupo de Operaciones Especiales formaron parte del rescate al presidente Rafael Correa.
El país, que por orden del gobierno cumplía tres días de duelo, está bajo el estado de excepción que faculta a los militares a patrullar las calles, mientras que tres coroneles de la Policía fueron detenidos acusados de tentativa de asesinato contra Correa, informó la Fiscalía a la AFP.
"Hay calma en el país y calma en los cuarteles de Policía", declaró a la prensa el ministro de Interior, Gustavo Jalkh, y agregó que la institución retomó sus actividades.
Según el gobierno, en la insubordinación, que se inició en Quito y se extendió a cuarteles de cinco provincias, participaron unos 600 policías, en tanto que una fuente cercana a la protesta los cifró en 2.300.
El viceministro de Interior, Edwin Jarrín, manifestó a la AFP que "fue una sublevación de unos pocos". Sin embargo, provocó la renuncia del comandante de la Policía, general Freddy Martínez.
Durante la jornada, que marcó la mayor crisis para Correa en casi cuatro años de gobierno y revivió el fantasma de la inestabilidad política, hubo ocho muertos en Quito y Guayaquil: dos policías y seis civiles, según el Ministerio de Salud. Entre los heridos, 25 se hallan en estado crítico, agregó.
Correa cumplió actividades en su despacho luego del operativo militar para liberarlo en medio de un fuerte cruce de balas con policías insubordinados por una ley que aseguran limitará sus ingresos.
El mandatario socialista, quien trabajó en la casa de gobierno acordonada por soldados con fusiles, denunció este viernes que los insurrectos intentaron asesinarlo al fallar el golpe, y responsabilizó del complot al ex presidente Lucio Gutiérrez, un coronel retirado del Ejército depuesto en 2005.
"Les falla la estrategia de desestabilizar al gobierno y entonces el plan B era asesinar al presidente", dijo a la televisión pública.
El jueves Correa, en el poder desde enero de 2007, recibió el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo a la ONU y la OEA, además de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y gobiernos latinoamericanos.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenó la sublevación en una cumbre presidencial convocada de urgencia en Buenos Aires, expresando "la necesidad de que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados".
Además de los cancilleres de la Unasur, Correa recibió el viernes la visita del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien igualmente pidió castigar a los autores del golpe.
El presidente peruano, Alan García, expresó el viernes que su homólogo ecuatoriano "ha quedado vacunado" contra los golpes de Estado y enfatizó que "la democracia y el gobierno elegido por el pueblo han salido incólumes y fortalecidos en Ecuador".
Entretanto, el presidente de la UE, el belga Herman Van Rompuy, expresó que le "tranquiliza ver que se ha restablecido la calma y el orden institucional en Ecuador".
Correa anunció que destituirá a los policías que se rebelaron y que no derogará la ley, la cual fue aprobada el pasado miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo.
Colombia y Perú reabrieron el viernes sus fronteras con Ecuador, que fueron cerradas ante la crisis. En el caso colombiano, la medida respondió a "un rechazo a una situación que no puede pasar ni en Ecuador, ni en cualquier país", apuntó la canciller María Angela Holguín.
"Hay calma en el país y calma en los cuarteles de Policía", declaró a la prensa el ministro de Interior, Gustavo Jalkh, y agregó que la institución retomó sus actividades.
Según el gobierno, en la insubordinación, que se inició en Quito y se extendió a cuarteles de cinco provincias, participaron unos 600 policías, en tanto que una fuente cercana a la protesta los cifró en 2.300.
El viceministro de Interior, Edwin Jarrín, manifestó a la AFP que "fue una sublevación de unos pocos". Sin embargo, provocó la renuncia del comandante de la Policía, general Freddy Martínez.
Durante la jornada, que marcó la mayor crisis para Correa en casi cuatro años de gobierno y revivió el fantasma de la inestabilidad política, hubo ocho muertos en Quito y Guayaquil: dos policías y seis civiles, según el Ministerio de Salud. Entre los heridos, 25 se hallan en estado crítico, agregó.
Correa cumplió actividades en su despacho luego del operativo militar para liberarlo en medio de un fuerte cruce de balas con policías insubordinados por una ley que aseguran limitará sus ingresos.
El mandatario socialista, quien trabajó en la casa de gobierno acordonada por soldados con fusiles, denunció este viernes que los insurrectos intentaron asesinarlo al fallar el golpe, y responsabilizó del complot al ex presidente Lucio Gutiérrez, un coronel retirado del Ejército depuesto en 2005.
"Les falla la estrategia de desestabilizar al gobierno y entonces el plan B era asesinar al presidente", dijo a la televisión pública.
El jueves Correa, en el poder desde enero de 2007, recibió el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo a la ONU y la OEA, además de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y gobiernos latinoamericanos.
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenó la sublevación en una cumbre presidencial convocada de urgencia en Buenos Aires, expresando "la necesidad de que los responsables de la asonada golpista sean juzgados y condenados".
Además de los cancilleres de la Unasur, Correa recibió el viernes la visita del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien igualmente pidió castigar a los autores del golpe.
El presidente peruano, Alan García, expresó el viernes que su homólogo ecuatoriano "ha quedado vacunado" contra los golpes de Estado y enfatizó que "la democracia y el gobierno elegido por el pueblo han salido incólumes y fortalecidos en Ecuador".
Entretanto, el presidente de la UE, el belga Herman Van Rompuy, expresó que le "tranquiliza ver que se ha restablecido la calma y el orden institucional en Ecuador".
Correa anunció que destituirá a los policías que se rebelaron y que no derogará la ley, la cual fue aprobada el pasado miércoles por el Congreso, dominado por el oficialismo.
Colombia y Perú reabrieron el viernes sus fronteras con Ecuador, que fueron cerradas ante la crisis. En el caso colombiano, la medida respondió a "un rechazo a una situación que no puede pasar ni en Ecuador, ni en cualquier país", apuntó la canciller María Angela Holguín.
