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Política
De poco han servido las apelaciones a "la humanidad" y "la compasión" que ha hecho el senador balear, Pere Sampol (Bloc per Mallorca) en la exposición de su propuesta. Su proposición de ley ha sido rechazada: 233 votos en contra -entre ellos, los del PSOE, PP y CIU- 11 a favor -entre ellos, los del PNV-, y 10 abstenciones.
"El tiempo apremia. Cada día que pasa desaparece un descendiente de alguna víctima de la Guerra civil. A los que siguen con vida debemos devolverles los restos de sus seres queridos para que puedan morir en paz", ha arrancado el senador Sampol. "¿Cómo pueden no ser urgentes y necesarias las exhumaciones 70 años después? ¿qué grado de crueldad hace falta?", se ha preguntado, en alusión a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de determinadas fosas comunes. Parecía que nadie iba a salir a defender su voto en contra cuando Sampol ha subido de nuevo a la tribuna para dirigirse directamente al PSOE: "No pueden dejar este trabajo a medias", ha sentenciado. Sería como haber "hurgado en las heridas, hacerlas más profundas" en lugar de cerrarlas.
"No debe manosearse"
"Las leyes necesitan tiempo para ser aceptadas por la sociedad", le ha contestado el senador Isidre Molas, presidente del PSC. "Es muy pronto". Y ha añadido: "Hay temas que no están hechos para ser reabiertos a cada momento por todo el mundo. No deben manosearse". El PSOE ha asegurado que la ley estaba "alcanzando sus objetivos", ha recordado que se había creado una oficina de atención a las víctimas; que el ministerio de la presidencia había concedido 9,9 millones de euros en subvenciones para tareas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica y que el protocolo de exhumación previsto en la ley estaba "en fase muy avanzada" y había sido consultado con las asociaciones interesadas.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se ha opuesto rotundamente al borrador que les envió el ejecutivo precisamente porque el Gobierno no asumía por completo las tareas de exhumación de víctimas, sino que mantenía un régimen de colaboración y dejaba la decisión de abrir o no una fosa en manos de las comunidades autónomas. Las asociaciones que representan a los familiares de las víctimas han recuperado más de 4.000 cuerpos desde el año 2000, gracias al apoyo de forenses, antropólogos, historiadores y arqueólogos que han dirigido las exhumaciones de forma altruista.
"Cargas financieras nada apropiadas"
Por su parte, el PP, ha manifestado que su opinión sobre la reforma de la ley de memoria que planteaba era exactamente la misma que la de la ley: "Innecesaria, irrelevante y engañosa", ha declarado el senador Muñoz Alonso, que ha añadido que la propuesta supondría nuevas "cargas financieras nada apropiadas en estos momentos". El popular ha asegurado tener "el máximo respeto a la proposición", pero se ha opuesto a "estatalizar una cuestión tan íntima" como la recuperación de los restos de las víctimas. Y a que algunas víctimas "pudieran sentirse preferidas o menoscabadas".
El senador del PNV, Joseba Zubia, ha sido el único en subir a la tribuna para apoyar la proposición con un "sí con mayúsculas" por considerar que 15 meses después de su aprobación la ley se había revelado "insuficiente" para satisfacer las demandas de los familiares de las víctimas.
"El tiempo apremia. Cada día que pasa desaparece un descendiente de alguna víctima de la Guerra civil. A los que siguen con vida debemos devolverles los restos de sus seres queridos para que puedan morir en paz", ha arrancado el senador Sampol. "¿Cómo pueden no ser urgentes y necesarias las exhumaciones 70 años después? ¿qué grado de crueldad hace falta?", se ha preguntado, en alusión a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de determinadas fosas comunes. Parecía que nadie iba a salir a defender su voto en contra cuando Sampol ha subido de nuevo a la tribuna para dirigirse directamente al PSOE: "No pueden dejar este trabajo a medias", ha sentenciado. Sería como haber "hurgado en las heridas, hacerlas más profundas" en lugar de cerrarlas.
"No debe manosearse"
"Las leyes necesitan tiempo para ser aceptadas por la sociedad", le ha contestado el senador Isidre Molas, presidente del PSC. "Es muy pronto". Y ha añadido: "Hay temas que no están hechos para ser reabiertos a cada momento por todo el mundo. No deben manosearse". El PSOE ha asegurado que la ley estaba "alcanzando sus objetivos", ha recordado que se había creado una oficina de atención a las víctimas; que el ministerio de la presidencia había concedido 9,9 millones de euros en subvenciones para tareas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica y que el protocolo de exhumación previsto en la ley estaba "en fase muy avanzada" y había sido consultado con las asociaciones interesadas.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se ha opuesto rotundamente al borrador que les envió el ejecutivo precisamente porque el Gobierno no asumía por completo las tareas de exhumación de víctimas, sino que mantenía un régimen de colaboración y dejaba la decisión de abrir o no una fosa en manos de las comunidades autónomas. Las asociaciones que representan a los familiares de las víctimas han recuperado más de 4.000 cuerpos desde el año 2000, gracias al apoyo de forenses, antropólogos, historiadores y arqueólogos que han dirigido las exhumaciones de forma altruista.
"Cargas financieras nada apropiadas"
Por su parte, el PP, ha manifestado que su opinión sobre la reforma de la ley de memoria que planteaba era exactamente la misma que la de la ley: "Innecesaria, irrelevante y engañosa", ha declarado el senador Muñoz Alonso, que ha añadido que la propuesta supondría nuevas "cargas financieras nada apropiadas en estos momentos". El popular ha asegurado tener "el máximo respeto a la proposición", pero se ha opuesto a "estatalizar una cuestión tan íntima" como la recuperación de los restos de las víctimas. Y a que algunas víctimas "pudieran sentirse preferidas o menoscabadas".
El senador del PNV, Joseba Zubia, ha sido el único en subir a la tribuna para apoyar la proposición con un "sí con mayúsculas" por considerar que 15 meses después de su aprobación la ley se había revelado "insuficiente" para satisfacer las demandas de los familiares de las víctimas.
