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CIUDAD JUÁREZ, (AFP) - La decisión no implica una retirada inmediata de los alrededor de 6.000 militares con los que cuenta el operativo en Ciudad Juárez, la localidad más violenta del país y posiblemente de América Latina.
Se trata de un "traslado paulatino" de las tareas de seguridad pública, primero a la policía federal y después a la estatal y municipal, pero el Ejército continuará realizando operativos y vigilando puntos clave, informó el miércoles la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior).
El mando será asumido a partir de ahora por la policía federal, que contará con 4.500 agentes en la ciudad, y posteriormente por la estatal, que tendrá 200, y la municipal, con 1.800.
La medida llega cuando algunas voces en Estados Unidos, como la del senador republicano John McCain, están reclamando el despliegue de tropas en la frontera con México contra los cárteles.
Washington observó alarmada hace tres semanas cómo grupos armados asesinaron en Ciudad Juárez a una funcionaria del consulado estadounidense y a su esposo -ambos norteamericanos- y a un mexicano casado con otra empleada consular.
El gobierno mexicano respondió el jueves a estos pedidos reclamando una mayor coordinación a Washington en la lucha contra la "amenaza común" de los cárteles.
La atención en la frontera "debe centrarse prioritariamente en el fortalecimiento de la colaboración, el respeto mutuo y la generación de esquemas coordinados", señaló el gobierno en un comunicado.
En Ciudad Juárez (1,3 millones de habitantes), ha argumentado el gobierno, la presencia del Ejército siempre fue de carácter temporal, mientras se llevaba a cabo una profunda depuración de la policía municipal, acusada de corrupción.
"De 1.600 policías que teníamos, prácticamente hemos corrido (despedido) a 1.000 (...). Hoy, cuatro de cada cinco policías han sido contratados en los dos últimos años en esta administración, con exámenes de confianza", dijo el jueves el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, a la cadena estadounidense CNN en Español.
La retirada del Ejército del combate contra la delincuencia ha sido reclamada por ONGs nacionales e internacionales, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que acusan a soldados de cometer en Ciudad Juárez graves violaciones de los derechos humanos y de provocar el aumento de la violencia.
"El Ejército restableció la tortura como método de investigación, allanó violentamente viviendas y tenemos evidencias de que han hecho desaparecer a personas. Todo con un 100% de impunidad", afirmó a la AFP Gustavo de la Rosa, investigador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua.
El gobierno federal siempre ha negado estas acusaciones y defendido que el Ejército consiguió la captura de importantes capos y una reducción fuerte de los asesinatos en Ciudad Juárez, sin dar cifras concretas.
En los tres primeros meses de este año se perpetraron unos 630 asesinatos en Ciudad Juárez, según un conteo de la AFP basado en reportes policiales diarios, mientras que en todo 2009 se cometieron más de 2.660 homicidios y unos 1.650 en 2008, año en el que se implementó el operativo militar.
Las autoridades federales y locales atribuyen estos crímenes a un enfrentamiento entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa por el control de las rutas de droga hacia Estados Unidos y del mercado local.
Se trata de un "traslado paulatino" de las tareas de seguridad pública, primero a la policía federal y después a la estatal y municipal, pero el Ejército continuará realizando operativos y vigilando puntos clave, informó el miércoles la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior).
El mando será asumido a partir de ahora por la policía federal, que contará con 4.500 agentes en la ciudad, y posteriormente por la estatal, que tendrá 200, y la municipal, con 1.800.
La medida llega cuando algunas voces en Estados Unidos, como la del senador republicano John McCain, están reclamando el despliegue de tropas en la frontera con México contra los cárteles.
Washington observó alarmada hace tres semanas cómo grupos armados asesinaron en Ciudad Juárez a una funcionaria del consulado estadounidense y a su esposo -ambos norteamericanos- y a un mexicano casado con otra empleada consular.
El gobierno mexicano respondió el jueves a estos pedidos reclamando una mayor coordinación a Washington en la lucha contra la "amenaza común" de los cárteles.
La atención en la frontera "debe centrarse prioritariamente en el fortalecimiento de la colaboración, el respeto mutuo y la generación de esquemas coordinados", señaló el gobierno en un comunicado.
En Ciudad Juárez (1,3 millones de habitantes), ha argumentado el gobierno, la presencia del Ejército siempre fue de carácter temporal, mientras se llevaba a cabo una profunda depuración de la policía municipal, acusada de corrupción.
"De 1.600 policías que teníamos, prácticamente hemos corrido (despedido) a 1.000 (...). Hoy, cuatro de cada cinco policías han sido contratados en los dos últimos años en esta administración, con exámenes de confianza", dijo el jueves el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, a la cadena estadounidense CNN en Español.
La retirada del Ejército del combate contra la delincuencia ha sido reclamada por ONGs nacionales e internacionales, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que acusan a soldados de cometer en Ciudad Juárez graves violaciones de los derechos humanos y de provocar el aumento de la violencia.
"El Ejército restableció la tortura como método de investigación, allanó violentamente viviendas y tenemos evidencias de que han hecho desaparecer a personas. Todo con un 100% de impunidad", afirmó a la AFP Gustavo de la Rosa, investigador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua.
El gobierno federal siempre ha negado estas acusaciones y defendido que el Ejército consiguió la captura de importantes capos y una reducción fuerte de los asesinatos en Ciudad Juárez, sin dar cifras concretas.
En los tres primeros meses de este año se perpetraron unos 630 asesinatos en Ciudad Juárez, según un conteo de la AFP basado en reportes policiales diarios, mientras que en todo 2009 se cometieron más de 2.660 homicidios y unos 1.650 en 2008, año en el que se implementó el operativo militar.
Las autoridades federales y locales atribuyen estos crímenes a un enfrentamiento entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa por el control de las rutas de droga hacia Estados Unidos y del mercado local.
