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El consejo de ministros aprobó un decreto ley que modifica la ley de memoria histórica de 2007 para facilitar la exhumación y blindarla ante posibles demandas de la familia del dictador, que se opone al traslado de los restos.
"Es urgente hacerlo porque vamos tarde. Un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española", destacó hoy la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
La modificación de la ley supone que a partir de ahora nadie podrá estar enterrado en el Valle de los Caídos si no murió en la guerra civil ni fue represaliado posteriormente. Franco falleció a los 82 años de muerte natural siendo el jefe del Estado.
La familia del dictador contará con un plazo determinado (de 15 días) para pronunciarse. Si no lo hace o decide no hacerse cargo del cuerpo, el Ejecutivo buscará un lugar "digno y respetuoso" para reubicarlo, explicó Calvo en rueda de prensa.
Aunque todavía no hay fecha confirmada, se prevé que el procedimiento administrativo esté concluido "antes de final de año", señaló. El decreto ley aprobado hoy debe ser convalidado en un mes por el Congreso de los Diputados, para lo que basta una mayoría simple.
Con la exhumación y el traslado de los restos de Franco, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere también convertir el Valle de los Caídos, hasta ahora símbolo del franquismo y lugar de peregrinaje para los nostálgicos de la dictadura, en un lugar de homenaje para todas las víctimas de la guerra civil española.
Se trata de una de las primeras promesas del socialista como jefe del Gobierno, después de desbancar el pasado 1 de junio al conservador Mariano Rajoy gracias a una histórica moción de censura.
Aunque su intención era sacar los restos del dictador del mausoleo lo antes posible -sugirió que se materializaría en junio- los obstáculos jurídicos y la oposición de la familia retrasaron el proceso.
Franco fue sepultado en el Valle de los Caídos en noviembre de 1975. Su muerte abrió la puerta a un proceso de transición a la democracia tras casi cuatro décadas de dictadura en España.
Su tumba se encuentra desde entonces ubicada junto al altar principal de la basílica del imponente mausoleo, que fue concebido por el propio dictador para albergar los restos de los muertos en la guerra civil y levantado gracias al trabajo forzado de presos republicanos.
El el templo yacen también los cuerpos de unas 32.000 víctimas de la contienda -de ambos bandos-, muchos de ellos sin identificar. El monumento recibe visitas a diario y, desde que el Gobierno anunció la exhumación de Franco, éstas se han duplicado.
La vicepresidenta del Gobierno insistió hoy en el carácter urgente de la reubicación de los restos del dictador ante las críticas de la derecha española, que arremetió contra la utilización de un instrumento jurídico como el decreto ley, que exige una "extraordinaria y urgente necesidad", según la Constitución española.
"Naciones Unidas lleva desde 2014 diciendo que no es sostenible tener la tumba del dictador junto a las víctimas (de la guerra civil)", dijo. En este sentido, insistió en que el respeto a las 32.000 víctimas de la contienda que están enterradas en el Valle de los Caídos "no es posible estando allí los restos del dictador".
La Fundación Francisco Franco advirtió al Ejecutivo de que con la utilización de esta fórmula podría incurrir en un delito de prevaricación, según informó hoy uno de los nietos de Franco, Francis Franco, en declaraciones al canal Antena 3.
El descendiente del dictador tildó además la decisión de Sánchez de "oportunista", "cobarde" y "revanchista".
Desde el Gobierno insistieron en que "no hay ni una sola razón de fondo para que la democracia española no se sienta digna con esta exhumación". "No podemos cumplir el 40 aniversario de la Constitución sin haber hecho esto", zanjó la vicepresidenta.
